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Desde hace 15 años, cuando se aprobó la famosa Ley del Deporte, que tenía como fin controlar el fútbol y evitar la presencia o flujo de dineros oscuros, los gobiernos sucesivos han hecho más bien poco para aplicarla y sanear este deporte. De poco sirvieron las amenazas y promesas que desde el comienzo del gobierno de Álvaro Uribe hizo el vicepresidente Francisco Santos, para darle transparencia al fútbol colombiano. Después de los dos tiempos de Uribe, ni esta llegó ni los equipos se democratizaron. Por el contrario, las crisis económica y deportiva se hicieron cada vez más graves.

Hoy, los 18 equipos profesionales de la categoría A tienen obligaciones por más de 60 millones de dólares, algunos están en riesgo de ser liquidados y la falta de recursos amenaza cada semana con llevar a la huelga a los jugadores, algunos de los cuales no saben lo que es recibir un salario desde hace seis meses. Y eso sin hablar de lo que ocurre en la Primera B, donde la situación es peor.

Por eso, la semana pasada el nuevo director de Coldeportes, el ex senador Jairo Clopatofsky, anunció estar dispuesto a intervenir el fútbol para evitar que la mayoría de equipos sigan incumpliendo el pago de salarios a los jugadores, de impuestos al Estado y de sus obligaciones legales a terceros. Pero sus palabras no solo generaron presiones del medio futbolístico, sino que fueron recibidas con incredulidad por los colombianos.

Los directivos del deporte sacaron a relucir el famoso argumento, no del todo cierto, de que el Estado no puede intervenir porque de inmediato la Fifa desafiliaría al país. Clopatofsky retrocedió, pero para tomar fuerza en su decisión de agarrar el toro por los cuernos. Al final, en una salida concertada se creó una comisión integrada por el director de Coldeportes; los presidentes de la Federación de Fútbol, Luis Bedoya; de la Dimayor, Ramón Jesurum; del Comité Ejecutivo, Jorge Perdomo; de La Equidad, del Atlético Huila y de Acolfutpro, que representa a los jugadores, para buscar un nuevo marco para el fútbol y para el deporte en general.

Pero al contrario de lo que se ha dicho, no todas las soluciones saldrán de esa mesa y en algunos casos deberán ser impuestas por el gobierno, el Congreso de la República y otros actores que poca acogida han tenido en el mundo del fútbol. Así lo impone un negocio que está en manos de pocas personas, que tienen como patrimonio activos intangibles como su nombre, los pases de los jugadores y la ficha deportiva, manejados con unas endebles estructuras, y sobre los cuales la vigilancia, el control y la inspección han sido escasos.

Por ejemplo, solo el tema económico requiere cambios profundos. SEMANA conoció el balance económico de los 18 clubes que conforman la primera división del fútbol profesional, y los resultados son preocupantes. En 2009, los equipos recibieron 162.390 millones de pesos, casi 5.000 millones más que en 2008. Pero de igual manera, sus gastos se dispararon, a pesar de que no contrataron grandes futbolistas ni pagaron las obligaciones no solo con los jugadores, sino con bancos y otras entidades. Mientras que en 2008 los equipos gastaron 160.450 millones de pesos, el año pasado se dispararon a 181.000 millones.

Lo paradójico es que en 2009 los equipos obtuvieron mayores ingresos por taquilla, abonos, publicidad y patrocinios, derechos de televisión, venta y préstamo de jugadores, escuelas de fútbol y venta de camisetas y artículos. Por eso no es claro a dónde fueron a parar estos millonarios recursos. Y no es cierto lo que dijo un directivo esta semana, en el sentido de que el fútbol de este país es pobre. Alrededor de los 36 equipos se mueven importantes capitales y patrocinios públicos, y si algo brilla por su ausencia son los capitales de los propietarios, con excepción de Nacional, Junior, Equidad y Tolima.

El propio Ramón Jesurum, presidente de la Dimayor, dijo al final de la reunión entre el gobierno y los 36 equipos que "le hemos solicitado al gobierno que nos ayude a convertirnos en sociedades anónimas, que nuestros equipos tengan la posibilidad de tener acciones y cotizar en la Bolsa y permitirnos crecer a través de inversionistas nacionales y extranjeros con el control del gobierno. Reconocemos que hoy los temas fiscales, laborales y parafiscales son difíciles, pero queremos construir una salida con el Estado". Pero para la muestra, el Bogotá Chicó y el Depor Fútbol Club ya son sociedades anónimas, pero no tienen un comportamiento distinto que los demás clubes que son corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro.

Mientras se da el cambio de naturaleza jurídica y el Estado crea mecanismos para ayudarlos financieramente, Clopatofsky le dijo a SEMANA que el argumento de que la Fifa no permite intervenir al Estado es falso, pues "nos estamos metiendo en asuntos deportivos, que son del resorte de la Federación, sino en temas legales, en los que los gobiernos son autónomos", tal como ocurrió en Italia hace un par de años. Añadió que está decidido a ejercer las funciones de vigilancia y control que el Estado no ha cumplido en 15 años. "Vamos a mirar la propiedad de los equipos y jugadores con la ayuda de Hacienda, la Dian y Uiaf, al igual que el manejo que han tenido de los recursos. Vamos a mirar sus estados financieros, a hacer un estricto inventario de sus activos, del traspaso de jugadores y del pago de los salarios y sus obligaciones tributarias, y quien no cumpla será sancionado o se le quitará su reconocimiento deportivo, tal y como lo establece la ley".

El país no aguanta más anuncios de cambio ni amenazas de control. Espera acciones que pongan por fin al fútbol en orden. Si fracasa, el ex senador Clopatofsky podría poner en riesgo su capital político, pero si lo logra, como lo ha prometido, pasará a la historia como el hombre que salvó un partido perdido por más de 15 años.