EN TIERRA DERECHA

El pasado miercoles 16 de octubre una decena de parlamentarios recibió del Palacio de Nariño una inesperada invitación: el presidente Ernesto Samper quería verlos en su despacho a las ocho de la noche para hablar sobre los proyectos de endurecimiento de penas contra los narcotraficantes que el gobierno había presentado ante el Congreso. Aunque el primer mandatario había realizado hace un par de semanas dos desayunos con varios congresistas para hablar sobre el mismo tema, que escogiera esta vez a un grupo reducido de congresistas considerados amigos del gobierno tenía un especial significado.
Desde que el gobierno presentó los proyectos de ley su posición frente a los mismos, exceptuando la del ministro de Justicia Carlos Medellín, había sido vista como poco clara. Aunque Medellín insistía por todos los medios en que contaba con el total respaldo del gobierno para sacar adelante las iniciativas, tanto el Presidente como sus compañeros de gabinete parecían totalmente ausentes del debate e incluso en los desayunos, a los congresistas asistentes no les había terminado quedando claro si el gobierno quería finalmente que se aprobaran los proyectos o no. En la reunión del miércoles el tono fue otro. Samper les hizo saber claramente a sus amigos de las comisiones primeras de Senado y Cámara que el gobierno estaba decidido a sacar adelante las iniciativas y que contaba con ellos para que le ayudaran a que no se dilatara más su discusión y aprobación. Con este mensaje, los proyectos de aumento de penas y extinción de dominio entrarán en su etapa caliente la próxima semana cuando se empiece a discutir el articulado en las comisiones primeras. Sin embargo el camino para su aprobación todavía no está allanado. Antes de entrar a estudiarlos en forma las comisiones deberán evacuar el proyecto de reforma constitucional, cuyo trámite en las comisiones se espera termine a comienzos de esta semana, y la extradición, cuya votación está prevista para este martes 22. Si estos dos procesos no se complican, los proyectos contra los narcos entrarían a debatirse en forma el miércoles. Pero aún así, su tránsito rápido no está asegurado. Aunque en general el ambiente para los proyectos ha mejorado y muchos congresistas son optimistas sobre su futuro, son muchas las diferencias políticas y jurídicas que siguen existiendo tanto entre los miembros de las comisiones primeras como entre ellos y el gobierno. La primera de estas diferencias es cuál debe ser el orden del trámite de los proyectos. Mientras un buen número de congresistas va a insistir en que se estudie primero el de endurecimiento de penas con el fin de plantear de entrada la llamada gradualidad para las penas por enriquecimiento ilícito, el gobierno piensa que lo más conveniente es empezar por el de extinción de dominio. Los motivos de la divergencia son claros. Los congresistas interesados en ayudarles a sus colegas que se encuentran en la cárcel a disminuir su permanencia en ella tienen claro que la única manera de hacerlo es ligando el estudio de los proyectos a la obtención de un acuerdo para disminuir la condena por enriquecimiento ilícito no vinculado al narcotráfico, o por lo menos para establecerle beneficios que hagan que la pena cumplida sea más acorde con la que han pagado los narcotraficantes. El gobierno, por su parte, sabe precisamente que la única manera de evitar este condicionamiento sería empezar por la extinción de dominio. En opinión de un miembro de las comisiones primeras, "sería ideal que el tema del enriquecimiento ilícito se discutiera de último, pero es irreal pensar que eso pueda suceder. Si el gobierno quiere tener éxito con los proyectos va a tener que ceder en este punto. Si no lo hace, puede terminar echándolo todo por la borda".
Aumento de penas
De superarse este impasse el debate pasaría a centrarse en el articulado de los proyectos. En el caso del de penas existen diferencias sustanciales entre la propuesta del gobierno y la ponencia. La primera de ellas es que la ponencia plantea sanciones menos drásticas que las que propone el gobierno para la mayoría de los casos. Es así como mientras el gobierno propone, por ejemplo, que la pena por narcotráfico que está actualmente entre cuatro y 12 años de prisión con multa de 10 a 100 salarios mínimos pase de seis a 20 años con multa de 100 a 50.000 salarios mínimos, la ponencia la aumenta solamente de seis a 15 años, con multa igual al provecho obtenido o al daño causado. Lo mismo sucede con las multas en general, que el gobierno propone aumentar hasta 50.000 salarios mínimos, convertibles en arresto, y la ponencia sólo hasta 1.000 salarios, sin que se puedan convertir en arresto, y con delitos como la promoción de organizaciones criminales que el gobierno propone como un delito independiente con penas de 20 a 30 años de prisión y la ponencia deja a nivel de agravante. Otra de las divergencias importantes gira alrededor de la política de sometimiento a la justicia. El gobierno propone prácticamente desmontarla, dejando solamente un beneficio máximo de entre 16 y 13 para la confesión y la sentencia anticipada. La ponencia colectiva propone aumentar las rebajas a entre 16 y 12 y estudiar a fondo el tema del desmonte, dejando ver que no está totalmente de acuerdo con él. Algunos senadores, como Luis Guillermo Giraldo, quien se apartó de la ponencia de sus colegas para apoyar los aumentos de penas propuestos por el gobierno, piensan por ejemplo que no tiene sentido acabar con los beneficios por delación. "Sería absurdo acabar con una de las figuras que más puede contribuir al desmantelamiento de las organizaciones criminales", asegura. Con él hay un importante grupo de parlamentarios para quienes se deben reducir los beneficios de la política de sometimiento y sobre todo la posibilidad de acumularlos, pero se deben conservar algunos de sus elementos como la delación.
