EN LA RECTA FINAL

La semana pasada el Congreso de Colombia aprobó la ley de aumento de penas en un tiempo récord. En unas cuantas horas en el Senado, y en tan sólo unos minutos en la Cámara, se logró lo que el año pasado fue una odisea inconclusa, donde no faltó uno que otro mico. Mientras el país observaba con sorpresa este inusual despliegue de eficiencia parlamentaria, la mayoría de los observadores políticos interpretaban el hecho como producto de la presión de Estados Unidos sobre el gobierno Samper ante una inminente descertificación. Hubo quienes fueron más perspicaces y se atrevieron a afirmar que la rapidez con la que actuó el Congreso también se debió a que los Rodríguez Orejuela fueron condenados a comienzos del año y por tanto el aumento de penas ya no los cobija. Lo que significaría que un buen número de congresistas habría empantanado el debate en la pasada legislatura para favorecer a los capos del cartel de Cali. Pero más allá de esta discusión, lo que ni los congresistas ni la opinión pública sabían es que la legislación aprobada no tendría el más mínimo efecto sobre la decisión del presidente Clinton. Y no por falta de interés de las autoridades norteamericanas en el proyecto, sino por la mecánica del proceso de certificación en el gobierno de Estados Unidos. Según el procedimiento establecido, el Departamento de Estado recibe la recomendación de las nueve diferentes agencias estatales que tienen que ver con el tema de cooperación antinarcóticos con Colombia: el Departamento de Justicia, el de Comercio, el Tesoro, los Guardacostas, la DEA, la oficina del zar antidrogas, etc. Todas estas recomendaciones son estudiadas y con ellas se elabora una recomendación final, que es presentada por la secretaria de Estado, Madeleine Albright, al presidente Clinton, quien anunciará la decisión este jueves 27 de febrero.Aunque técnicamente es Bill Clinton quien decide si certifica o no a Colombia ese día, en la práctica la decisión se toma realmente con anterioridad a la elaboración del documento que recibe el Presidente. Lo mismo sucede con el Congreso. Nunca en la historia de ese país un presidente ha modificado la decisión del Departamento de Estado. Tampoco un Congreso ha revocado la decisión del Presidente de certificar o descertificar a un país. Esto sucede así porque en la mayoría de las democracias avanzadas del planeta los actores llegan a un consenso sobre temas claves como éste con mucha anterioridad al plazo que define la ley. Así se logra evitar vergüenzas y sorpresas desagradables. En otras palabras, cuando se elabora el documento de recomendación del secretario de Estado al Presidente, ya han sido consultados sus asesores más cercanos y los actores claves del gobierno y el Congreso que podrían oponerse a la determinación. De tal manera que la suerte estaba echada mucho antes que se aprobara la ley de aumento de penas en Colombia. De hecho, el documento fue entregado a la señora Albright el 13 de febrero pasado, mientras que la ley de penas no fue aprobada sino hasta el 20. Esto significa que no fue considerada dentro de la decisión. No solamente porque no había sido aprobada sino porque lo que se está evaluando es el desempeño antinarcóticos del gobierno Samper en el 96, y la ley de penas fue aprobada en el 97. El que la decisión se tomara el jueves 13 de febrero explica por qué al día siguiente Robert Gelbard, en el debate de la Cámara de Representantes de ese país, haya sido tan radical con sus posiciones hacia el gobierno del presidente Samper. Allí, el subsecretario de Estado dijo que todos los logros de la administración Samper se dieron gracias a la amenaza de la descertificación y de las sanciones económicas. Acusó a Samper de haber ayudado a los narcotraficantes del cartel de Cali y de haber negociado con ellos, junto con el ministro Horacio Serpa, para dificultar la labor de la Policía y la Fiscalía. Según observadores estadounidenses cercanos al proceso, un miembro de la administración Clinton no se hubiera expresado así de no ser una decisión de consenso y porque la decisión de descertificar a Colombia ya se había tomado.
La decisión
La recomendación hecha la semana antepasada por la secretaria de Estado al Presidente fue la de descertificar a Colombia sin aplicar sanciones económicas. ¿Cuál es la probabilidad de que cambie esa decisión? Como dijo a SEMANA un analista diplomático en Washington, "para eso tiene el Presidente a su equipo, para tomar estas decisiones". Aunque en el pasado un presidente de Estados Unidos nunca ha desatendido las recomendaciones de su secretaria de Estado, aparentemente existe sólo una posibilidad de que cambie de opinión, y de ser así sería para mejorar la situación de Colombia. Se trata de la evolución que pueda tener el tema de México en los medios de comunicación estadounidenses por el reciente escándalo del zar antidrogas mexicano. Tras el arresto del general Jesús Gutiérrez Rebollo, porque presuntamente recibió propiedades del narcotraficante Amado Carrillo Fuente, la prensa norteamericana se concentró al final de la semana pasada en el tema de México. Esto ha puesto en evidencia el alto grado de corrupción de las autoridades mexicanas. El gobierno de Estados Unidos ya tomó la decisión de certificar plenamente a México, pero si los acontecimientos destacan ante la opinión pública norteamericana la corrupción en ese país, sería difícil para el presidente Clinton descertificar a Colombia y al mismo tiempo certificar al país azteca. De allí que podría cambiar de opinión por cuestiones políticas y dar una certificación condicionada a Colombia por interés nacional. Esto sin contar que al cierre de esta edición se conoció que la pena efectiva que tendrá que cumplir Miguel Rodríguez Orejuela se incrementaría a más de 20 años, debido a un segundo proceso por narcotráfico en Costa Rica que no había confesado. Esto implica que las bajas condenas que criticaban los norteamericanos ya no lo son tanto.
Agenda cumplida
Fumigaciones: Durante 1996 la fumigación de cultivos de amapola superó dos veces los esfuerzos de 1995.
Carteles: El cartel de Cali fue duramente golpeado. Hubo 2.947 arrestos de personas vinculadas con el negocio ilegal, entre ellas testaferros y lavadores de dólares.
Reforma Penal: El 12 de diciembre del 96 el Congreso aprobó el proyecto de ley de extinción de dominio. Han sido identificadas 1.500 propiedades registradas a nombre de narcos y testaferros y decomisados 2.600 bienes raíces y 698 aeronaves. El 20 de febrero el Congreso aprobó el aumento de penas a narcotraficantes.
Acuerdos: El 20 de febrero se firmó el Acuerdo de Interdicción Marítima.
Sector Privado: Se adoptaron procedimientos con la Aduana de Estados Unidos para impedir la contaminación con droga de envíos al exterior, y controles voluntarios del sector financiero para evitar lavado de dólares.