Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 4/1/1991 12:00:00 AM

EN BUSCA DE PRUEBAS

Gaviria logró comprometer a Estados Unidos para que aporten lo que se necesita para mantener a los capos en la cárcel: pruebas.

Cuando el presidente César Gaviria tomó el avión que lo llevó a Nueva York, Washington y Miami, mucha gente pensó que se trataba de un viaje organizado por el Primer Mandatario para solucionar problemas de imagen frente al gobierno y al pueblo norteamericanos. Sin embargo, la realidad era que Gaviria habia decidido asumir personalmente una gestión delicada y trascendental para el futuro de la política gubernamental contra el tráfico de drogas.

La decisión se remonta a la fecha en que el Presidente redactó los primeros decretos, mediante los cuales se ofrecia a los narcotraficantes una considerable rebaja en las penas a cambio de que se entregaran a las autoridades, confesaran sus delitos y colaboraran con información que condujera a destruir total o parcialmente organizaciones dedicadas al narcotráfico. Dentro de este nuevo marco jurídico se entregaron los hermanos Ochoa, peces gordos del narcotráfico en Colombia. La decisión de los Ochoa fue, sin duda, un éxito de la política del Presidente, pero al mismo tiempo un problema.

Todo parece indicar que en el pais no existen pruebas contundentes que demuestren que ellos han cometido delitos, lo cual pone al Gobierno en una dificil situación. Para muchos existe la posibilidad de que los apoderados de los Ochoa puedan lograr la liberación de los detenidos por simple y llana falta de pruebas en su contra. Y Colombia no se puede presentar ante el mundo y, sobre todo, ante Estados Unidos, que no ha estado muy convencido de la politica colombiana en materia de drogas, como el pais que dejó en libertad a los más poderosos narcotraficantes del mundo, pocos meses después de haber logrado tenerlos en la cárcel.

Los decretos establecen un año como plazo limite para la entrega de pruebas obtenidas en el exterior. Por eso, el Gobierno sabe que la única manera de que tanto los Ochoa como los narcotraficantes que se entreguen en el futuro paguen efectivamente sus penas, es mediante el acopio de pruebas de los delitos en el exterior. Como el escenario fundamental de este delito está en los Estados Unidos, el Gobierno tenía que hacer algo para asegurar que las pruebas pudieran llegar a manos de los jueces colombianos. Aunque el Código de Procedimiento Penal colombiano contempla lo que jurídicamente se denomina el traslado de las pruebas, esto había sido hasta el momento prácticamente letra muerta. Por un lado, los trámites a través de las Cancillerías eran muy engorrosos y, por otro, las autoridades norteamericanas no habían sido muy diligentes en el asunto con las colombianas.

La poca o nula colaboración del gobierno norteamericano en esta materia tiene su explicación. En primer lugar, existe una falta total de confianza en la justicia colombiana, pues la consideran débil y muy vulnerable a las amenazas y al soborno. En segundo lugar, existen antecedentes en los cuales el gobierno norteamericano ha enviado pruebas a jueces colombianos que o han sido pasadas por alto o desestimadas por cuestiones puramente formales.

Gaviria, en un intento de recuperar efectivamente la posibilidad de que se puedan trasladar pruebas para que la justicia colombiana logre juzgar en forma a los narcotraficantes que se entreguen, resolvió coger el rábano por la hojas y buscar el apoyo político del propio presidente Bush. Por su parte, el propio gobierno norteamericano, ante el hecho incuestionable de que en una cárcel de Itaguí estuvieran encerrados bajo llave tres de los capos del cartel de Medellín, consideró que no se podía dejar pasar semejante oportunidad y que había que meterle el hombro al Presidente colombiano. Así tras las fotos y las ceremonias protocolarias de rigor, Gaviria regresó al país con un importante documento bajo el brazo.

Los dos gobiernos firmaron una Declaración de Intención en la cual establecen los trámites para solicitar y entregar información y pruebas para alimentar los procesos judiciales entre los dos países. La idea tras esta Declaración era la de hacer más expeditas las gestiones para allegar pruebas y hacer explícito el compromiso político de los Estados Unidos de colaborar en esta materia con el Gobierno colombiano.

Aunque todo lo que se dice en este documento no era nuevo para la ley colombiana, lo que es innegable es que, tras la gestión de Gaviria, se le dio mayor jerarquía a las disposiciones y se logró pasar de la unilateralidad del Código de Procedimiento Penal colombiano a la bilateralidad.

Sin embargo, una primera lectura de la Declaración dejaba la impresión de que una cosa era la teoría y lo que estaba escrito en el papel y otra muy distinta la práctica, pues había algunas cosas no muy claras.
En primer lugar se pensó que los apoderados de los narcotraficantes podían impugnar fácilmente las pruebas obtenidas por las autoridades norteamericanas, debido a que los requisitos de validez podian ser diferentes en los dos paises. En segundo lugar, se llegó a pensar que una Declaración de Intención no podia ser considerada como de aplicación obligatoria, puesto que para ello haria falta la firma de un tratado internacional, ratificado por el Congreso colombiano.

Para despejar las dudas, SEMANA consultó a expertos penalistas y logró establecer que tales dudas no tenian fundamento. El Código de Procedimiento Penal colombiano dice en uno de sus articulos que mientras la consecución de las pruebas se haga respetando el procedimiento del pais donde se realizan, estas son válidas en Colombia y al juez colombiano sólo compete calificar su importancia dentro del proceso correspondiente. En cuanto a la objeción de que haria falta un tratado internacional para llevar a la práctica el intercambio de pruebas en los procesos penales, el articulo 256 del Código de Procedimiento Penal reconoce y reglamenta la figura del traslado de pruebas. Esto quiere decir que es el Código y no la Declaración de Intención lo que hace obligatorio para un juez el tener en cuenta en un proceso, pruebas obtenidas válidamente en el exterior.

Hay, sin embargo, una duda entre los penalistas y es que algunos consideran que la centralización de los trámites para el traslado de pruebas en la Secretaria General de la Presidencia puede no resultar tan ágil como se requiere. Algunos creen que esta función deberia habérsele asignado a la Dirección de Instrucción Criminal, que tiene funciones más afines con este tipo de gestiones.

Por otro lado, hay un Punto en la Declaración que los expertos coinciden en calificar como ambiguo. Y es el que tiene que ver con los límites que establece Estados Unidos para el intercambio de las pruebas. Según uno de los artículos de la Declaración, Estados Unidos se reserva el derecho de entregar las pruebas, sobre la base de unas condiciones que no establece el documento.
Esta vaguedad, en un asunto tan importante, es la principal duda de los expertos consultados por SEMANA frente a la Declaración firmada la semana pasada en Washington.

En plata blanca, no hay nada nuevo desde el punto de vista jurídico. Pero Gaviria, al viajar a entrevistarse con el presidente George Bush, lo que hizo fue comprometer al gobierno de Estadós Unidos para que, sobre la base de la concepción del narcotráfico como delito internacional, asuma su parte de responsabilidad en la tarea de que los narcotraficantes cumplan condenas en las cárceles colombianas. De paso, el Primer Mandatario colombiano consiguió lo que muchos consideraban imposible: lograr que los Estados Unidos aprobaran el viraje de la política colombiana en la lucha contra el tráfico de drogas.






¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1855

PORTADA

Exclusivo: la verdadera historia de la colombiana capturada en Suiza por ser de Isis

La joven de 23 años es hoy acusada de ser parte de una célula que del Estado Islámico, la organización terrorista que ha perpetrado los peores y más sangrientos ataques en territorio europeo. Su novio la habría metido en ese mundo.