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| 11/4/2015 2:00:00 PM

En cinco ciudades, el 71 % no aceptaría la participación política de las FARC

Una encuesta de Cifras y Conceptos revela que en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cali importa más la delincuencia común que las guerrillas. Además el 48 % rechaza el referendo.

Colombia es un país de contrastes, y quizás la brecha más grande existe entre el país rural y el de las grandes capitales. Prueba de ello es la percepción que se tiene sobre el conflicto armado y un posible escenario del posconflicto. Mientras en las zonas más afectadas por la guerra hay mayor disposición a aceptar algunas concesiones a las FARC, en las grandes ciudades no están tan dispuestos a “tragarse algunos sapos”, como se dice popularmente.
 
Por lo menos así lo advierten los resultados de una encuesta de la firma Cifras y Conceptos, que midió el ambiente para la paz en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, y que fue contratada por el Premio Nacional de Paz.
 
Para ello, se consultaron a 6.551 personas en edad de votar. Las entrevistas personales se realizaron entre los meses de agosto y septiembre, un lapso de tiempo en el que se produjeron intensas noticias alrededor de los diálogos de paz y el conflicto.

La encuesta se realizó en el contexto de una nueva tregua unilateral decretada por las FARC (que fue iniciada el 20 de julio), y de los acuerdos en materia de la Comisión de la Verdad y los diez puntos del acuerdo base en materia de justicia transicional, sellado el pasado 23 de septiembre con el apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe guerrillero alias ‘Timochenko’.
 
Varias conclusión se desprenden del estudio. En primer lugar, la violencia generada por las guerrillas no es lo que más importa en estas cinco capitales, donde el 36 % señaló que la violencia que más les preocupa es la que tiene que ver con la delincuencia en las calles. Solo para el 14 % las guerrillas son su principal problema.



Incluso, tanto en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, se registra un empate entre quienes piensan que la mejor salida al conflicto es por la vía negociada (33 %) y los que consideran viable la derrota militar de las FARC (30 %). Medellín fue la ciudad donde los encuestados están más a favor de la derrota militar de la guerrilla (37 %), frente a quienes consideran la salida negociada (37 %).
 
Otro dato revelador del estudio se concentra en la disposición que hay entre los ciudadanos para aceptar algunos escenarios del posconflicto. De la encuesta se desprende que más de la mitad de la población no está dispuesta a que los jefes guerrilleros ocupen lugares de representación política, a dar trabajo a los desmovilizados, o a aceptar que sus hijos se relacionen con excombatientes.
 
Por ejemplo, en estas cinco ciudades, el 52 % de los consultados sí estaría dispuesto a dar plaza de trabajo a desmovilizados, el 50 % aceptaría que sus hijos estudiaran con hijos de exguerrilleros, y el 49% no ve ningún problema en tener un excombatiente como vecino.



Pero a la pregunta de si aceptaría que un desmovilizado fuera novio de uno de sus hijos, el 72 % respondió que no lo aceptaría, y cuando se preguntó si aceptaría que un exintegrante de un grupo armado ilegal participara en política o gobernara, el 69 % lo rechazó.
 
Según la encuesta, Bucaramanga es la ciudad que más aceptaría a los desmovilizados, allí el 61% dijo que les daría trabajo, el 53 % aceptaría que sus hijos compartieran colegio con hijos de exguerrilleros, y el 60 % aceptaría ser vecino de un excombatiente. A diferencia, Barranquilla es la ciudad donde se concentró mayor rechazo a estos posibles escenarios.

La encuesta también indagó la percepción de los ciudadanos frente al posible precio que estarían dispuestos a aceptar. La mayoría de los consultados, el 72 %, considera que la dejación de armas debe ser un requisito. Pero, el 48 % está en contra de un referendo para ratificar los acuerdos de paz, el 57% rechaza una Asamblea Nacional Constituyente, el 71 % no acepta la participación electoral de los miembros del secretariado de las FARC, el 75 % no admitiría que los desmovilizados se reincorporaran en la fuerza pública, y el 80 % rechazó que el precio de la paz sea entregar curules a dedo en el Congreso a las FARC.
 
Muchos de esos  asuntos son los que deberán acordarse en La Habana, y temas como la participación política de la guerrilla seguramente es uno de los propósitos del proceso de paz, sin embargo en las ciudades se rechaza ese escenario.
 
La encuesta también arrojó cierto rechazo al acuerdo de justicia transicional. Mientras un 40 % se mostró de acuerdo con que los guerrilleros rasos no paguen cárcel, el 40 % se mostró de acuerdo en que la pena para los máximos responsables sea entre 5 y 8 años de cárcel. El modelo de justicia transicional pactado el pasado 23 de septiembre, y que habla de “restricción efectiva de la libertad” (pero no de cárcel) fue admitido solo por el 29 % de los consultados.


 
En  las ciudades, para el 49 % de los consultados la importancia de conocer la verdad en el marco del conflicto permite que se conozca cómo se conocieron los hechos, el 39 % cree que permite que se sepa el porqué de lo ocurrido, y el 32 % cree que posibilita que conocer quienes fueron los responsables de los hechos. Hay un pequeño sector que cree que el proceso de verdad dificultará la reconciliación (20 %) o genera nuevas violencias producto de venganzas (10 %).
 
Probablemente la visión sobre el conflicto sea muy distinta en las ciudades que en el campo, o en las zonas donde la guerra ha tenido mayor impacto. Lo cierto es que, a partir de esta encuesta, en las principales capitales no se percibe un ambiente tan favorable a determinados escenarios del posconflicto.




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