En caso AIS juez rebaja condena al ex viceministro Juan Camilo Salazar

El cambio del delito en contra del ex viceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar hizo que el Tribunal Superior de Bogotá redujera la condena proferida de diez años por el escándalo de los millonarios subsidios de Agro Ingreso Seguro (AIS). La reducción fue de dos años y medio.
 
Con la decisión, el ex viceministro solo tendrá que pagar siete años y cinco meses, ya que, pese al acuerdo con la Fiscalía, a Juan Camilo se le declaró culpable por peculado culposo y no por peculado por apropiación a favor de terceros, "lo que cambia la cuantía de la pena", se señaló en el fallo.
 
En la negociación del preacuerdo Salazar se acordó cambiar la imputación del peculado por una colaboración con la justicia y con ello recibiría una condena menor. Cosa que enmendó el tribunal.
 
A mediados de enero el juzgado 43 Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, lo sentenció a diez años y tres meses de prisión y multa de 149,7 salarios mínimos legales vigentes, como responsable de los delitos de concurso homogéneo de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, cometidos en concurso heterogéneo, y peculado por apropiación a favor de terceros en concurso homogéneo.
 
Los hechos se relacionan con la suscripción de contratos el 11 de agosto del 2006 entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), por un monto de 3.098 millones de pesos, con fines de cooperación técnica y científica para la puesta en marcha de AIS.
 
Según el fiscal del caso, se detectaron irregularidades como la falta de suscripción de actas de inicio o la ausencia de pólizas de garantía constituidas con amparo contra todo riesgo que establece el Decreto 679 de 1994.
 
El fiscal señaló que a los subsidios previstos en el programa AIS sólo accedieron grandes productores agrícolas y que los requisitos exigidos eran inalcanzables para los medianos y pequeños agricultores.
 
"No se justificó la contratación directa para el desarrollo de actividades científicas con certificados de idoneidad. La propuesta presentada por el IICA no correspondía con los planes operativos de los convenios, como, por ejemplo, la transferencia de tecnología", puntualizó el ente acusador.