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| 7/13/1998 12:00:00 AM

EN TABLAS

Tres años después se revive el debate por el polémico narcomico de 1995.

Muchos sabían que Horacio Serpa no era santo de la devoción de Néstor Humberto Martínez. Y viceversa. Pero nunca habían tenido ningún enfrentamiento. Por eso llamó la atención la semana pasada la manera tan frontal como los ex ministros de Justicia y del Interior de la administración Samper se enfrascaron en un debate por la frustrada aprobación en diciembre de 1995 de un proyecto de ley que ponía de patitas en la calle a todos los implicados en el proceso 8.000. Martínez aseguró que el hoy candidato liberal a la Presidencia había tenido un comportamiento dudoso frente al trámite de la iniciativa en el Congreso, al tiempo que Serpa se defendió diciendo que él fue quien hundió dicho proyecto. De estas dos versiones parecía tener más credibilidad la de Néstor Humberto Martínez por la sencilla razón de que coincidía con la confesión de Fernando Botero. En su indagatoria, sobre ese punto el ex ministro de Defensa afirmó que el narcomico fue una trama inventada para absolverlos a todos y agregó que él habló acerca de ese tema con el entonces ministro de Interior. Teniendo en cuenta que Botero y Martínez no han sido de la misma rosca en el proceso 8.000, el hecho de que dos versiones coincidan pone a pensar a más de uno que en realidad pudo ocurrir algo sospechoso en el trámite de la mencionada ley. Lo que ha sorprendido a algunos conocedores de Horacio Serpa es que se hubiera lanzado tan categóricamente a negar las acusaciones, en lugar de defender su posición. El narcomico es una figura jurídica muy controvertida entre los juristas más respetados en el país. El mico consiste en que una persona no puede ser condenada por recibir dineros de un narco antes de que éste, el donador, haya sido condenado. La presunción de narco se basa entonces en sospecha o reputación, lo cual en términos jurídicos implica moverse en arenas movedizas. Es por eso que un cheque recibido de los Rodríguez Orejuela en el 94 daba lugar a cárcel. Pero un cheque de Pastor Perafán en el 89, no. Igual se podría afirmar del cheque de don Efraín Hernández ('Don Efra') para la campaña al Senado de Alfonso Valdivieso. El comerciante de autos terminó acusado de narcotraficante, pero el ex fiscal no va a terminar en la cárcel pues no estaba obligado a saber quién le había entregado la donación. Esta dificultad en la aplicación de los códigos tiene su origen en que la ley que reemplazó al narcomico le torció el pescuezo a la normatividad existente a cambio de la conveniencia jurídica. Nadie en Colombia estaba dispuesto a que por un tecnicismo jurídico los implicados en el 8.000 quedaran libres. Además, la Corte Suprema de Justicia hizo una interpretación para salvar el honor del país más que la integridad de la justicia. Con todos estos interrogantes la defensa del narcomico tenía cierta validez jurídica, pero era impresentable políticamente. Serpa, que es más político que jurista, la embarró al haber tratado de promover una disposición que lograra la salida de la cárcel de los del 8.000.Con todo, el debate entre dos de los más importantes funcionarios de la administración saliente va a terminar en tablas. Néstor Humberto Martínez no logró que Serpa aceptara un tribunal de honor para dirimir la verdad. Y, de otro lado, el ex ministro de Justicia no va a acudir a las instancias judiciales porque sabe que el ex ministro del Interior, pese a las dudas que quedaron en el ambiente, no incurrió en delito al actuar como actuó en el escándalo del narcomico.
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