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| 2/11/2017 12:00:00 AM

En Colombia la mayoría de los delincuentes no van a la cárcel

Más de 90.000 delincuentes, responsables de los delitos que más afectan a los ciudadanos, fueron capturados en repetidas oportunidades, algunos hasta 70 veces. Menos del 20 por ciento terminó en la cárcel. ¿Qué está pasando?

En las principales ciudades del país la gente se siente insegura y en las encuestas un alto porcentaje observa un deterioro en la seguridad. Más allá del debate sobre percepción y realidad, hay razones para que los habitantes, especialmente de las grandes urbes, así lo crean. Una razón compleja lo explica en parte: aunque la Policía y las autoridades capturan a los bandidos, la gran mayoría de estos no paga por sus delitos. Y lo que es aún más inaudito, muchos de los delincuentes que más azotan a la ciudadanía son reincidentes y algunos, aunque han sido arrestados hasta 70 veces en dos años, siguen en las calles.

A lo largo de 2016 la Policía capturó en todo el país, a 207.728 delincuentes en flagrancia, es decir, cuando estaban cometiendo algún delito. Y arrestó a otros 37.800 por cuenta de investigaciones y órdenes judiciales, para un total de 245.528. Sin embargo, los jueces solo enviaron a menos de 10.000 a la cárcel y a otros 3.000 les concedieron detención domiciliaria. O sea menos del 20 ciento de los capturados terminaron en la cárcel. Todos los demás salieron libres.

Ese complejo escenario de impunidad tiene otro componente no menos vergonzoso. Gran parte de esos delincuentes detenidos y prontamente dejados en libertad por los jueces han vivido tantas veces ese ciclo, que tienen perfectamente claro que si los atrapan difícilmente pasaran más de unos pocos días tras las rejas. Las estadísticas son escandalosas. De los más de 240.000 capturados, 91.423 ya habían sido arrestados entre dos y nueve veces. Otros 1.710, entre 10 y 40 veces. Cerca de un centenar tienen el impresionante récord de haber sido apresados cometiendo delitos entre 41 y 70 veces.

Hay casos insólitos. Eder Ortega lidera esa deshonrosa estadística con 70 capturas, la mayoría por robos. Le sigue Amílcar Horta con 55 y Helber Valencia con 49 arrestos. Jorge Rodríguez, alias Baby Face, ha sido arrestado en flagrancia, es decir, mientras comete el delito, en 16 oportunidades por atracos callejeros y a supermercados. Igual ocurre con Jorge Cubillos, alias Mickey Mouse, pillado in fraganti por la Policía de Bogotá 13 veces mientras robaba a pequeños negocios. La lista de casos es larga e indignante.

“Para nosotros, pero especialmente para la ciudadanía es muy frustrante ver que un delincuente que tiene atormentada a una comunidad es arrestado y en cuestión de horas o días está en las calles delinquiendo”, afirma un oficial de la Policía. “Hemos tenido casos en donde ladrones de establecimientos comerciales, celulares y residencias han caído siete veces en menos de seis meses. No es fácil explicarle a la ciudadanía que mientras en un lado de la balanza de la Justicia se hacen cosas, en el otro no. Lo que se hace con el codo se borra con la mano”, afirma el uniformado.

Los delitos por los cuales los jueces dejan en libertad a los delincuentes son los que más afectan la seguridad de los habitantes. A pesar de haber sido capturados en flagrancia, cometiendo hurtos a personas y establecimientos comerciales, 12.069 ladrones quedaron libres el año pasado. El 8 por ciento (6.425) de los arrestados por lesiones personales recobraron la libertad una vez llegaron a las audiencias ante los jueces. Más de 26.000 detenidos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes (microtráfico) también quedaron libres. 

“Las cifras reflejan un problema de fondo. Mientras por un lado policías y fiscales hacen un gran esfuerzo por sacar de las calles a los delincuentes, por el otro lado algunos jueces aplican la ley de tal forma que está devolviendo los bandidos a las calles”, sostiene un alto funcionario del CTI que no quiso dar su nombre por no estar autorizado para declarar.

“Parte de lo que está ocurriendo se debe a las modificaciones que se hicieron al Código Penal y al Código Penitenciario debido a la grave situación de hacinamiento”, explicó un miembro de Asonal Judicial, la asociación de empleados y funcionarios de la Rama Judicial.

La nueva reglamentación contempla que los jueces deben aplicar penas sustitutivas, es decir que no impliquen detención carcelaria o domiciliaria, a personas que cometieron delitos cuya pena sea menor a los ocho años. Antes de la reforma un juez tenía la posibilidad de considerar los factores objetivos y subjetivos. Esto último le permitía, por ejemplo, enviar a un delincuente a la cárcel si era reincidente, así la pena no superara lo mínimo. Ya no. “Ahora solo puede guiarse por causas objetivas que fija la ley”, dijo el funcionario. “Las penas de muchos delitos subieron sustancialmente, pero eso simplemente fue populismo punitivo. Generó una falsa sensación de justicia. Todo esto muestra que es momento de repensar de fondo la política criminal”, concluye.

Muchos altos funcionarios judiciales consultados por SEMANA están de acuerdo con que hay que revisar el sistema de Justicia, pero todos rehusaron referirse públicamente al tema. En el fondo nadie ni en la Policía ni en el Ministerio de Justicia ni en la Fiscalía o las altas cortes parece querer ‘pelearse’ con los jueces.

Pero desde hace tiempo es hora de ponerle el cascabel al gato. Así se mejoren las capacidades de investigación del Estado, mientras no haya un verdadero revolcón en el sistema judicial, la palabra que seguirá mandando la parada en materia de justicia en Colombia seguirá siendo la misma: impunidad.

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