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| 10/9/1995 12:00:00 AM

EN EL LIMBO

Una demanda reabre el debate jurídico acerca de si Alfonso Valdivieso debe retirarse de la Fiscalía en marzo próximo. El Consejo de Estado tiene la palabra.

POR CUENTA DEL PROCESO 8.000 todas las miradas están centradas en el posible retiro, en marzo del próximo año, del fiscal general de la Nación Alfonso Valdivieso. La decisión está en manos de la sección quinta del Consejo de Estado y se espera que antes de un mes los colombianos conozcan el fallo.
La historia comenzó en mayo de este año, cuando sorpresivamente el Consejo de Estado anuló el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obligó al retiro forzoso del entonces fiscal Gustavo de Greiff por haber llegado a los 65 años de edad, que es cuando los empleados judiciales deben hacerlo. Esa primera tormenta se calmó cuando el propio De Greiff dijo, desde la embajada en México, que no estaba interesado en que le devolvieran su puesto.
Esta fue una corta calma. Un día después del pronunciamiento de De Greiff se conoció que en la sección quinta del Consejo de Estado había una demanda presentada por la Asociación Nacional de Abogados Litigantes -Andal- que pretendía que, como consecuencia de la anulación de la decisión del Consejo de Estado, se declarara nulo también el nombramiento de Valdivieso. Los medios de comunicación alcanzaron a hablar del tema y, en un principio, parecía que Valdivieso tendría que abandonar su cargo. No obstante, el Consejo de Estado explicó que en el nombramiento no había existido ninguna irregularidad y que una cosa era el fallo del retiro forzoso de De Greiff, y otra muy distinta el nuevo nombramiento.
Las cosas, entonces, parecieron calmarse para siempre. Pero ahora, a escasos seis meses del posible retiro de Valdivieso, la madeja parece haberse vuelto a enredar. De acuerdo con el pronunciamiento de la Corte Suprema por medio del cual fue elegido el actual Fiscal General, éste ocuparía la cabeza del ente acusador hasta que se cumpliera el período de De Greiff, es decir hasta marzo de 1996. Pero otra demanda presentada ante el Consejo de Estado hace que este tribunal tenga otra vez en sus manos el futuro del Fiscal. La nueva demanda pretende anular una parte del nombramiento de Valdivieso. La parte demandada es aquella que dice que el actual Fiscal ocupará su cargo hasta que finalice el período de De Greiff. Y aunque parezca asunto de tinterillos, la cosa tiene su peso, en virtud de la jerarquía de normas. Según este principio, si existiera una contradicción entre una ley y la Constitución, deberá imperar la segunda. En este orden de ideas, cuando el Consejo de Estado anuló el retiro de De Greiff, se amparó en que el mandato constitucional es superior a una norma que establece la edad límite para ejercer el Poder Judicial. Lo mismo podría suceder en el caso del período de Valdivieso. En esta ocasión el mandato constitucional sería superior a cualquier concepto, venga de donde viniere.
Las consecuencias de que Valdivieso tenga que marcharse serían gravísimas para el país, que clama cada día con más insistencia porque se haga claridad sobre las investigaciones que el ente acusador tiene en contra de los directivos de la campaña samperista. Pero, aunque parezca raro, probablemente quien más se beneficiaría si el Consejo de Estado falla en contra de la demanda sería el propio Alfonso Valdivieso. El actual Fiscal saldría al ruedo con una popularidad altísima y con el prestigio de haberle mostrado a los colombianos que la justicia no es sólo para los de ruana sino también para los de corbata, como lo demuestra el proceso 8.000. Gracias a ello, su nombre entraría a formar parte de la selecta lista de presidenciables para 1998 con un peso insospechado, pues, aunque en esta decisión no haya ninguna injerencia política, ante la opinión pública podría quedar la idea de que a Valdivieso lo sacaron porque estaba poniendo tras las rejas a los poderosos y no lo dejaron terminar su trabajo.
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