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| 6/15/2012 12:00:00 AM

"En Colombia no existe ningún riesgo de violación del derecho internacional": Montealegre

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, habló con Radio Nederland sobre el marco legal para la paz, la reforma a la justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y la posibilidad de que la Corte Penal Internacional abra alguna investigación en el país.

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Radned
Radio Nederland: ¿El marco legal para la paz está acorde con el derecho internacional y, fundamentalmente, con los derechos de las víctimas?

Eduardo Montealegre:
No existe ningún riesgo de violación del derecho internacional en la reforma constitucional porque se está trabajando sobre diversas experiencias internacionales.

R.N.: ¿Qué contiene esa reforma constitucional?

E.M.:
En primer lugar hay que entender que la reforma constitucional se ubica en lo que se ha denominado ‘justicia transicional’, es decir, marcos jurídicos especiales que se emplean cuando una sociedad quiere superar un conflicto armado. Se está pensando en formas de superación del pasado y del conflicto, y estamos estableciendo un marco para la solución negociada de una lucha armada que lleva cerca de 50 años en Colombia. Entonces, la primera interpretación y el primer contexto que debe estudiarse es que estamos en un marco de justicia transicional, que tiene mecanismos excepcionales en materia jurídica, en el tratamiento de la macrocriminalidad y de los delitos en materia de graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de un primer marco que recoge experiencias de muchos países y procesos de paz internacionales. Además de ser un marco de justicia transicional, se establece la posibilidad de que Colombia, en materia de investigaciones, trabaje con criterios de priorización o de selectividad por graves violaciones a los derechos humanos.

R.N.: ¿Qué significa la priorización?
 
E.M.: No es posible investigar simultáneamente los más de 300.000 hechos que se han cometido en el conflicto interno colombiano, que son violaciones graves a los derechos humanos. Investigarlas simultáneamente y en los tiempos procesales normales nos llevaría más de un siglo. Obviamente que eso no tendría sentido en un marco de justicia transicional. Por eso hay que priorizar, y la priorización va a hacerse teniendo en cuenta las más graves violaciones a los derechos humanos, las violaciones que más víctimas han ocasionado dentro del conflicto y, fundamentalmente, el establecimiento de quiénes son los máximos responsables.

Otro criterio es el de la selectividad. En algún momento Colombia tendrá que decidir si va a investigar todos los crímenes que se han cometido durante el conflicto o si se va a centrar principalmente en los crímenes perpetrados por los dirigentes, por los más altos responsables. Para así darle una solución alternativa a quienes han sido la base del conflicto, es decir, la base rasa, las personas que directamente han estado participando en las hostilidades.

Además de los criterios de priorización y selectividad, que consagra la Constitución, se establece que necesariamente tiene que haber participación de las víctimas. No se trata solamente de investigaciones judiciales, sino, también, de la reconstrucción histórica de la verdad dentro de los procesos judiciales y penales. En ese sentido, tienen que existir paralelamente comisiones de la verdad al estilo de lo que sucedió en Argentina, por ejemplo, con la comisión Sábato. Esas comisiones de la verdad, donde tiene que tener alta participación la víctima, servirán para la reconstrucción histórica de los hechos.

Creo que Colombia, en este acto legislativo, cumple estándares internacionales. Se ha tratado de que el país recoja las experiencias de otras naciones, y fundamentalmente, el discurso de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

R.N.: ¿Entonces no se contempla la impunidad en ningún sentido?

E.M.:
De ninguna manera. Sea que se trabaje el criterio de priorización o el de selectividad, siempre se va a partir de la obligación de centrar la investigación sobre los máximos responsables, además de las personas que son la base o quienes han participado directamente en el conflicto interno y en las hostilidades. Dichas personas deben tener un tratamiento diferencial en el sentido de que para muchos de ellos también debe existir investigación penal, es decir que se lleva esta sentencia, pero con la posibilidad de penas y sanciones alternativas a las de la pena privativa de la libertad.

