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| 8/27/2011 12:00:00 AM

En la cuerda floja

Los primeros debates de la Sala Penal de la Corte Suprema indican que el exministro Alberto Santofimio sería definitivamente condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán.

El polémico Alberto Santofimio Botero cumple la simbólica cifra de 70 años en junio. Y esta semana se sabrá si los podrá celebrar tranquilo en su casa, sin cuentas pendientes con la justicia, o si la Corte Suprema decide que pasará el resto de sus días en la cárcel.

En los próximos días, la Sala Penal debe dar su veredicto final sobre uno de los crímenes de mayor impacto en los últimos cincuenta años: el asesinato de Luis Carlos Galán. Por ahora hay una certeza: el proyecto de fallo, del magistrado José Luis Barceló, pide que se revoque la decisión del Tribunal de Cundinamarca, que en octubre de 2008 absolvió al exministro y excongresista tolimense.

En la crucial reunión de la Sala Penal de la semana pasada, según conoció SEMANA, un sector mayoritario se inclinó por apoyar el proyecto de Barceló. Sin embargo, por la trascendencia del fallo decidieron redactarlo conjuntamente y para eso pidieron un plazo más. Se espera que este mismo lunes retomen la discusión y concilien el texto final.

El fallo -sea en un sentido o en el otro- tiene importancia porque es la primera vez que un magnicidio llega hasta esta instancia. Y sobre todo, porque en el caso está involucrado un personaje político como Alberto Santofimio Botero, quien fue ministro de Justicia, presidente de la Cámara, senador y dos veces candidato presidencial.

Han pasado 22 años desde el asesinato de Galán y Santofimio ha logrado hasta ahora sortear la justicia. En 1999, cuando se cumplieron diez años del magnicidio, no prosperó una investigación preliminar en su contra. Después, en 2005, Popeye, uno de los lugartenientes más cercanos del capo Pablo Escobar, hizo una explosiva confesión, se abrió de nuevo una investigación contra Santofimio que terminó, en 2007, en su condena a 24 años de cárcel. Sin embargo, él apeló, y en 2008 el Tribunal de Cundinamarca lo absolvió. La familia Galán, que no ha dado su brazo a torcer, apeló el caso ante la Corte Suprema y esta lo aceptó. "Pocas veces prospera la aceptación de la casación. La Corte rechaza entre el 80 y el 90 por ciento de las demandas", explicó en su momento el abogado Yesid Reyes.

El corazón del expediente son dos testimonios, el de John Jairo Velásquez, alias Popeye, que dice haber estado en la reunión en la que se decidió la muerte de Galán, y el del asesinado exsenador Carlos Oviedo Alfaro, quien afirma que Escobar, en la cárcel La Catedral, le habló de lo ocurrido.

Popeye le dijo a la Fiscalía que el crimen se empezó a gestar cuando Galán, quien como precandidato presidencial arremetía en sus discursos contra la mafia, se disparó en las encuestas. Escobar, dice Popeye, atendía las citas más privadas en una "casita" localizada a unos diez kilómetros de la finca Las Marionetas y allí se reunió con Santofimio. Este, según Popeye, le dijo que Galán estaba prácticamente elegido presidente de la República y le advirtió: "Si Galán es presidente, te extradita. Te lo digo con todo el convencimiento. Pablo, mátalo".

La decisión que tiene la Corte en sus manos no es fácil. El Tribunal lo absolvió insistiendo en que a pesar de los indicios no había "certeza" sobre la culpabilidad. Las dos partes tienen sus argumentos: por un lado, Santofimio dice que Popeye ha mentido 23 veces, y por el otro, los que acusan consideran que "no tiene sentido que se le crea a Popeye cuando reconoce su culpa, y por eso lo condenan por el asesinato de Galán, y no le vayan a creer cuando señala a los otros que participaron".

Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez ya emitió su concepto y pidió la condena a Santofimio. Sin embargo, lo que puede dirimir el debate es la jurisprudencia que ha venido manejando la Corte Suprema sobre la responsabilidad "mediata". Desde hace algunos años, los magistrados de la Corte han venido acogiendo la tesis de que cuando hay "aparatos organizados de poder" los miembros dirigentes de estos, incluidos quienes cumplen funciones políticas o financieras, deben responder por crímenes que han cometido subordinados del grupo. Con esta tesis, la Corte condenó al excongresista Álvaro García por la masacre de Macayepo. Y en el caso de Santofimio, la Corte evalúa los testimonios y hechos que lo señalarían como miembro del brazo político del cartel de Medellín.

Nada está aún escrito, y en un fin de semana cualquier cosa podría cambiar. Por ahora lo único claro es que se trata del más importante caso que ha llevado José Luis Barceló, un magistrado que llegó a la Corte a finales del año pasado, luego de veinte años de ser magistrado auxiliar.
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