Martes, 24 de enero de 2017

| 2007/12/01 00:00

En tela de juicio

Una corte de Dinamarca podría absolver a una ONG que financia a las Farc, porque no está demostrado que esta organización sea terrorista. ¿Qué tal?

En Copenhague, la amable ciudad de la Sirenita, el sistema judicial no cree que las Farc sean un grupo terrorista. Jóvenes desorientados llevan en su pecho la insignia de los criminales

Desde su concepción en, 2005, la iniciativa de Fighters + Lovers (F+L) tenía objetivos bien definidos. El propósito fue producir camisetas con logos de las Farc y del Frente Popular para la Liberación de Palestina (Fplp); transferir a estas organizaciones cinco euros por cada camiseta vendida para financiar una emisora de las Farc en Colombia y, en territorio palestino, un estudio gráfico del Fplp; y así desafiar la ley antiterrorista danesa, a través de la cual, desde 2002, se puede condenar hasta con 10 años de cárcel a quien apoye agrupaciones calificadas como terroristas.

Sin embargo, el proceso contra siete integrantes de F+L, iniciado en septiembre por la Fiscalía General de Dinamarca, culminó el pasado lunes con un sabor amargo en el juzgado trigésimo sexto de Copenhague. Se pudo percibir el desasosiego de los fiscales ante la incertidumbre de lo que anunciará el juez Ulrik Stage-Nielsen el 13 de diciembre en el veredicto final. El caso, para la sorpresa de muchos, bien podría finalizar con un fallo a favor de los siete miembros de F+L acusados.

Las dificultades del proceso parecen carecer de toda lógica. Lo más natural sería que los fiscales se basaran en la inclusión de las Farc en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. No obstante, ya en la primera sesión, la defensa puso en tela de juicio las acusaciones al exigir a la Fiscalía que antes de probar las donaciones, le demostrara a la Corte que las Farc son una agrupación terrorista. "Le recordamos a la Corte que la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea no fue creada con base en los instrumentos legales para que tenga valor en un proceso", dijo a SEMANA el abogado defensor Thorkild Høyer.

Y la Corte le hizo caso al declarar indispensable que el acusador "presente pruebas evidenciales para sustentar la acusación de terrorismo contra las Farc". Aunque Dinamarca ratificó la lista de la Unión Europea, que desde 2002 incluye a las Farc, el juez rehusó legitimar los cargos hechos contra F+L, si la objeción de la defensa no era resuelta.

Ante el nuevo panorama, la fiscal Lone Damgaard no tuvo otra alternativa que redirigir sus esfuerzos a comprobar, con base en evidencia real, el terrorismo de las Farc. Lo cual, según afirmó la misma fiscal en diálogo con SEMANA, "hizo de éste un caso sumamente dificultoso".

Para el efecto los acusadores se sirvieron de diversos documentos, dos listas de veredictos de culpabilidad y dos testigos. Uno de éstos fue Ángel Rabasa, un cubano-norteamericano experto en Colombia y consultor del think tank californiano Rand Corporation, que concentró sus argumentaciones en los delitos de secuestro, asesinato de civiles y narcotráfico.

La defensa replicó con base en los testimonios del venezolano Amílcar Figueroa, presidente del Parlamento Latinoamericano Alternativo, y del periodista radial danés Niels Lindvig, con más de 20 años de experiencia en Colombia. Además de esto, presentó un informe de 70 páginas sobre la situación colombiana basado en investigaciones realizadas en los últimos años por ONG europeas. Partiendo de esta base, el defensor afirmó que las Farc sólo secuestran soldados capturados en combate, políticos relacionados con paramilitares y narcotraficantes y colombianos con un capital mayor al millón de dólares, que rehúsan pagar un impuesto de 10 por ciento a las Farc. Al final, la defensa no tuvo reparos en sostener incluso que las Farc "actúan en Colombia como un gobierno soberano".