Hay un gran campo de posibilidades desde el punto de vista constitucional para que en el desarrollo de un proceso de paz el presidente de la República y el Congreso tengan un gran margen en un eventual proceso de negociación.

R.N.: Colombia ha estado durante años en la lista de espera de la Corte Penal Internacional. Con el cambio de fiscal general en La Haya, ¿cree usted necesario que se abra la posibilidad de una investigación sobre su país?

E.M.:
Creo que, como ustedes bien lo saben, los países que han suscrito la Corte Penal Internacional (el Estatuto de Roma) se rigen por el principio de complementariedad. La Corte Penal Internacional solamente puede actuar cuando nos encontramos frente a justicias fallidas, a Estados que tienen políticas para propiciar la impunidad, ya sea porque no quieren o no tienen voluntad para investigar o porque, como lo digo, estamos frente a contextos de justicia en un estado fallido donde hay inoperancia de la justicia.

Eso no sucede en Colombia, dado que existe por parte de la Fiscalía General de la Nación una decisión absolutamente firme de investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

Por lo tanto, como existe la voluntad política firme, por parte de la Fiscalía y de la justicia en general, de perseguir las graves violaciones a los derechos humanos, y así mismo, como Colombia está produciendo resultados en esas investigaciones, veo muy difícil la actuación de la Corte Penal Internacional.

R.N.: Hay juristas que temen una vuelta al pasado del fuero militar anterior a la Constitución del 91, en que era facultad de la justicia militar juzgar a los uniformados. ¿Existe esa posibilidad?

E.M.:
No la veo. Colombia siempre ha tenido fuero en materia penal militar. No solamente en materia disciplinaria, sino también propiamente en materia penal. Es decir, toda la historia republicana y la historia constitucional del país, antes y después de la Constitución del 91, se han caracterizado por la existencia de una jurisdicción penal militar.

Hay una reforma constitucional actualmente en curso, que tiene varios puntos importantes (la reforma a la justicia). El primer elemento es que la misma constitución está definiendo que el núcleo duro de protección de los derechos humanos siempre es de competencia de la Fiscalía General de la Nación y la justicia ordinaria. Cuando hablo de núcleo duro de protección de los derechos humanos hago referencia a que las investigaciones por crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, crímenes sexuales dentro del conflicto, siempre serán de competencia de la justicia ordinaria y de la Fiscalía.

Lo que acontece es que la Constitución hace claramente una delimitación de ámbitos de competencia entre la Fiscalía General de la Nación y la Justicia penal militar para decir y establecer que siempre la violación al núcleo duro de protección de los derechos humanos como este tipo de delitos que acabo de mencionar, crímenes de lesa humanidad y otros, siempre es competencia de la justicia ordinaria y la Fiscalía General de la Nación, dejándole a la justicia penal militar el juzgamiento de aquellos delitos que tengan que ver propiamente con el conflicto armado y que sea directamente aplicación del derecho internacional humanitario.

Así, las infracciones al derecho internacional humanitario que no constituyan el núcleo duro de protección como genocidio y otros delitos son competencia de la justicia penal militar. En conclusión, las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, le corresponden a la Fiscalía General de la Nación, mientras que las violaciones al derecho internacional humanitario serían de competencia de la justicia penal militar.

R.N.: Se dice que el Estado aportaría los recursos económicos para defender a los militares…

E.M.:
La propuesta también establece la posibilidad de crear una defensoría pública para los militares. En Colombia existe la institución de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo se encarga de asumir la defensa judicial en materia penal de personas que no tengan recursos para el acceso a la administración de justicia, para que así ejerzan su derecho fundamental a la defensa. Entonces la reforma establece la posibilidad de que una institución que puede ser o no la Defensoría del pueblo, una defensoría especializada, pueda asumir la defensa de los militares que se acusen de violaciones a los derechos humanos.

