Los votos de muertos que ayudaron a un fraude

Las alarmas están encendidas en todo el país ante la inminencia de las próximas elecciones regionales. No es para menos. Pese a que el Consejo Nacional Electoral y otras autoridades han hecho esfuerzos para evitar cualquier posible fraude, este es uno de los mayores riesgos de afectar la jornada del próximo 25 de octubre. Millones de cédulas anuladas casi el 45 % del total de inscritas.  

Por si fuera poco, está el fantasma de la parapolítica, pues en distintas regiones como la costa, Chocó, Antioquia, Santander y La Guajira, entre otros, algunos políticos que se juntaron en el pasado con las AUC están empujando a muchos candidatos.
 
Mientras todo esto ocurre y las autoridades reciben denuncias de todo tipo y la Registraduría trata de blindarse ante los acostumbrados fraudes en pueblos remotos, el Consejo de Estado aún no ha podido definir demandas sobre fraudes, supuestamente cometidos hace más de año y medio durante las elecciones a Congreso.

El viernes pasado, por ejemplo, se cumplió silenciosamente una audiencia de práctica de pruebas de una demanda acompañada por la Red de Veedurías por un monumental fraude en Chocó.
 
En la audiencia, el magistrado de la causa aceptó, desestimó y ordenó pruebas. De un lado, estaban los entonces candidatos Melania Valoys (del Partido de la U) y Edward Ecehomo Torres (Partido Conservador), que fueron las víctimas del presunto fraude.
 
Del otro, el representante a la Cámara Bernardo Flores Asprilla (Partido de la U), que a juzgar por las denuncias, logró retener la curul por cerca de 1.000 votos que habrían hecho parte de las irregularidades cometidas en los municipios de Quibdó, Bojayá, Alto y Bajo Baudó y Río Sucio.
 
Uno de los que participaron en la audiencia, como parte del proceso, fue el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, que no sólo descubrió muchas de las anomalías de ese fraude, sino que ha logrado que alto tribunal decrete pruebas clave que se practicarán en Chocó y Antioquia.

¿Qué ocurrió? Como lo reportaron algunos medios en aquel entonces, en algunas mesas de esos municipios aparecieron votos de personas que no se encontraban en la región. También que a los candidatos, a unos más que a otros, les aparecieron votos que no coincidían con los anotados en los formularios y, lo más desconcertante es que en Bojayá votaron hasta los muertos.
 
Bojayá es recordada porque fue allí donde los paramilitares y el frente 58 de las FARC disputaron una batalla el 2 de mayo del 2002 en la que la población quedó en la mitad del fuego cruzado. Cerca de 100 muertos quedaron tendidos en el poblado tras el estallido de un cilindro bomba en la iglesia a donde tuvieron que refugiarse los pobladores.

El caso fue remitido a Bogotá y hasta donde se sabe, la Fiscalía avanza en las pesquisas. Se sabe de servidores públicos que habrían participado en ese fraude y han dicho que quieren contar la verdad.

En ese tribunal “los mecanismos de fraude fueron ejercitados en la fase preparatoria, durante y después de la jornada del 9 de marzo, así como en los escrutinios posteriores. Los muertos y desplazados votaron y los registradores cambiaron los resultados. Bolsas con los votos abiertas y jurados alteraron los resultados, y hasta la energía, que no se había ido, apareció cortada a pesar de que no se fue, una verdadera vergüenza”, ha dicho Bustos, quien este viernes concluyó “Esto es lo que tendrá que definir el magistrado de la causa”.

Pese a las evidencias, la autoridad electoral aún no establece si en las elecciones del 2014 votaron muertos y desplazados en Bojayá.