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| 8/18/2012 12:00:00 AM

En vilo el caso Matamala

El sonado crimen de una pareja de jóvenes universitarios abaleados en Córdoba quedaría en la impunidad si los dos únicos testigos deciden no declarar por falta de garantías.

En San Bernardo del Viento, Córdoba, todos saben -y temen contar- quiénes fueron los asesinos de Margarita Martínez y Mateo Matamala, la pareja de jóvenes universitarios bogotanos muertos allí en enero de 2011. Un crimen que impactó al país y que tendría camino seguro a la impunidad de no ser por dos testigos de excepción que decidieron colaborar con las autoridades pero que ahora, en vísperas del juicio, están dudando si declarar ante la justicia porque consideran que el Programa de Protección a Testigos de la Fiscalía no les brinda las garantías que requieren.

Los dos testigos no solo son determinantes para resolver el crimen. Han también brindado información que permitió la captura de seis integrantes de la banda criminal (bacrim) Los Urabeños que delinquían en esa zona. Varios de los detenidos ya han aceptado su pertenencia a la organización y entre estos estarían los homicidas de los universitarios.

El primer testigo asegura que el 10 de enero de 2011 presenció cuando un 'campanero' les contó a los miembros de la bacrim en San Bernardo del Viento que había un par de extraños (Margarita y Mateo), merodeando entre los manglares aparentado ser turistas con cámaras. Aunque realmente eran una pareja de inocentes biólogos fascinados con la biodiversidad del lugar, los delincuentes supusieron que eran agentes antinarcóticos encubiertos que buscaban pruebas en esa zona usada para despachar cargamentos de droga. Sin más, decidieron asesinarlos. Tres pistoleros acudieron al lugar: obligaron a Margarita y Mateo a arrodillarse y les propinaron nueve disparos. El segundo testigo observó cuando los asesinos se alejaron del lugar y ocultaron las armas.

El crimen produjo conmoción y las autoridades desplegaron un gran operativo en la zona. Los testigos calcularon que la reacción natural de los asesinos sería eliminarlos y por eso decidieron, independientemente, salir de la zona y acudir a la Fiscalía. Demostraron ser definitivos para el caso, orientaron a los investigadores con información clave e ingresaron al Programa de Protección a Testigos. Fueron ubicados en ciudades alejadas.

Sin embargo, a medida que se acerca el momento de rendir declaración ante un juez y señalar quiénes fueron los asesinos de los universitarios, las intimidaciones han aumentado. Uno de los testigos, desesperado, tuvo que sacar de Córdoba a su esposa con sus propios medios. "Dos hombres fueron a su casa, la golpearon para que dijera dónde estaba yo y la amenazaron de muerte si yo declaraba. Solicité que la protegieran también pero la rechazaron que porque tiene nivel de riesgo ordinario", dice. Y explica que ante la situación no tuvo más solución que traerla con sus dos hijos. Ahora los cuatro comparten el lugar que le asignó a él el programa. El testigo protegido sabe que esto va contra el reglamento del programa . "Pero yo qué más hago; lo que temo es que, una vez declare, nos expulsen de acá sin la ayuda para reubicarnos", dice. El otro testigo también aseguró a esta revista que varios de sus familiares han sido amenazados y afirmó que, aunque su declaración ya está programada, no está seguro de rendirla "porque acá no me han salido con nada frente a esa situación".

Jorge Rojas Pinzón, director del Programa de Protección de la Fiscalía, que actualmente cobija a 1.589 personas entre víctimas y testigos resguardados, explica que las incorporaciones al mismo no son caprichosas sino que dependen de una serie de requisitos de ley. "Efectivamente llevar a las sedes a personas que no están en el programa es una violación al reglamento. Pero antes de tomar cualquier decisión analizaremos con calma y detalle las circunstancias específicas del caso", sostiene.

Para las próximas semanas están programadas las audiencias en las que deberán intervenir los dos testigos claves en el esclarecimiento de un crimen que sacudió al país. Pero tanto su participación como la resolución del caso están en vilo por estos líos. Algo que las familias de las víctimas no merecen.
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