Viernes, 31 de octubre de 2014

| 2013/01/05 00:00

En Bogotá, peor es posible

Petro ha resultado un muy mal administrador. Sin embargo, la iniciativa de revocarle el mandato, lejos de solucionar los problemas de Bogotá, podría complicarlos aún más.

“No me disgusta la idea de que tengamos nuevas elecciones este año”, dijo el alcalde Gustavo Petro después de oficializada la solicitud de revocatoria de su mandato. Foto: Carlos Julio Martínez/SEMANA

Mientras el alcalde Gustavo Petro estaba de vacaciones, uno de sus más acérrimos opositores comenzó el año solicitando a la Registraduría el formulario para revocar su mandato. El representante de La U Miguel Gómez se presentó el pasado 2 de enero ante el ente electoral para iniciar el largo camino de una iniciativa que de prosperar no solo golpearía políticamente al alcalde, sino que también podría acabar golpeando a la ciudad.

Para revocar al alcalde se requieren tres etapas: 1) Recolectar 290.000 firmas que darían pie a un referendo. 2) Para que la revocatoria sea válida debe participar al menos el 55 por ciento de las 2.200.000 personas que votaron en la última elección de alcalde en Bogotá. Es decir 1.200.000 votos. 3) De esta votación el sí debe tener por lo menos el 51 por ciento. En otras palabras, para revocar a Gustavo Petro se necesita más de 600.000 votos en contra de él en el referendo.

El proceso de recolección de las 290.000 firmas requeridas arrancó en un ambiente caldeado. Los bogotanos estuvieron al borde de recibir el año nuevo entre un muladar por cuenta del cambio en el esquema de prestación del servicio de aseo en Bogotá. Aunque la crisis se conjuró y el alcalde renegoció los contratos con los actuales empresarios del aseo, sus medidas autoritarias y sin ninguna planeación atizaron el rechazo a su gestión. Según la encuesta de Gallup, hace un año Petro gozaba de una aprobación del 48 por ciento de los capitalinos, mientras que en la última medición de diciembre había caído al 29 por ciento.

En solo un año de mandato su imagen de político de alcance nacional se ha debilitado. Su lenguaje dejó de ser el del líder que busca el consenso, como cuando hizo campaña para la Presidencia en 2010, a la de un hombre con delirio de persecución que ve en todas partes una conspiración en su contra. Su estilo “retrechero”, como lo calificó uno de sus colaboradores, y tozudez, han avivado una permanente confrontación política que le ha reducido apoyos antes que aumentárselos. A esto se suma la desbandada de funcionarios de su círculo más cercano que han salido por distintas razones del gobierno. En esta categoría estarían Antonio Navarro, Daniel García Peña y su esposa María Valencia Gaitán, entre otros.

Pero una cosa va de criticar u oponerse a una gestión cuestionable a revocar un mandato. Lo primero es apenas normal cuando un gobernante no ha conquistado el corazón de los gobernados, pero lo segundo entraña el riesgo de prolongar una crisis en el Distrito que arrancó en la administración de Samuel Moreno y de la cual la ciudad no ha podido sacudirse.

La propuesta de sacar a Petro de la Alcaldía nació de una iniciativa individual y no de un sector político. Aunque el representante Miguel Gómez, pertenece a una de las casas tradicionales del Partido Conservador y en la actualidad es militante de La U, ninguna de estas fuerzas políticas lo respalda oficialmente. Al contrario, su copartidario Armando Benedetti la calificó como “una payasada”. Ni siquiera el excandidato Enrique Peñalosa, tal vez el mayor crítico de Petro, se ha montado en ese bus. “No participaré en revocatoria al alcalde Petro, pero respeto que muchos ciudadanos no quieran quedarse quietos mientras desbaratan su ciudad”, escribió en su cuenta de Twitter.
 
La campaña por la revocatoria pone al alcalde a la defensiva y podría llegar a convertirlo en un mártir para una porción de la población. Por otro lado, le serviría de válvula de escape para culpar de su falta de gestión a quienes supuestamente lo persiguen, que para él son tanto el establecimiento como las mafias. De hecho, su secretario de gobierno, Guillermo Asprilla, dijo la semana pasada que detrás de la revocatoria están grupos poderosos afectados por las denuncias del alcalde contra el cartel de la contratación.

Lo más grave es que la iniciativa en contra de Petro pone a la ciudad en un escenario de polarización ideológica, que impide debatir con claridad los problemas más apremiantes de Bogotá como son la movilidad, la renovación urbana y los servicios públicos, entre otros. Por esta razón, concejales de varias vertientes ya han expresado su desacuerdo con la propuesta.

