Lunes, 1 de septiembre de 2014

Encapuchados podrían afrontar hasta cuatro años de cárcel, según la propuesta del ministerio de Defensa. Daniel Reina Romero / SEMANA

| 2013/09/11 00:00

Encapuchados se exponen a cuatro años de cárcel

Tras la tormenta de los paros, Gobierno propone prisión hasta por el simple hecho de participar en el bloqueo de vías.

Luego de la tormenta que enfrentó el gobierno tras el paro agrario, que degeneró en bloqueos de vías que dejaron incomunicados varios departamentos en el centro y el sur del país, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le presentó al Congreso un conjunto de normas para enfrentar -drásticamente- los actos de violencia que se han presentado alrededor de la protesta social.

La propuesta pretende modificar uno de los más polémicos alcances de la ley de seguridad ciudadana que en el año 2011 impulsó el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y que impuso cárcel para quienes incitaran los bloqueos de vías. En su momento esta medida recibió una lluvia de críticas pues para algunos sectores pretendía limitar el derecho a la protesta.

Esa polémica probablemente pueda volver a encenderse con este nuevo proyecto de ley que le presentó el gobierno al Congreso, el cual fue denominado como “medidas contra el terrorismo y la criminalidad”. Uno de los alcances de la iniciativa pretende que la sola participación en los bloqueos de vías también sea sancionada con cárcel.

Actualmente la ley colombiana sanciona con prisión a quien “por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte (…)”. Con esta tipificación, sólo los llamados incitadores, o autores intelectuales de los bloqueos podrían estar sujetos de ir a la cárcel.

Pero ahora, el gobierno propone ampliar este concepto, además, para quien participe. Es decir que quienes acudan a las vías para bloquearlas estarían expuestos a las duras sanciones.

Según el ministro Pinzón, el objetivo no es “criminalizar” la protesta, un derecho que está consagrado en la Constitución y que -a juicio del funcionario- el actual gobierno ha garantizado. Lo que se busca es fortalecer las sanciones a las personas que promuevan y participen en actos de violencia o vías de hecho, y cuando con estas conductas se atente contra la vida humana, la salud pública, la movilidad, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo.

“En el marco de la protesta social que se ha desarrollado en los últimos meses en el territorio nacional, se ha evidenciado que estos espacios democráticos han venido siendo utilizados por grupos delincuenciales y grupos armados al margen de la ley para promover la violencia, la utilización de vías de hecho y los bloqueos de las vías públicas, hechos que afectan gravemente los derechos de los ciudadanos e impactan el orden público”, justifica Pinzón en el proyecto.

Y agregó que en “aras a garantizar el ejercicio del derecho a la protesta social y con el fin de proteger los derechos de todos los colombianos en el territorio nacional, es necesario fortalecer las medidas penales para sancionar efectivamente a las personas que promueven los actos de violencia y vías de hecho que afectan el orden público y la normalidad de las actividades de los ciudadanos en distintas regiones del país”, explicó.

El proyecto eleva las sanciones penales, pues para los que promuevan o participen de los bloqueos, se contempla la prisión entre 36 y 60 meses y multa de 100 salarios mínimos legales. La actual norma contemplaba prisión de 24 a 48 meses y multa de 75 salarios mínimos.

La iniciativa del gobierno no se reduce allí. Pues aumenta en una tercera parte la pena de prisión cuando quien participe en un bloqueo de vías utilice medios que impidan su plena identificación. El gobierno se refiere en la exposición de motivos del proyecto a quienes salgan a las vías encapuchados, quienes según la propuesta del ministro de Defensa, podrían exponerse a cárcel entre cuatro y seis años de prisión.

Otro de los agravantes de esta conducta será si este delito de obstrucción de vías es cometido con utilización de menores, personas en situación de discapacidad o personas de la tercera edad.

El gobierno admite en el proyecto la dificultad que ha tenido para judicializar a quienes incurren en actos de violencia durante las protestas. Y es por eso que pide suprimir de la ley actual el término “por medios ilícitos”, uno de los mayores obstáculos para la judicialización, e incluir el verbo rector de participación, además de incluir como bien jurídico a proteger el de la movilidad.

La propuesta fue recibida con reservas por algunos miembros del Congreso. El representante Germán Varón (Cambio Radical) admite que el verbo rector de la participación en un bloqueo puede ser interpretado con dificultad.

“El solo hecho de participar en la protesta no necesariamente puede terminar constituyendo un delito que prive de la libertad a un ciudadano”, considera Varón, a la vez que advierte la dificultad, desde el punto de vista constitucional, que el uso de la capucha se pueda convertir en un agravante para aumentar las penas.

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