Pero las dificultades para la acusación también surgieron de las flaquezas de los fallos colombianos presentados. Con colaboración de la Embajada de Colombia en Suecia, la Fiscalía presentó dos listas de veredictos. Sin embargo, la defensa sostuvo, con base en documentos, que una parte de los fallos de la primera lista habían sido alcanzados mediante la tortura y que todos los de la segunda habían sido hechos in absentia. "Lo cual quiere decir que éstos no son válidos en Dinamarca", explicó a SEMANA el defensor Høyer.

Así, la probabilidad de que las pruebas presentadas sean consideradas como suficientes por la Corte es baja. Es más, la credibilidad de Rabasa fue refutada por la defensa con base en documentos que aparentemente demostraban que está al servicio de los intereses de Estados Unidos y, por ende, no es una fuente fidedigna.

No sorprende que el pasado lunes, al inicio de su declaración, la fiscal admitiera "que sin un fundamento de evidencia jurídica la lista de la Unión Europea les pone a los acusadores difíciles reglas de juego". Queda claro, pues, que este caso se podría convertir en precedente para futuros procedimientos legales enmarcados en el contexto. Los más próximos serán el juicio que se iniciará a comienzos de 2008 en contra de la organización danesa Rebelión por haber donado 8.000 euros a las Farc y el probable proceso que la justicia danesa abrirá en contra de la organización danesa de combatientes de la Segunda Guerra Mundial y víctimas de campos de concentración Horserød-Stutthof Foreningen, que en marzo de 2006 decidió enviar a las Farc un apoyo financiero simbólico, "con el fin de luchar contra la ley antiterrorista danesa", según le dijo a SEMANA el presidente de esta asociación, Anton Nielsen.

Sin duda alguna, según la opinión de muchos, uno de los hechos más significativos del juicio es que la inclusión de las Farc en la lista de organizaciones terroristas ha comprobado ser insuficiente para inculparlas como tales. Scott Crosby, experto en derecho criminal europeo y editor de la revista Journal of European Criminal Law, expresó a SEMANA su asombro "por la manera como con el caso de F+L queda muy claro que una cosa es decir sobre el papel que una organización enlistada en el terrorismo debe ser tratada como tal, y otra cosa muy diferente es tener que lidiar con este problema en la realidad de una Corte". Crosby piensa que tras el caso de F+L, una moción de revisión del concepto detrás de la lista antiterrorista de la UE "no es inconcebible".

Una posible solución es factible para Crosby sólo si la corte de Copenhague consulta o transfiere el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. "Una Corte nacional siempre tiene la opción de poner una cuestión como ésta en manos de la Corte Europea y de preguntar de qué modo se debe usar la lista y cuándo y cómo debe ser considerada suficiente".

Pero el hecho de que las leyes antiterroristas de las naciones europeas aparentemente puedan ser burladas causa no sólo perplejidad, sino muchas dudas sobre la coherencia entre los compromisos hechos con la Unión Europea por naciones como Dinamarca y las reales convicciones de estos países en cuanto a temas como la lucha contra el terrorismo. "Este es uno de los aspectos más preocupantes", dijo a SEMANA el profesor emérito de la Universidad Humboldt de Berlín Christian Thomuschat.

Según Thomuschat, que fue coordinador de la comisión de la verdad en Guatemala, la Corte de Copenhague debería proceder bajo las mismas convicciones que condujeron a establecer en 2002 una robusta política europea antiterrorista a través de los listados. "El proceso contra F+L debe ser enmarcado en el campo de los derechos humanos y así, arguye Thomuschat, no será difícil hacer sentir todo el peso de la ley a quien apoye financieramente a una organización como las Farc, culpable de graves crímenes contra el DIH".

Y enérgicamente añadió: "Aquí hay que sentar claramente un precedente. Apoyar así sea simbólicamente a una organización como las Farc no es un juego de niños. Esto es algo que de una vez por todas debe quedar muy claro".

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