Exctinción de dominio
Aunque las diferencias entre el gobierno y la ponencia del proyecto de extinción del dominio, liderada por los senadores Germán Vargas Lleras y Claudia Blum, son muy pocas, este proyecto va a ser probablemente el que más dificultades encuentre para su aprobación. Un importante número de parlamentarios y varios reconocidos juristas tienen divergencias de fondo con los planteamientos del gobierno y de los ponentes. La más importante de ellas es si, de aprobarse, la extinción del dominio podría aplicarse a bienes de origen ilícito adquiridos con anterioridad a la vigencia de la ley, o sólo a los adquiridos con posterioridad a ésta. La tesis, tanto del gobierno como de los ponentes, es que se aplicaría a todos los bienes obtenidos ilícitamente, por cuanto sobre estos bienes no se ha conformado un derecho de propiedad, precisamente por haber sido adquiridos ilegalmente. Es por esto que no se puede hablar de retroactividad, pues lo que se estaría haciendo es simplemente hacer efectiva la extinción de dominio sobre bienes que nunca han sido poseídos legítimamente. Hay sin embargo un importante número de parlamentarios y varios reconocidos expertos en la materia que disienten de los argumentos del gobierno y los ponentes. Para ellos, en ningún caso una norma de carácter penal puede aplicarse sobre hechos ocurridos con anterioridad a la existencia de la norma pues se estarían violando principios fundamentales de la ley penal como la no retroactividad y la favorabilidad. En palabras de un reconocido jurista, "uno de los principios más importantes en derecho penal es el de que el ciudadano debe tener la posibilidad de conocer, en la eventualidad de cometer un delito, cuáles son las consecuencias que su actuación tiene ante la ley. En ningún estado de derecho es admisible que se le apliquen a la gente normas penales establecidas después de haberse cometido el delito".
En este tema es posible que se abra paso una posición intermedia sostenida por algunos parlamentarios como la representante Vivianne Morales y respaldada por expertos como el ex procurador Alfonso Gómez Méndez. Para ellos, la extinción de dominio podría aplicarse a bienes adquiridos antes de que fuera sancionada la nueva ley, pero sólo a los obtenidos después de que el enriquecimiento ilícito por narcotráfico se tipificó como delito, a finales de 1989. En opinión del ex procurador, "lo ideal es que pudiera ser retroactiva, pero es muy difícil encontrar una sustentación jurídica para que se aplique a los bienes adquiridos antes de 1989".Otro de los puntos que genera una gran controversia es la propuesta del gobierno de que sea la jurisdicción contencioso administrativa la que decida sobre la extinción del dominio. Los ponentes están de acuerdo con que exista una jurisdicción distinta a la penal en los casos en que el proceso termine sin que al delincuente se le quiten los bienes, como por ejemplo cuando muere el procesado o precluyen los términos del proceso. Sin embargo consideran que debe mantenerse dentro de la jurisdicción penal cuando no se den circunstancias como éstas. Sobre este tema son también numerosas las voces en discordia, tanto dentro del Congreso como por fuera de él. Importantes juristas, entre ellos el presidente del Consejo de Estado, Daniel Suárez, y los ex magistrados Pablo Cáceres y Jorge Enrique Valencia, consideran que no hay ninguna justificación para que la extinción del dominio sea competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, que es la encargada de las relaciones entre el Estado y los individuos. Adicionalmente hay varios congresistas y expertos preocupados por el alcance mismo de la extinción del dominio, pues encuentran que ni en el proyecto del gobierno ni en la ponencia se hace suficiente claridad acerca de los bienes sobre los cuales recaería la extinción del dominio. En opinión de la representante Vivianne Morales, "la aplicación de la norma está tan ambigua que podría extinguírsele el dominio sobre sus bienes por ejemplo a un agiotista o a un evasor de impuestos si se considera que se enriquecieron indebidamente. Se debe especificar claramente cuáles son los casos de enriquecimiento ilícito en los que se aplicaría la extinción del dominio".Hay también quienes disienten tanto del gobierno como de los ponentes en que se pueda independizar la extinción del dominio de la sentencia penal por enriquecimiento ilícito. Para estos disidentes sigue siendo imperativo demostrar primero que existió el delito de enriquecimiento ilícito para poder proceder a extinguir el dominio sobre los bienes de quien se enriqueció ilegalmente.
Semana decisiva
El respaldo que finalmente le dio el Presidente la semana pasada a los proyectos sin duda alguna contribuyó a cambiar las perspectivas para su aprobación. Varios de los congresistas partidarios de las iniciativas que hace un par de semanas se mostraban pesimistas frente el futuro de éstas ven ahora posibilidades mucho más claras de que terminen aprobados en esta legislatura. La presencia del ministro del Interior Horacio Serpa durante la última semana en los debates, aunque silenciosa, fue interpretada como una muestra de su intención de meterle el hombro al asunto. La primera oportunidad de demostrar sus habilidades para el manejo del Congreso se le presentará precisamente cuando surja el debate sobre la reducción de penas para el enriquecimiento ilícito. Es este el punto alrededor del cual harán su primera medición de fuerzas el gobierno y el Congreso. Aunque es difícil que pueda salir triunfante la propuesta de varios parlamentarios de disminuir las penas por enriquecimiento ilícito al punto de hacer excarcelables las condenas que se preveén para los congresistas detenidos, cada vez se abre más paso la tesis de lograr un acuerdo intermedio que disminuya las penas establecidas actualmente, pero no tanto como para dejarlos libres y generar con ello la sensación de impunidad. Superado este obstáculo los que siguen tendrán más bien un carácter jurídico, pero no por ello serán más fáciles de salvar, pues como dijo el ex magistrado Pablo Cáceres a SEMANA, "aun estando de acuerdo en que hay que combatir decididamente al narcotráfico y que es un problema que no le podemos dejar a las próximas generaciones, no es fácil encontrar cómo afrontar jurídicamente con efectividad un fenómeno semejante".