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| 5/9/2005 12:00:00 AM

En la cuerda floja

El proyecto de pensiones, crucial para desactivar una catástrofe fiscal, está amenazado por el desorden del Congreso.

"Alguien debería disciplinar a estos 'manes", comentó uno de los policías que vigilaban las puertas del salón elíptico del Capitolio Nacional. Eran las 3 de la tarde del pasado 3 de mayo, la hora y fecha fijadas para debatir el proyecto económico más importante de la actual legislatura: el acto legislativo de pensiones. Sólo uno de los 166 representantes a la Cámara se encontraba presente. El resto fue llegando poco a poco hasta que, tres horas después, se conformó el quórum. El alma les volvió al cuerpo a los ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y de Protección Social, Diego Palacio. La dicha, sin embargo, les duró poco. Cuando apenas comenzaba la discusión, algunos parlamentarios decidieron levantarse de sus curules. El quórum se disolvió y el debate, del que depende en buena medida el futuro de las finanzas públicas, se aplazó para el jueves siguiente. Ese día se repitió la misma historia. Solo que esta vez alcanzaron a votar algunos apartes del proyecto; el resto, los más importantes, quedaron pendientes para este martes. Así, entre aplazamientos e intentos fallidos, el país lleva esperando más de una década la decisión de eliminar los privilegios pensionales. Las reformas pasadas dejaron por fuera a congresistas, magistrados, maestros, empleados de Ecopetrol y, en general, a un inmenso grupo de colombianos que podrán pensionarse en mejores condiciones que el común de la gente. Haberles mantenido esos beneficios es la causa de la gigantesca deuda pensional que pesa hoy sobre el fisco. La Nación les debe 505 billones de pesos -casi dos veces el PIB colombiano- a estos privilegiados que se jubilen en los próximos 50 años. A ellos se les prometió una pensión para la que no ahorraron lo suficiente y ahora la plata tendrá que salir de los impuestos que cobra el Estado, que es en últimas la del bolsillo de los contribuyentes. El objetivo del gobierno con el acto legislativo de pensiones es reformar el artículo 48 de la Constitución Nacional, que establece los principios de la seguridad social en el país. No es una reforma pensional como muchos piensan. El gobierno se vio obligado a proponer este cambio en la Carta política después de que la Corte Constitucional le tumbó uno de los ejes centrales de su última reforma pensional. El acto legislativo, radicado en agosto de 2004, espera el sexto de ocho debates en el Congreso. Lo que busca en últimas es reducir la enorme deuda pensional del Estado y acabar con las diferencias que existen entre los pensionados VIP y el resto de colombianos. Propone,en primer lugar, terminar anticipadamente el llamado régimen de transición que estableció la ley 100 de 1993. Esta permitió que durante 20 años -hasta el primero de enero de 2014- toda una generación de empleados públicos y privados se siguiera jubilando al fiado. Es decir, con la certeza de que la plata de sus pensiones iba a tener que salir del presupuesto nacional y no de sus propios ahorros. Así, casi el 80 por ciento de la mesada que recibe un pensionado del ISS, cobijado por la transición, es un subsidio a cargo de los contribuyentes. En el caso de los congresistas el 'regalo' es todavía más atractivo. Los parlamentarios que esperan pensionarse bajo este régimen -cerca de 40 en el actual Congreso- podrán hacerlo a los 55 años y con mesadas que en promedio ascienden a 14 millones de pesos. Originalmente el gobierno pretendía traer de 2014 a 2007 el fin de la transición. Pero tras un difícil tire y afloje con los congresistas, el texto que hoy se debate en la Cámara de Representantes contempla dejar la transición hasta julio de 2010, con excepción de quienes ya tengan 750 semanas cotizadas bajo este régimen. Otro objetivo del proyecto es eliminar de aquí en adelante un polémico beneficio: la mesada 14. La ley 100 creó esta bonificación para compensar a quienes se hubieran pensionado antes de 1988, pues sus mesadas no habían sido reajustadas durante años. Pero la Corte Constitucional, con base en un argumento de equidad, ordenó a través de distintos fallos extender la mesada 14 a todos los pensionados, con un costo de 450.000 millones de pesos anuales, según una investigación del presidente de Anif, Sergio Clavijo. Hasta ahora parece haber consenso entre los congresistas sobre la necesidad de acabar con este costoso beneficio. Del ahogado, el sombrero Con las modificaciones que le ha hecho el Congreso, el acto legislativo de pensiones pasó de representar un ahorro para las finanzas públicas de 78 a 50 billones de pesos. "Menos mal el proyecto no tiene sino ocho debates, pues de continuar así, va a tocar hacer una adición presupuestal para pagar la creatividad de los congresistas", dijo en un debate el representante César Negret. El gobierno, sin embargo, parece satisfecho con lo acordado hasta el momento. Siguiendo el principio de que peor es nada, ahora espera 'disciplinar' a las bancadas uribistas, liberales y conservadoras para que voten este martes el proyecto y no lo dejen hundir, pues si no pasa ese día, difícilmente podrá salir antes del 20 de junio, cuando se acaba esta legislatura. Con el tiempo en contra, el gobierno se enfrenta a un ambiente político enredado. Los uribistas están más divididos que nunca. Los liberales han amenazado con votar negativamente el acto. Y los conservadores andan preocupados porque el nuevo fiscal sea de su partido. Eso, sin contar a los parlamentarios que saben que al aprobar el proyecto están recortando sus propias pensiones. (Ver recuadro). ¿Serán capaces los congresistas de pensar más allá de sus intereses particulares para resolver, así sea parcialmente, el problema económico más grave que enfrenta el Estado en el mediano plazo y que amenaza con llevarlo a la quiebra? En sus manos está desactivar esta bomba de tiempo. La cuenta regresiva ya comenzó.
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