Los votantes que se hartaron de las elecciones amañadas

Nueva Granada (Magdalena) es uno de esos tantos municipios de Caribe colombiano donde la pobreza rampante contrasta con el voraz apetito electorero de ciertos sectores indeseables de la clase dirigente.

No se trata de una población que ofrezca muchos atractivos para desarrollar un proyecto de vida. Allí tratan de sobrevivir 22.000 habitantes sin acceso a agua potable, con dificultades para encontrar la manera de ganarse la vida, pero acosados todos los días por el apetito insaciable de los políticos.

Cansados de las triquiñuelas y las maniobras indecorosas de las que hacen gala muchos cada cuatro años, sus electores decidieron ponerle el pecho al problema y pedirle de viva voz al Consejo Nacional Electoral (CNE) y demás entidades que eviten la consumación de un nuevo episodio de trashumancia electoral.

En sólo cuatro horas 2.799 granadinos -el 13 % de la población- firmaron una solicitud para que el CNE, las autoridades disciplinarias y el Ministerio Público se ocupe de la situación, pues no quieren que los votos trasteados vuelvan a decidir sus destinos.

Piden que de las 2.900 cédulas inscritas en los últimos cuatro años, 2.400 sean anuladas. Para ellos, es evidente la trashumancia de votos que se está cocinando.

Y es que los oriundos de la zona no entienden cómo a pesar de que su pueblo es uno de los 11 municipios de Magdalena en los que fue declarada la calamidad pública por falta de agua, casi 3.000 personas hayan decidido trasladarse allí para empezar una nueva vida.

Para quienes apoyan la denuncia, sólo 500 de los titulares de esos documentos de identidad han demostrado tener arraigo en Nueva Granada, lo que pondría en evidencia cómo la voracidad de la clase política, y no los programas de gobierno, sigue siendo la nota predominante del debate electoral.

Lo que dice el CNE

Ya en la contienda electoral de hace cuatro años se comprobaron casos en los que personas que no vivían en el municipio terminaron votando. En esa oportunidad, el CNE anuló la inscripción de algunas cédulas, tras verificar que se trataba de casos de trashumancia.

En esta oportunidad, Nueva Granada corre el riesgo de repetir esa historia. La situación de muchas de las personas que se identifican con las cédulas registradas en la población en el último cuatrienio refleja que el lugar donde reciben atención médica es el mismo donde residían antes de su supuesto traslado a territorio granadino.

Las pruebas parecen convalidar la tesis de los 2.800 firmantes de la petición. De hecho, el riesgo electoral se hace tan visible, que el estudio de la queja fue asumido de oficio por el presidente del Consejo, Emiliano Rivera.

A escasas horas de cerrarse el plazo para establecer el censo electoral en todos los municipios del país, los granadinos temen que se consume un nuevo direccionamiento de la contienda electoral.

El CNE, que hasta altas horas de la noche estuvo debatiendo este y otro asuntos, está ad portas de pronunciarse. Las 16.000 inscripciones de cédula que fueron anuladas este jueves en Soledad (Atlántico) son sólo un ejemplo de la manera fraudulenta como ciertos varones electorales pretenden seguir haciéndose al poder en la región.