EN ALERTA ROJA

La división de seguridad nacional y asuntos internacionales de la Contraloría norteamericana
elaboró un estudio, por solicitud de los congresistas republicanos Charles Grassley y John Mica. Estos dos
representantes de línea dura querían tener en sus manos un balance completo de la situación colombiana.
La Contraloría gringa consultó al Departamento de Estado, el Pentágono, la embajada de Estados Unidos en
Bogotá, la DEA y la oficina del zar antidrogas. Y las conclusiones a las que llega el documento sorprendieron
a los congresistas y a buena parte de la bancada republicana. Al punto que parece estar gestándose un
cambio radical en Washington con respecto a la situación colombiana.
Los datos hasta ahora desconocidos que revela el documento no son pocos. Por un lado, los norteamericanos
aseguran que en Colombia se está sembrando una nueva variedad de hoja de coca, que genera una alta
productividad, y que por lo tanto en los próximos años la producción neta de cocaína en Colombia aumentará
en un 50 por ciento. Considerando que el 80 por ciento de la cocaína del mundo se produce en Colombia, un
aumento del 50 por ciento en la producción sería un hecho sin precedentes. Por otro lado, las agencias
norteamericanas han descubierto que el principal método de transporte que están usando los
narcotraficantes para ingresar la droga a Estados Unidos es mediante botes de alta velocidad
especialmente construidos para cargar hasta dos toneladas de alcaloide por viaje.
En el informe se evidencia además que los norteamericanos se están quejando por primera vez del gobierno
Pastrana. Tanto el Pentágono como el Departamento de Estado argumentan que por cuenta de las
promesas del gobierno colombiano a las Farc, les ha sido imposible llevar a cabo sobrevuelos en el sur del
país para identificar el tamaño y la ubicación de los cultivos de coca. Además se quejan de que el gobierno de
Colombia se ha negado a dar aprobación a nuevas operaciones de fumigación en el sur del país, hasta que no
haya un programa de sustitución de cultivos funcionando. Según los norteamericanos, el gobierno teme
que la fumigación alimente el apoyo a las Farc entre los campesinos en zonas que ya de por sí son
controladas por la guerrilla. Pero como Estados Unidos no está dispuesto a apoyar programas de
sustitución en zonas que no sean controladas por el gobierno, el programa de erradicación de cultivos se
encuentra paralizado.
Pero si por los lados del gobierno colombiano llueven críticas, por los de la Fiscalía no escampa. Según
reporta la embajada de Estados Unidos, "menos de un 3 por ciento de todos los delitos, incluyendo los
relacionados con el narcotráfico, son procesados por la justicia en Colombia". La embajada agrega:
"Cualquier crimen, incluyendo el narcotráfico, tiene una alta probabilidad de quedar impune".

La crisis militar
Sin duda la parte más importante del documento elaborado por el gobierno norteamericano se concentra
en la crisis del Ejército colombiano y su evidente incapacidad de enfrentar a la guerrilla. Y en buena
medida, los gringos se declaran imposibilitados para hacer algo al respecto. La embajada en Bogotá
asegura que "los narcotraficantes y los insurgentes se han vuelto virtualmente imposibles de distinguir", lo
que hace muy difícil canalizar la ayuda militar, toda vez que la legislación norteamericana prohíbe la ayuda
militar para la lucha contrainsurgente.
Los estadounidenses describen en detalle el trabajo del nuevo batallón antinarcóticos del Ejército, con
un pie de fuerza estimado en 950 personas. El batallón, según el documento, estará dedicado a adelantar
sus propias operaciones antinarcóticos y a apoyar a la Policía. Se asegura que "una compañía de ese
batallón ya está operando y ha sido totalmente revisada para que en ella no haya violaciones de derechos
humanos". Según el Departamento de Estado, dicho batallón debería estar operando completamente en
enero de 2000. Además del acuerdo al Comando Sur, el batallón requerirá 70 millones de dólares en
equipos y entrenamientos, de los cuales 60 millones serán para compra de helicópteros. El Pentágono ya
designó 3,5 millones de dólares para el batallón.
Pero quizás el aporte más importante que el Pentágono está ofreciendo al Ejército, según el documento,
tiene que ver con información de inteligencia. "Se han creado nuevos lineamientos para compartir información
a partir de marzo de 1999. Se reconoce la creciente participación de la guerrilla en el narcotráfico, por lo cual
se está facilitando inteligencia en la lucha contrainsurgente en zonas de producción de drogas", reza el
texto. Al parecer los funcionarios norteamericanos han decidido darle al Ejército información de inteligencia
sobre ubicación y movimientos de insurgentes. Y los gringos confiesan: "No tenemos forma de saber si
dicha información se está utilizando en lucha antinarcóticos o en lucha contrainsurgente".
Finalmente, el informe del gobierno también da a conocer dos datos hasta ahora desconocidos en Colombia.
El primero es que al parecer el Departamento de Estado no presta directamente al gobierno de Colombia la
asesoría en materia de fumigación. Por el contrario, utiliza a una empresa norteamericana que es
subcontratada para realizar ese trabajo en Colombia, con cerca de 100 empleados norteamericanos que viven
en el país. El segundo es que el costo de dicha contratación para el año de 1999 se estimó en 68
millones de dólares.

Conclusión: no sólo a la Policía
El documento presentado a los republicanos de la Cámara, que se han destacado como fuertes opositores a
la ayuda militar al Ejército y que han ayudado casi exclusivamente a la Policía, parece haber tenido un
efecto importante. Se está empezando a crear un nuevo consenso en Washington, que incluye tanto a la
administración como a los congresistas republicanos, en cuanto a que es necesario fortalecer al Ejército
colombiano, o de lo contrario la situación del país podría llegar a un punto de no retorno. Esto explica el
viaje del general Fernando Tapias y del ministro de Defensa Luis Fernando Ramírez a Washington esta
semana. Sería la primera vez que se construye un consenso en Estados Unidos con respecto a Colombia,
desde hace cuatro años, cuando tanto demócratas como republicanos se pusieron de acuerdo en que no les
gustaba Ernesto Samper.