R.N.: ¿No corremos en ese caso el riesgo de ser juez y parte?

E.M.:
De ninguna manera porque la estructura de la Defensoría no va a depender de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía es la encargada en Colombia de investigar y acusar por las graves violaciones a los derechos humanos, en general tiene todo el monopolio del ejercicio de la acción penal en Colombia, hasta este momento.

Pero esta Defensoría no va a depender de la Fiscalía, sería una institución totalmente independiente y autónoma que garantizaría un derecho fundamental de cualquier persona que esté imputada de la comisión de un delito, como es el derecho a la defensa.

La reforma del Consejo Superior de la Judicatura es otro tema fundamental. El Consejo elige, entre otras cosas, a los jueces. Se habla ahora de volver a prácticas de los años 60, como la llamada cooptación, que podría transformarse en un asunto político de los dos partidos tradicionales. Desaparece el Consejo Superior de la Judicatura, pero se crea un nuevo órgano que tiene la característica de ser un órgano autónomo e independiente. Sobre todo, autónomo e independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo, es decir, son instancias propiamente de la rama jurisdiccional, propiamente de los jueces, e integrado por las altas cortes y con representación de fiscales y jueces.

Es decir, se hace una reforma en la cual el órgano que administra la justicia en Colombia va a seguir siendo un órgano autónomo, dependiente de los jueces, propiamente dicho, y con total independencia frente al Ejecutivo y al Legislativo.

R.N.: En definitiva, usted dice que estas reformas solo van a contribuir a mejorar la democracia y no la afectará...

E.M.:
Desde luego. Creo que son dos reformas muy importantes para el país. En la primera, la que establece un marco para la paz, Colombia y la institucionalidad dan un mensaje de que a pesar de un conflicto tan agudo siempre estamos pensando en una solución negociada, y de que el presidente y las instituciones colombianas deben tener unas herramientas constitucionales muy serias... Un marco de seguridad para avanzar en una negociación con la insurgencia, y específicamente, con la guerrilla.

Entonces, se trata de una reforma constitucional que está pensada para la solución del conflicto y su superación, en el marco de una justicia transicional que contempla la participación de las víctimas.

Ahora, en el tema del fuero penal militar, creo que es necesario hacer una delimitación constitucional correcta, que surja del mismo texto de la carta política, en el sentido de que las competencias queden claramente limitadas por la Constitución: qué le corresponde a la Fiscalía y qué a la justicia penal militar. Es indispensable que también las fuerzas armadas, la fuerza pública, el Ejército y todas las fuerzas en Colombia tengan un marco de seguridad política para el desarrollo de sus operaciones.

El sentido de esa reforma constitucional es seguir haciendo desarrollos legislativos que permitan armonizar el derecho internacional de los derechos humanos con el derecho interno colombiano y esa es una de las obligaciones que surge a partir de esas reformas del fuero penal militar.

R.N.: En este contexto, ¿está contemplada la posibilidad de una amnistía?

E.M.:
Es uno de los debates que se están dando en Colombia, porque el marco que se está presentando para la paz no consagra la posibilidad de amnistías o indultos en graves violaciones a los derechos humanos, porque estamos hablando de trabajar con criterio de selectividad, lo cual implicaría que se va a hacer una investigación, una acusación y un juzgamiento a los más altos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, y que en los casos de la base de esos grupos al margen de la ley que han intervenido en el conflicto, se da la oportunidad de soluciones distintas al de la justicia penal, pero siempre sobre la idea de que tiene que existir la verdad, la reparación y la participación de las víctimas.

Luego, las amnistías absolutas e incondicionales que en algún momento se hicieron efectivas en el Cono Sur, en América Latina y en otros países, no están pensadas desde ese punto de vista en este nuevo marco constitucional, sino que por el contrario, siempre sobre la base de que se van a imponer sanciones penales o penas alternativas.
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