Y ese no es el único problema que tiene el alcalde. Más peligroso aún puede ser el hecho de que los entes de control le estén respirando en la nuca. Las investigaciones y denuncias, tanto de la Procuraduría y la Personería como la Contraloría por el escándalo de las basuras están orientadas a determinar si las fallas de gerencia justifican sanciones o incluso una destitución. No hay que olvidar que la destitución de Samuel Moreno en su momento fue una decisión del procurador basada más en incompetencia que en corrupción. El argumento esgrimido en ese entonces fue que ante la ineptitud que había mostrado el alcalde no podía dejarse en sus manos la contratación de los billones de pesos que estaba programada para el resto de su mandato. Ni siquiera los críticos de Petro pretenden que él sea un funcionario corrupto, pero todos coinciden que en un mano a mano de incompetencia con Samuel sería difícil saber cuál es el ganador.

La conclusión es que así como una revocatoria del alcalde le daría juego para presentarse como la víctima de una élite reaccionaria que no le perdona su pasado guerrillero, una destitución lo dejaría en el asfalto sin ningún beneficio de imagen. En todo caso, cualquier medida que desemboque en una desvinculación del cargo difícilmente podría producirle un reencauche político a Gustavo Petro, pues a todas luces su gestión ha sido una gran desilusión. Cuando la basura se amontona en las calles sin que la recojan se indignan los ricos, pero también los pobres. El balance de Petro se puede resumir en que fue un excelente senador y ha sido un pésimo administrador.

Independientemente de estas consideraciones políticas, la propuesta de revocatoria tiene grandes dificultades procedimentales. Las reglas de juego para hacerla efectiva son tan estrictas que hasta ahora a ningún mandatario se le ha revocado su mandato. Están diseñadas bajo la lógica de que es una sanción extrema y que tendría graves consecuencias institucionales si esa puerta se abre por simple impopularidad o por circunstancias políticas coyunturales. Algunos no están de acuerdo con esta rigidez y la Corte Constitucional está revisando en la actualidad una reforma a la ley de mecanismos de participación ciudadana que busca hacer menos rigurosos esos requisitos. Esa norma fue sancionada en junio pasado, pero el proceso de revisión no ha terminado y puede tardar varios meses. Mientras tanto, rige la ley vigente. En cualquier caso, la revocatoria no le aporta nada constructivo al debate sobre el presente y el futuro de Bogotá y no es más que una distracción política. Si prospera postergaría la ejecución de obras importantes. Y si fracasa, de todas maneras, la sola campaña habrá sumido a la ciudad en una pérdida no solo de cuantiosos recursos sino de tiempo valioso. 

El tortuoso camino de la revocatoria

Revocar el mandato de una autoridad local no es tarea fácil. Esta iniciativa debe sortear tantos obstáculos, y tan grandes, que la posibilidad de que prospere es muy remota. 

De las 37 solicitudes de revocatorias que han llegado a las urnas en Colombia entre 1996 y 2010, ninguna ha prosperado. ¿La razón? La Ley 134 de 1994, que regula los mecanismos de participación ciudadana, establece requisitos muy estrictos para que un referendo revocatorio sea válido. Actualmente la Corte Constitucional revisa una reforma de esa ley aprobada por el Congreso, que busca aliviar esos requisitos. Sin embargo, su revisión puede tardar varios meses. Este es el camino, según la ley vigente, que debe recorrer la revocatoria:

1) Se debe recoger por lo menos un 40 por ciento de los votos que obtuvo el mandatario al que se busca revocar. (Para el caso de Bogotá son 289.763 firmas válidas, pues Petro obtuvo 723.157 votos).

Si queda en firme la reforma que estudia la Corte Constitucional, la cantidad de firmas válidas que se necesitarán en el futuro será 30 por ciento.

2) La Registraduría Nacional se encargará, en un plazo de 30 días, de revisar si las firmas son válidas, si corresponden al Censo Electoral y si los nombres y números concuerdan. Entonces expide una certificación.

3) Al cabo de dos meses se convoca a la jornada de votación. Para que la revocatoria sea válida debe participar al menos el 55 por ciento de votos válidos de la última elección. (En Bogotá esto equivale a 1.234.214, pues los votos válidos de la última elección fueron 2.244.025).

Si la Corte Constitucional aprueba la reforma, el porcentaje de participación para futuras revocatorias debe ser 40 por ciento. Y la revocatoria se aprueba con la mayoría de esos votos.

4) Después de 30 días, el presidente debe decretar una convocatoria a elecciones para escoger al sucesor.

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