Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2002/07/29 00:00

En borrador

Los proyectos de reforma política muestran que hay más consenso que diferencias frente al cambio de las costumbres en el país.

Tras varias semanas de expectativa un foro del Partido Conservador le sirvió de tribuna a Fernando Londoño Hoyos, ministro designado de Interior y Justicia, para lanzar algunas líneas generales del proyecto de reforma política que presentará al Congreso el nuevo gobierno el mismo día de su posesión, el 7 de agosto. El pasado miércoles, en el Metropolitan Club de Bogotá, Londoño invitó a acabar con "la política al menudeo" y a fortalecer los partidos políticos y las bancadas.

Asegurado el control de ambas cámaras del Parlamento (ver recuadro) el ministro Londoño empezó a hacer públicas partes del contenido de la reforma política que el gobierno impulsará. Altos funcionarios de la nueva administración han trabajado fuertemente con congresistas, expertos y analistas políticos para redactar el proyecto final y decidir la estrategia para su aprobación: si mediante un referendo popular o un acto legislativo que haga trámite en el Congreso.

En términos generales, la reforma uribista está orientada a reforzar las bancadas partidistas en el Congreso, mejorar los instrumentos de excepción del Estado para combatir la guerrilla y la eliminación de las contralorías departamentales y municipales. Así se dan por descontados cambios electorales, como la introducción del umbral, el mínimo número de votos necesarios para entrar al Congreso y la cifra repartidora, que reemplazaría al viejo cuociente electoral.

Además Londoño anunció la eliminación de las suplencias y los auxilios parlamentarios, así como la creación de un organismo técnico que administrará el Capitolio sin la intervención de los congresistas.

El gobierno Uribe ha anunciado que en esta semana no sólo presentará el texto final de la reforma sino que también realizará acercamientos con las bancadas minoritarias de Senado y Cámara para conseguir apoyo para el trámite legislativo. No obstante estos grupos no se han quedado quietos. El mismo 20 de julio los liberales serpistas radicaron en el Congreso un proyecto de acto legislativo para "una reforma política constitucional". Lo curioso es la similitud de las propuestas de los serpistas y los uribistas. Existe consenso en ambas de la necesidad de despolitizar la organización electoral y crear un nuevo ente que no esté conformado por cuotas políticas. El proyecto del Partido Liberal, presentado por los senadores Andrés González, José Renán Trujillo, Rodrigo Rivera y Juan Fernando Cristo, apoya también la introducción de la lista única, el umbral, la cifra repartidora. Que estos dos proyectos se parezcan tanto indica que existe un acuerdo mínimo no sólo en los problemas de representación del sistema político sino también en algunas de sus soluciones. En otras palabras, que la reforma será más sencilla de tramitar y podrá ser aprobada a partir del consenso.

Pero aunque lo que se sabe de las iniciativas del gobierno y el proyecto de la bancada mayoritaria de la oposición son muy similares en esencia, las distancia un punto que podría resultar decisivo: la posibilidad de la revocatoria del Congreso elegido el pasado 10 de marzo.

La nuez de la discordia

A pesar de contar con el apoyo mayoritario del Congreso el equipo del gobierno entrante no ha descartado por completo la revocatoria, lo cual podría llevar a un verdadero choque de trenes entre el Ejecutivo y el Parlamento. Tanto el senador Carlos Holguín Sardi, director del Partido Conservador, como los liberales oficialistas, no aceptan que se les mencione siquiera la palabra revocatoria.

Así, de insistir Uribe en esta decisión, podría estar uniendo en su contra las bancadas parlamentarias de los partidos tradicionales, y en ese escenario un fiasco al estilo del que sufrió Pastrana al comienzo de su gobierno no sería descartable. Además, revocar el Congreso en medio del trámite de proyectos legislativos clave, como las reformas tributarias, pensional y de seguridad, es una movida arriesgada que traería consecuencias económicas importantes en la inversión y dificultades del país frente a la comunidad internacional.

Con un Congreso a su favor y dispuesto a aprobarle los proyectos de su programa de gobierno, cabe preguntarse si vale la pena colgar la espada de Damocles de la revocatoria sobre las cabezas de unos parlamentarios que, al menos en la reforma política, están más dispuestos a cooperar que a confrontar.

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Proyecto de acto legislativo "por el cual se adopta una reforma política constitucional y se dictan otras disposiciones"

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