Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1995/11/13 00:00

EN PROBLEMAS CON LA LEY

Apetitos burocráticos ponen en entredicho la eficacia de la reciente reestructuración de la Procuradurìa.

EN PROBLEMAS CON LA LEY

EN JUNIO PASADO EL CONgreso impuso un récord difícil de batir. Muy pocos políticos recuerdan que un proyecto de ley haya sido aprobado de manera tan vertigiosa. Más de una docena de congresistas consultados por SEMANA ni siquiera recuerda haber votado por él y los medios de comunicación tampoco lo registraron. Todo esto fue posible por la celeridad y empeño que puso Orlando Vásquez Velásquez, para que le aprobaran la Ley 201 de 1995, que reestructura la Procuraduría General de la Nación.
El jefe del Ministerio Público consiguió con relativa facilidad su objetivo gracias a que el proyecto de Ley fue tramitado en la Comisión Primera del Senado, a la cual Vásquez perteneció durante la mayor parte de su vida como congresista. Y como había que aprobar su iniciativa antes de que terminara la pasada legislatura, logró además que se reunieran conjuntamente las comisiones primeras de Senado y Cámara. El resultado no pudo ser mejor: su proyecto de Ley, presentado el 16 de mayo, fue aprobado 35 días después, es decir, el 20 de junio, un día antes de culminar el período de sesiones ordinarias y luego de pasar casi inadvertidamente por las plenarias de Senado y Cámara. "Todos conocemos el desorden que existe en la última semana de sesiones del Congreso. Son muchos los proyectos que se aprueban a pupitrazo limpio y uno ni siquiera se da cuenta. Es lo que pudo haber pasado con la iniciativa del Procurador", le dijo a SEMANA un congresista liberal.
Otro senador observó que la Ley 201 pasó prácticamente inadvertida porque fue tramitada a la sombra de la Ley 200, que dio vida al Código Unico Disciplinario, un instrumento que le dio superpoderes a la Procuraduría para disciplinar a los funcionarios públicos en todo el país.
El afán del Procurador era explicable. La última reforma del Ministerio Público se produjo en 1990 y por ello era urgente ponerlo a tono con la Constitución de 1991. Por esta razón la ley que reestructura la Procuraduría prevé la creación de más de 10 nuevas dependencias, como la Delegada para Asuntos Etnicos, la Delegada para la Vigilancia del Ejercicio Diligente y Eficiente de las Funciones Administrativas y la Delegada para la Autonomía, la Descentralización y los Derechos de las Entidades Territoriales, entre otras (ver recuadro).

¿FAVORITISMO POLITICO?
Aunque hay cierto consenso sobre la necesidad de modificar la estructura de la Procuraduría, en diversos sectores empiezan a escucharse voces que cuestionan la futura eficacia de la Ley 201 debido, según dijo un senador de la Nueva Fuerza Democrática, a las suspicacias que produce el notorio favoritismo político observado desde la designación de Orlando Vásquez. Actualmente la planta de personal de ese organismo asciende a 2.898 funcionarios en todo el país. Según le dijo el Procurador a SEMANA, en las nuevas dependencias solo serán creados 443 nuevos cargos, que le costarán al Estado 4.284 millones de pesos anuales. Sin embargo, una fuente del Ministerio de Hacienda dijo que la Ley 201 no especifica esa cifra de crecimiento de personal y por tanto el número de puestos ascendería a más de 1.000. El costo de la nómina, por consiguiente, se triplicaría.
Para nadie es un secreto que desde cuando llegó a la Procuraduría en septiembre del año pasado, muchos de los congresistas que intervinieron en la elección de Vásquez han sido beneficiados con nombramientos en esa entidad estatal. Al mismo tiempo, numerosos colaboradores suyos en el Ministerio Público provienen de Antioquia, su fortín político. Con estos antecedentes, según dijeron expertos del Ministerio de Justicia, la aplicación de una Ley que genera tantos cargos y que fue aprobada con tal agilidad, resulta sospechosa y no se descarta que la reestructuración de la Procuraduría termine convertida en un festín burocrático.
Pero los problemas de la Ley del Procurador parecen no terminar ahí. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Hacienda, la presentación del proyecto requería de un concepto previo de ese organismo porque se trataba de la reestructuración de una entidad del Estado y creaba nuevos empleos con cargo directo al presupuesto nacional. Antes de presentar el proyecto, la Procuraduría no pidió concepto favorable del Ministerio, por lo cual es muy posible que la Ley tenga vicios de trámite que la harían inconstitucional. Luego, cuando el proyecto estaba en discusión en el Senado. La Procuraduría solicitó la ayuda del Ministerio y este formuló algunas observaciones. Entonces el Ministerio Público, dijeron las fuentes, hizo algunos recortes porque la Ley implicaba un crecimiento enorme de esa entidad.
Sin embargo, el Procurador señaló que "el Ministerio de Hacienda conocìa el proyecto; se estudió en conjunto con ellos, y le dieron viabilidad".
Aun cuando la Ley que reestructura la Procuraduría fue firmada hace tres meses por el presidente Ernesto Samper y los ministros de Hacienda y Justicia, Guillermo Perry y Néstor Humberto Martínez, el gobierno no ha apropiado los recursos necesarios para que empiecen a funcionar las nuevas dependencias del Ministerio Público. Y cuando ello ocurra, Orlando Vásquez deberá demostrarle al país la eficacia de los profundos cambios que el Congreso le introdujo a la Procuraduría.

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