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| 9/3/2001 12:00:00 AM

En vilo

Se agota el tiempo para que el Congreso de Estados Unidos renueve el Atpa. Se han dado pasos importantes para ampliarlo a más productos de exportación.

El proximo 28 de noviembre en el Congreso de Estados Unidos se jugará la suerte de muchos exportadores colombianos. Ese día está previsto que se debata en el comité de finanzas del Senado un proyecto de ley presentado por el senador de la Florida Bob Graham, que renueva y amplía el Tratado de Preferencias Arancelarias para la Zona Andina, más conocido por su sigla inglesa, Atpa.

Es una decisión crucial pues el tratado actual vence el próximo 4 de diciembre. Si para entonces no existe una norma que lo extienda las exportaciones colombianas que hoy entran a Estados Unidos con cero arancel estarían en peligro. Y no son poca cosa. En 2000 representaron el 12,4 por ciento del total de las exportaciones colombianas al país del norte. En términos sociales pueden ser aún más significativas.

Las exportaciones bajo el Atpa han sido además un motor económico. En los últimos ocho años el comercio colombiano con Estados Unidos creció 70 por ciento mientras que en el mismo período las exportaciones cubiertas por este tratado crecieron en 800 por ciento.

Afortunadamente el Atpa ya se ha abierto buen camino en el Congreso estadounidense. La semana pasada la Cámara de Representantes aprobó en plenaria un proyecto impulsado por los legisladores Bill Thomas y Phil Crane, ambos republicanos, por el cual se renueva y amplía el Atpa de una manera más generosa que la misma iniciativa del demócrata Graham. Es decir, que si el proyecto del senador Graham es bueno para los exportadores colombianos el de los representantes Thomas y Crane es el cielo. Este último no sólo equipara los beneficios del Atpa a los que hoy reciben los productos cobijados por el Nafta (el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá) sino que va más allá. Cubriría a unos 650 productos nuevos y beneficiaría enormemente a industrias como el petróleo, el calzado, las manufacturas de cuero, el atún enlatado y las confecciones. El incentivo de exportar sin aranceles a Estados Unidos ya no cubriría al 12,4 por ciento de la exportaciones sino al 80 por ciento.

Según explicó a la prensa el embajador de Colombia en Washington, Luis Alberto Moreno, el sector más beneficiado sería el de las confecciones pues tendría un enorme campo donde crecer. En 2000 las confecciones colombianas apenas representaron un 4,4 por ciento del total que importa Estados Unidos. “Con sólo ampliar ese mercado al doble, dijo el embajador, ya se estarían multiplicando el número de empleos directos e indirectos que genera esta industria en Colombia”.

‘Lobby’ por lo alto

La tarea de renovar el Atpa ha sido ardua. La embajada, la misión comercial colombiana en Washington y hasta el propio presidente Andrés Pastrana han hecho la paciente labor de convencer uno a uno a cada congresista estadounidense para que lo respalde. Sólo para tener una muestra, en su reciente visita a Washington el presidente Pastrana se reunió con 30 senadores y 60 representantes y con los líderes de los dos cuerpos legislativos en busca de apoyo para el Atpa.

Desde que fue aprobada por primera vez, hace 10 años, esta ley de preferencias arancelarias buscaba darle a Colombia alternativas de desarrollo económico diferentes al narcotráfico. A pesar del éxito del tratado estas razones siguen siendo válidas hoy. Y son las que el gobierno colombiano ha enfatizado con buenos resultados. La exposición de motivos del proyecto de ley aprobado por la Cámara explica que si bien el problema del comercio ilegal de la cocaína ha sido parcialmente enfrentado con la ayuda para el Plan Colombia ésta no es suficiente. Y añade que: “Promover el comercio legal con Estados Unidos provee mecanismos alternativos para revitalizar y estabilizar las economías de la región andina”.

A pesar de los logros todavía falta por hacer. Si el 28 de noviembre próximo no se aprueba en la comisión del Senado el proyecto de Graham para renovar el Atpa, podría lograrse antes de que terminen las sesiones del Congreso este año una simple extensión temporal del actual Atpa por seis meses más. Esta propuesta está incluida en el paquete de estímulos económicos que presentó la administración Bush para aprobación de los legisladores luego de los tristes sucesos del 11 de septiembre. Si sólo fuera aprobada esta norma la situación del Atpa sería muy endeble y en lugar de abrir oportunidades nuevas para empresarios de la región andina puede cerrarlas. Si, por el contrario, sale el proyecto Graham y éste va a conciliación con el proyecto que ya salió de Cámara las perspectivas serían verdaderamente alentadoras para las exportaciones colombianas.

Hay dos tipos de desafíos: uno es el tiempo pues quedan escasas dos semanas hasta que venza el Atpa. El segundo es el otro lobby, el que están haciendo algunas empresas estadounidenses sobre los congresistas de sus regiones para ponerle condiciones al tratado. Es decir, que se condicione a los pagos por parte de empresas estatales colombianas por pleitos que han perdido en tribunales de arbitramento frente a firmas estadounidenses. Una de éstas es Sithe Energies, la matriz de la famosa empresa TermoRío, que obtuvo un fallo favorable de un tribunal de la Cámara de Comercio por 60,3 millones de dólares contra la empresa Electrificadora del Caribe hace poco menos de un año. Como el escandaloso caso involucró investigaciones y acusaciones judiciales por posibles irregularidades el Estado colombiano pidió su anulación ante el Consejo de Estado y está pendiente del fallo. Por eso no ha sido pagado.

Otra de las empresas que han frenado la aprobación del Atpa es Nortel, que ganó en abril pasado un pleito contra Telecom por 72 millones de dólares, que la empresa estatal también llevó al Consejo de Estado y no ha pagado hasta tanto éste no se pronuncie.

En las provisiones del proyecto de ley que salió de la Cámara se consignaron las dos peticiones de estas empresas estadounidenses. “El comité le recuerda al gobierno de Colombia que está obligado, como beneficiario de Atpa, a atender sus responsabilidades frente a las corporaciones estadounidenses que han alcanzado fallos arbitrales favorables….”, dicen las provisiones de la ley.

Además de los lobbystas registrados oficialmente en el Congreso estadounidense para defender sus intereses estas empresas cuentan con figuras de la talla del ex embajador Myles Frechette, según revelaron a SEMANA fuentes cercanas al gobierno colombiano.

De otro lado, empresas con intereses particulares en la exportación de productos agrícolas hacia Colombia han presionado al Congreso para que éste le exija al gobierno colombiano que desmonte su sistema de bandas de precios, un mecanismo que permite subir los aranceles de varios productos. “El comité considera que el sistema de bandas de precios no es transparente y fácilmente manipulable como un mecanismo de protección”, dicen también las provisiones del proyecto del nuevo Atpa.

Como se puede ver, son muchos los intereses en juego que hacen de la aprobación de un sistema de preferencias arancelarias para la región andina, incluida Colombia, un proceso de ardua negociación. Es indiscutible que ha avanzado con éxito a pesar de las dificultades. Pero el tiempo se agota y empresas clave en materia social y económica por la cantidad de divisas y de empleo que generan, como las flores o los textiles, esperan en vilo. Ojalá el Congreso estadounidense se mueva a la velocidad que se necesita y la mejor versión del Atpa sea aprobada pronto.
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