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| 12/20/2013 12:00:00 AM

Empleados judiciales seguirán presos

Un juez ratificó la medida de aseguramiento a los siete implicados en el escándalo de corrupción en Paloquemao.

Dos meses después de que siete de los nueve implicados en un escándalo de corrupción en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá fueron cobijados con medida de aseguramiento y enviados a la cárcel, un juez de segunda instancia determinó que es necesario que los procesados continúen en prisión mientras se les adelanta su proceso.

En su determinación, el funcionario judicial rechazó los argumentos de los defensores de los investigados. El juez aseguró que las órdenes de captura emitidas en octubre pasado habían sido ilegales.

En la decisión, que fue objeto de la revisión este viernes, el juez 52 penal municipal con función de control garantías estimó que era pertinente y que existían las justificaciones razonables para imponer medida de aseguramiento carcelaria en contra de siete personas. En la misma decisión, tres más quedaron libres y otra recibió detención domiciliaria.

Para el juez, la medida de detención carcelaria era necesaria, dado que se podía inferir que los procesados podían constituir un peligro para la comunidad y obstruir la justicia. Las conductas endilgadas eran demasiado graves y se deducía que podrían ser partícipes de los delitos que se les imputaron.

“La modalidad de las conductas, todas ellas dolosas, las dinámicas con las que se actuó hace acudir a un juicio reprochable severo, pues se actuó con conocimiento y se encaminó la voluntad para desencadenar esos fines mezquinos, apoyándose con los roles de cada uno y valiéndose de la administración de justicia”, explicó el juez el pasado 21 de octubre.

Los procesados

El juez 26 penal municipal con funciones de control de garantías, Ricardo del Cristo Rodríguez Villar, a quien le fueron imputados concierto para delinquir, prevaricato por acción agravado, falsedad ideológica en documento público, concusión agrava y tráfico de influencias, fue uno de los enviados a prisión.

Los otros afectados con la determinación fueron Alejandro Francisco Navas (notificador), Carmen Alicia Garzón Pinto (notificadora del Centro de Servicios Judiciales), Jaime Eduardo Camargo (empleado del Centro de Servicios Judiciales), Javier Yesid Español Palacios (oficial mayor de un juzgado), Daniel Esteban Hurtado Rey (estudiante derecho) y Manuel Humberto González Cuéllar (intermediario).
 
La medida de aseguramiento no cobijó al juez 38 penal municipal con funciones de control de garantías, Francisco Javier Barbón, por considerar que no se dan los presupuestos para privarlo de la libertad. A Barbón le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y la calidad de determinador en falsedad en documento público agravado.

Igual suerte corrió Marvi Quecano Urueña (empelada Centro de Servicios Judiciales), de ella el juez aseguró que no se pude deducir que puede atentar contra las víctimas y no se ha desvirtuado su inocencia. La funcionaria fue señalada de caer en los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público y otras conductas.

También se salvó de ir a la cárcel Manuel Velázquez Ayala (secretario juzgado 55 penal municipal con función de control garantías), a quien le fue imputado el delito de concierto para delinquir.

En el caso de Anadelina Corredor (secretaria del juzgado 26 penal municipal con función de control de garantías), el juez estimó darle detención domiciliaria por tener una hija con  discapacidad física y mental.

Los hechos investigados

Según la Fiscalía, los capturados emitieron boletas de libertad falsas, entregaron copias de audiencias preliminares indebidas, medidas de aseguramiento direccionadas y se dieron traslados de proceso de manera irregular.

Fuentes de la Fiscalía aseguraron que uno de los presuntos actos ilícitos cometidos era realizar varios repartos al mismo caso, hasta que este llegara a manos del juez que actuaría en favor de la persona vinculada a ese proceso.

Semana.com confirmó que entre 500.000 pesos y cien millones de pesos fue el dinero que presuntamente recibieron algunos funcionarios de la rama judicial que laboran en Paloquemao, por manipular procesos que allí se desarrollan.

Según la Fiscalía, la investigación se desarrolló gracias a que uno de los vinculados con las irregularidades ha venido colaborando con las autoridades y está buscando un preacuerdo que le permita recibir beneficios jurídicos.
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