En la puerta del horno

Esta semana se conocerán los nombres de los coroneles de la Policía que serán llamados a curso de ascenso a brigadier general. Uno de los hombres que muchos daban como fijo dentro de esa lista era el del coronel Mauricio Santoyo. Considerado un especialista en la lucha contra el secuestro, este oficial ha cumplido desde hace más de dos años con una misión bien difícil: garantizar la seguridad del presidente Álvaro Uribe. Pero el pasado primero de diciembre la Procuraduría ratificó una sanción que le había impuesto al oficial, y a otros miembros de la Policía, la cual terminó con las aspiraciones de Santoyo de llegar a ser general con la carrera. La noticia cayó como un baldado de agua fría en la Policía y en la Presidencia de la República.

La historia del caso comenzó el 6 de octubre de 2000 a raíz de una investigación que adelantó la Fiscalía en Medellín por la desaparición de dos activistas de derechos humanos vinculados a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos -Asfaddes-. Durante las pesquisas, las autoridades encontraron que las líneas telefónicas de los desaparecidos habían sido intervenidas ilegalmente por el Gaula de la Policía de Medellín. Aunque para la época de las desapariciones de los activistas Santoyo no era director del Gaula, y no está relacionado con ese caso en particular, la investigación sí estableció que mientras Santoyo estaba en la entidad, de diciembre de 1997 a febrero de 2001, la sala de inteligencia del Gaula realizó 1.808 interceptaciones ilegales y que varios miembros de la Policía habrían utilizado órdenes de intervención telefónica con firmas falsificadas de fiscales asignados al Gaula.

Durante casi tres años la Fiscalía hizo pesquisas para tratar de establecer la culpabilidad de Santoyo y sus hombres en los hechos. El 29 de agosto de 2003 esa entidad absolvió de toda responsabilidad al coronel por no encontrar méritos ni pruebas suficientes de su participación en las intervenciones ilegales. No obstante, la Procuraduría, que adelantaba una investigación disciplinaria, decidió no sólo pedir la destitución de Santoyo por considerar que sí tuvo responsabilidad en las intervenciones ilegales, sino que en la misma decisión ordenó la destitución de ocho miembros más de la Policía, la mayoría de los cuales habían sido absueltos también por la Fiscalía. Según el fallo del Ministerio Público, los funcionarios del Gaula intervinieron líneas telefónicas "para lograr resultados operacionales sin importar el costo para los derechos fundamentales de las personas afectadas con la escucha arbitraria de sus comunicaciones privadas".

Cuando esa decisión se conoció a finales de 2003 Santoyo y los demás miembros de la Policía apelaron la determinación. La Procuraduría se demoró casi un año en estudiar el caso y la semana pasada ratificó la sanción. Luego de que se cumplan los plazos de ley, Santoyo saldrá de su cargo en la Presidencia y también de la institución.

Con este caso ya son tres los secretarios de seguridad del Palacio de Nariño involucrados en escándalos en los tres últimos gobiernos En septiembre de 1999, un fiscal llamó a juicio al coronel Germán Osorio, ex edecán del presidente Ernesto Samper, acusado de recibir dos cheques de Elizabeth Montoya de Sarria, la tristemente célebre 'Monita retrechera'. La Fiscalía precluyó la investigación el 3 de abril de 2001 y determinó que no hubo incremento patrimonial del oficial y ordenó archivar el expediente.

El 6 de octubre de 2003, la Fiscalía abrió investigación contra el coronel (r.) Royne Chávez, ex jefe de seguridad del presidente Andrés Pastrana, y su esposa, la popular cantante Maureen Belki Ramírez -Marbelle-, sindicados por enriquecimiento ilícito. Chávez actualmente está detenido en la cárcel La Picota mientras se adelanta la investigación.