En busca de sus muertos perdidos

En apenas ocho días, 700 indígenas lograron lo que no pudieron hacer las autoridades en dos meses. Ingresaron al resguardo Tortugaña-Telembí, en zona rural de Ricaurte (Nariño), donde las Farc mataron el 4 de febrero a ocho indígenas awá y desaparecieron a otros tres.

Acompañados por la guardia indígena, representantes de comunidades de Cauca, Nariño, Huila, Valle, Putumayo, Quindío y Córdoba atravesaron una espesa, húmeda y pantanosa selva sembrada de minas explosivas. Contra viento y marea se propusieron la riesgosa misión de encontrar los cuerpos y visitar a los awá que aún no se han ido del lugar. Pero sobre todo mostrar que ellos son los dueños de su territorio, que son libres de caminarlo así haya sujetos armados que los amenacen.

En esa zona la Brigada 23 del Ejército venía desarrollando la Operación Emperador contra la columna Mariscal Sucre de las Farc. A fines de enero los combates habían obligado a los guerrilleros a retroceder hasta llegar a su retaguardia, muy cerca del resguardo indígena. Según le explicó a SEMANA el coronel José David Vásquez, oficial de enlace de asuntos indígenas en Nariño, cerca de ese poblado indígena la guerrilla tenía ocho campamentos.

Las Farc acusaron a 11 awá, entre los que había dos mujeres embarazadas, de que les estaban entregando información a los militares para ubicar a sus guerrilleros. Por eso, se los llevaron a la orilla de la quebrada El Hojal y los atacaron con machetes, según relató un testigo que pudo huir de la atroz masacre. Pocos días después, las Farc confesaron que habían asesinado a ocho de ellos y no explicaron qué pasó con los demás.

Una semana después, la Fiscalía dijo haber recibido tres cuerpos de esa masacre, pero no los identificó y los indígenas consideran que no son de su comunidad porque los encontraron a un día de camino de donde los mataron.

Después de la matanza, 400 awá huyeron despavoridos del resguardo. Llegaron a un albergue provisional en un centro de capacitación que tiene la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) en el corregimiento El Diviso, de Barbacoas. Acción Social puso las paredes de la sede. "Construyó dos cajoncitos", se queja José Libardo Paín, gobernador del resguardo Tortugaña-Telembí.

Pronto empezaron las riñas y los problemas de salud, pues no están acostumbrados a vivir tantos en espacios tan pequeños -sus casas suelen estar muy lejos unas de otras-. Se contagiaron de un virus que les produjo diarrea y fiebre, algo que jamás habían sufrido. Además en sus hogares comen generalmente plátano, yuca, maíz y mucha proteína animal porque son cazadores y pescadores. Pero allí les dan granos y enlatados, que "les caen pesado", según cuenta José Arturo García, quien maneja las estadísticas de la IPS de El Diviso.

Los baños que comparten están debajo de unos alojamientos y el pozo séptico cerca y eso hace que los olores sean insoportables. Tan desesperados estaban que 240 de ellos partieron hacia municipios vecinos y no se sabe cómo están sobreviviendo.

Su angustia y su soledad despertaron la solidaridad de las organizaciones indígenas que sintieron que no podían permanecer indolentes ante su tragedia. Y de ahí surgió la idea de la marcha que arrancó con 470 indígenas de varios pueblos, que salieron el martes 24 de febrero a adentrarse en la selva. Con ellos iban Marín Guasalusán y su esposa Mélida Guanga, dos viejos que perdieron cinco hijos en la masacre. Pero no fueron capaces de seguir, sus achaques y su pena los obligaron a devolverse.

Durante el camino, se les unieron casi 300 awás de los poblados por donde pasaban. Caminar por entre minas podía causar otra tragedia. Luis Evelis Andrade, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), cuenta que el control de la guardia indígena fue fundamental para que ninguno se desviara del camino ni pisara donde otros no habían pisado.

Si hubiera ocurrido un accidente era muy difícil que el herido tuviera atención rápida, pues sólo contaron con la disponibilidad de un helicóptero casi al final de la misión. Además, debían pagar por cada mina que pisaran. Esa es la cruel ley que han impuesto las Farc en la zona: el que resulte herido o muerto con una mina, la tiene que pagar.

Pero iban acompañados por sabios mayores que venían trabajando desde hacía meses con los espíritus de la selva para desminar la zona y cuentan que las hacen explotar solas. Esos maestros también fueron guías espirituales que con consejos mantuvieron el entusiasmo de los indígenas para llegar al sitio de donde fueron expulsados los awá por la fuerza.

Después de cuatro días, encontraron tres cadáveres en el resguardo Tortugaña-Telembí. Para su sorpresa no eran víctimas de la masacre de febrero sino de otra ocurrida en septiembre de 2008. Luego encontraron otros cuatro en una fosa, y otro más enterrado cerca. En total, fueron ocho los cadáveres que hallaron. Sólo dos fueron trasladados por funcionarios de la Procuraduría para hacer los respectivos estudios forenses, pero los demás quedaron en sus fosas."Ahora le pedimos a la Fiscalía que, con la ubicación que les demos, vayan y los saquen", dijo Andrade.

El hallazgo de la minga indígena indica que han matado allí muchas más personas de las que se sabía. La zona es un verdadero camposanto. A SEMANA le contaron que saben que hay allí muchas fosas y cadáveres en ríos y quebradas.

Los marchantes no pudieron esperar a que el CTI de la Fiscalía llegara porque el cansancio era demasiado y algunos estaban enfermos. Dolor de estómago por la pésima calidad del agua que debían beber durante el recorrido. Además, tenían informaciones de que algunos de los restos de la masacre habían sido arrojados, como tantos, al río Bravo.

Andrade cuenta que esta zona es tan aislada, que"creo que ni los indígenas que viven ahí conocen lo que pasa en el país"y viceversa. En esa lejanía, están a merced de que actores armados lleguen a imponerles que colaboren con su causa, así no quieran.

"Están viviendo confinados, aterrorizados y temen que les pase lo mismo que a sus compañeros masacrados. Los niños están muriendo de enfermedades que se pueden prevenir y curar, pero sus padres no pueden salir de sus casas porque los matan. Las familias tienen hambre, pues salir a cazar o buscar alimentos, los pone en riesgo de caer en minas antipersona sembradas en todo el territorio", narra Andrade tras su regreso del resguardo donde ocurrió la masacre. Por eso, algunos de los desplazados que participaron en la misión y que iban con el sueño de quedarse, prefirieron regresar con los marchantes.

Con esta gesta de resistencia civil y solidaridad, los indígenas, sin más protección que sus espíritus y sus bastones de mando, se atrevieron a desafiar a las Farc y sus mortíferas minas. A pesar de que no fue del todo exitosa, esta misión para recuperar los territorios y hacer valer la libertad de los civiles en medio de la guerra, fue ejemplar.