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| 9/2/2006 12:00:00 AM

En Centroamérica

El gobierno de Costa Rica está preocupado por la presencia de las Farc en su territorio. Uno de los autores de la masacre en Bojayá, Chocó, pedido en extradición por Colombia, tenía residencia desde 2000.

La captura en Costa Rica de uno de los hombres más peligrosos de las Farc puso al descubierto la manera como la guerrilla corrompe a funcionarios de inmigración y logra refugiarse en el exterior para escapar de las autoridades colombianas.
La primera en quedar sorprendida fue la Interpol, cuando detuvo en Puntarenas, Costa Rica, a Héctor Orlando Martínez Quinto, alias ‘Pana Panguero’, en donde se dedicaba a la pesca artesanal. Tan pronto se vio detenido, mostró sus documentos, incluida su residencia costarricense. Todos sus papeles eran auténticos. Sin embargo, la Interpol tenía muy claros sus antecedentes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Pana Panguero’ pertenece al bloque José María Córdoba, de las Farc, que opera en el Urabá chocoano y que en mayo de 2002 atacó Bojayá, donde murieron 84 personas y 100 quedaron heridas. El subversivo fue el encargado de transportar en una lancha las armas, explosivos, municiones y los uniformes que utilizó la guerrilla para el ataque.
Las autoridades costarricenses confirmaron a SEMANA que de acuerdo con los registros migratorios, Martínez llegó a Costa Rica en enero de 2000. En marzo se casó con una prostituta costarricense, 20 días después obtuvo su residencia y le figuran varias entradas y salidas del país. “Fue un tiempo récord que no es usual en este tipo de tramitación. Vamos a investigar al personal involucrado, así como a su esposa, porque todo indica que utilizó el matrimonio con fines migratorios”, sostuvo Mario Zamora,
 
 
 
 
 
director de migración de Costa Rica, quien investiga a cinco funcionarios de extranjería.
El caso de Martínez obligó al ministro de Seguridad del país tico, Fernando Berrocal, a ordenar que se investiguen, además, todos los permisos de residencia otorgados a colombianos. Y esta semana llega a Colombia una misión encabezada por el viceministro de Seguridad Pública, Gerardo Láscarez, que intercambiará con la Fiscalía los antecedentes del subversivo para acelerar la extradición solicitada por el gobierno colombiano.
Las principales pruebas que se le entregarán a la justicia de Costa Rica sobre el historial de ‘Pana Panguero’ son los testimonios de cinco desertores de las Farc, reincorporados a la vida civil en el programa de la Presidencia de la República. “Yo lo conocí desde el 89 y siempre ha sido el motorista de la guerrilla. Utilizaba una panga o embarcación que se llamaba La Urraca, que se la quitaron a la mafia con una droga. En esa entraban armas, municiones y secuestrados de Panamá para las Farc”, dice uno de los testigos.
Otro de los testimonios señala que “para la toma de Bojayá, él entró 25.000 cartuchos para fusil, bombas de MGL, de mortero, fusiles AK nuevos, 15 mudas de ropa militar y ocho radios marca Kenwood. Yo mismo le recibí ese material bélico el 20 de abril, antes de la toma”. Y otro ex guerrillero asegura que ‘Pana Panguero’ transportaba cocaína y dólares de las Farc para negociar las armas y municiones en Panamá y Costa Rica. “Él se encargaba de los enlaces internacionales. En 2001 trajo secuestrado a un gobernador o legislador panameño. Lo pasaron para Colombia y la guerrilla se encargó de negociarlo con delincuentes comunes. Él entraba y salía de Panamá, a donde llevaba cocaína y heroína encaletada en pescados”.
Martínez Quinto quedó a órdenes de un tribunal de San José y fue recluido en una celda de máxima seguridad en el centro penitenciario La Reforma.
El caso de Costa Rica es una prueba más de la expansión de las Farc en América Latina y Centroamérica. Por eso, el vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, viene insistiendo en que “las Farc se han convertido en una amenaza continental, debido a que prestan asesoría en secuestros, fomentan el narcotráfico y estimulan la corrupción en los países americanos”. La semana pasada, en una reunión en Bogotá con los jefes de inteligencia de América del Sur, volvió a hacer un llamado internacional para que los gobiernos ayuden a Colombia a desarticular las organizaciones del terrorismo y narcotráfico. n
 
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