Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2015/12/16 22:28

La 'última carta' para salvar la Universidad de la Fiscalía

Este martes se reuniría el Consejo Directivo para determinar si habrá presupuesto o será cerrada definitivamente la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ).

La institución dejará de funcionar pese a que en dos años de actividades tuvo una inversión de 31.245 millones de pesos. Foto: Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ).

Tras las revelaciones de Semana.com sobre las irregularidades que llevaron al cierre de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), el fiscal general, Eduardo Montealegre, mostró su descontento y acusó al rector, César Solanilla, de ser responsable de las fallas administrativas que llevaron al declive del centro educativo.

La  pelea que se esconde en que el proyecto estrella del ente acusador creció tanto que se requirió de la intervención del Ministerio de Educación y la Procuraduría para vigilar el proceso y garantizar la continuidad de los programas a los estudiantes.

Este portal logró establecer que este martes se dará una reunión crucial en la que se definirá, de una vez por todas, lo que va a suceder con la universidad. El encuentro está citado para las 10 de la mañana en el despacho de Marcela Yepes, directora de apoyo a la gestión.

Al encuentro están citadas las directivas de la universidad; el vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo; el director del CTI, Julián Quintana; un delegado del Ministerio de Educación, y la Procuraduría.

Se discutirán tres puntos claves: el primero corresponde a garantizar la continuidad de los programas de los estudiantes matriculados. También se busca un acuerdo de 19.000 millones de pesos para su funcionamiento y, por último, se busca que la Fiscalía cumpla los acuerdos a los que se comprometió en el momento de la creación de la universidad (presupuesto y entrega de sede).

"La reunión no será nada fácil. Nuestro propósito siempre ha sido velar por la continuidad de la universidad. Es  un buen proyecto que debemos continuar y no se debe acabar", dijo César Solanilla, rector de la entidad.

Para el rector es claro que la Fiscalía incumplió con los compromisos que asumió al crear la universidad. “No cumplió con la transferencia de los bienes inmuebles necesarios para el funcionamiento de la universidad. Máxime cuando la proyección inicial no se refería sólo a la sede de Aquimindia, sino que los compromisos incluían la sede de la calle 73, un campus en Ibagué, otro en Cajicá, entre otros”.

El entierro de la universidad

Detrás de todo esto hay una serie de irregularidades. Persecución, allanamientos, amenazas y decisiones arbitrarias que acabarán con este proyecto. La institución, que no muchos conocen y pocos saben para qué sirve, dejará de funcionar pese a que en dos años de actividades, el 2014 y el 2015, tuvo una inversión de 31.245 millones de pesos.

La universidad cuenta con 23 estudiantes matriculados en una tecnología, 11 en la especialización de juicio oral y cinco en la de pensamiento crítico. El claustro tiene 16 gestores de conocimiento y 64 empleados administrativos y académicos. La sede está situada en Aquimindia (Cota, Cundinamarca), en donde funcionó por años la escuela de formación de detectives del desaparecido DAS. Los estudiantes pagan entre 1,4 y seis millones de pesos por sus estudios.

En la inauguración del centro educativo el jefe del ente acusador expuso: “La universidad hace parte de una gran apuesta para tecnificar la Fiscalía General de la Nación e iniciamos un gran proceso de capacitación en nuevas tecnologías. Hemos contado con el apoyo del presidente de la República, de la ministra de Educación y ya está el proceso de aprobación de todos los programas que tendrá”, dijo Montealegre el 7 de julio del 2014.

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