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| 12/8/2006 12:00:00 AM

En la puerta del horno...

Tres consorcios perdieron a último minuto contratos para construir cárceles por 228.000 millones de pesos. Se duda de la autenticidad de los documentos de sus ofertas.

La mañana del viernes pasado el ambiente era tenso en el auditorio de Fonade. Estaban reunidas las firmas constructoras que esperaban la respuesta de a quién se le iban a adjudicar los contratos para las ocho cárceles que se van a hacer el próximo año y que costarán 421.000 millones de pesos. Esta vez la ansiedad era diferente a la que normalmente se vive en estos procesos. Era la segunda vez que se reunían para lo mismo.

La primera reunión fue el pasado 2 de octubre y en esa oportunidad se habían seleccionado cinco firmas para entregarles los contratos. Pero la celebración de tres de los seleccionados en esa oportunidad, que ya tenían en el bolsillo negocios por 228.000 millones de pesos, se les aguó al poco tiempo, cuando varios de sus contendores enviaron documentación a Fonade que ponía en duda la experiencia que decían tener. Uno de los requisitos fundamentales para la adjudicación.

Desde ese momento empezó un cruce intenso de información para saber si las acusaciones eran ciertas o no. La tarea no era fácil. De por medio estaban empresas, por ejemplo, con la trayectoria como la de los Nule, que han ganado importantes contratos en el sector público.

Los reparos eran sobre valores y cantidades de obra que supuestamente no coincidían con la realidad, y certificaciones de construcciones que habrían hecho otros contratistas. Las certificaciones en duda de los Consorcios Cárceles de Colombia, Misiones y la Unión Temporal Hispánica fueron expedidas por la firma barranquillera Alejandro Char y Cía. Fue tal la polémica, que la Procuraduría intervino y la información llegó a la Presidencia y a su oficina anticorrupción.

Durante un mes, una decena de técnicos y abogados revisó los soportes con los que los tres consorcios buscaban refutar estos señalamientos. Al final, la conclusión fue que pese a la voluminosa información que enviaron, "no acreditaron la experiencia requerida y sus propuestas fueron rechazadas", dijo a SEMANA Luis Fernando Sanz, gerente de Fonade.

De acuerdo con el análisis jurídico, era necesario repetir los procesos de selección donde hubieran estado estos tres consorcios, para escoger el que quedaría en el primer lugar de elegibilidad. Algo así como volver a barajar.

En la mañana del viernes, en la reunión con los contratistas, se volvió a sortear la fórmula con la que se iban a escoger los ganadores. Este es uno de los mecanismos, implementados desde la administración anterior, que le han valido la buena reputación que tiene esta entidad. Una fórmula de transparencia que incluso es reconocida por los empresarios que fueron descalificados.

Los nuevos consorcios seleccionados fueron CMS cárceles, Vhac, Octa, Acacias 2006, ABG y Camoita, que en un par de semanas deberán estar firmando los contratos.

Sanz reconoce que esta experiencia les representa a los proyectos un retraso de mes y medio, pero él prefiere esta situación a que quedaran dudas sobre la forma como se escogieron los contratistas. "Luego del esfuerzo de todo nuestro equipo, reconforta saber que fuimos capaces de sacar adelante un proceso justo, respetuoso y transparente, a pesar de las dificultades que hubo", dice. Sin duda, una prueba de fuego de la que parece haber salido bien librada una entidad que maneja cerca de dos billones de pesos de contratación pública.

Los organismos de control son los que tiene ahora la última palabra para determinar si tras la experiencia que no pudieron certificar las empresas a las que se les quemó el pan en la puerta del horno, hubo alguna irregularidad o ánimo de engañar al Estado, o sólo fue un lío de interpretaciones jurídicas y técnicas.
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