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| 6/29/2015 12:00:00 AM

¿Aceptaría que sus hijos fueran amigos de desmovilizados de las FARC?

Encuesta revela cómo en zonas afectadas por el conflicto, la mayoría de sus habitantes no están dispuestos a aceptar relaciones cercanas con desmovilizados.

Aunque en las zonas del país más afectadas por el conflicto armado interno existe un consenso casi general en que la mejor forma de terminarlo es por la vía negociada, el actual proceso de paz que el gobierno y la guerrilla de las FARC adelantan en La Habana, desde noviembre de 2012, no genera mucho optimismo. Para el 70 % de los habitantes de esos territorios, es poco o nada posible que las FARC se desmovilicen en este 2015.

Ese es uno de los resultados de la reciente encuesta del Barómetro de las Américas, liderada por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, y que fue aplicada por el Centro Nacional de Consultoría, en el que se trató de medir las actitudes democráticas en las llamadas zonas de consolidación territorial, o zonas directamente afectada por el conflicto.

En total, entre los meses de marzo y abril, fueron entrevistadas 1.390 personas en edad de votar, en 40 municipios y 22 cabeceras rurales, las cuales hacen parte del plan de consolidación Espada de Honor. El tamaño de la muestra inicial era de 1.500 entrevistas, pero, por condiciones de seguridad, el estudio no pudo hacerse en tres municipios, Ataco (Tolima), Planadas (Tolima) y Toribío (Cauca), y a dos zonas rurales, Tierralta y Valencia, en el departamento de Córdoba.

Los territorios donde se desarrollo el estudio del Barómetro de las Américas 2015, son además los que el gobierno considera como determinantes para la etapa del postconflicto, en el escenario en que los diálogos de paz de La Habana concluyan en un acuerdo para poner fin al conflicto, y que garantice, entre otras, la reincorporación a la vida civil de los alzados en armas. En últimas, son en esas zonas donde tendrán que relacionarse directamente víctimas con victimarios.

Según la muestra, los habitantes de las zonas de conflicto están más dispuestos que el resto de colombianos a convivir en sus barrios con desmovilizados. Sin embargo, son más rehaceos a establecer relaciones cercanas con los posibles excombatientes o incorporarlos en espacios laborales.

El 56,8 % de los encuestados dijo no tener problema con tener a un desmovilizado de las FARC como vecino, y el 46 % señaló aprobar la contratación de un desmovilizado de las FARC.

No obstante, cuando se les preguntó ¿hasta qué punto aprueba o desaprueba que un hijo o una hija fuera amigo de un desmovilizado de las FARC?, la respuesta fue muy contundente, el 67,2% lo desaprobaría.

El resultado no deja de sorprender a los investigadores. “Dado que las zonas de consolidación han sido particularmente afectadas por el conflicto, podríamos presumir que la presencia de miembros de las FARC en la vida cotidiana de los habitantes de estas regiones es bastante frecuente y por tanto existe algún tipo de aceptación a compartir el mismo espacio con los posibles excombatientes. No obstante, esa presencia no los hace proclives a aceptar relaciones cercanas, de tipo laboral o de amistad, con los miembros de las FARC”, explica Miguel García, investigador de la Universidad de los Andes.

Este rechazo a los desmovilizados en zonas de conflicto también puede ser consecuencia de la percepción que de ellos tienen los habitantes. El 40,6% de los consultados confesaron sentirse nerviosos ante los desmovilizados, el 42,9 se sienten inseguros o en peligro. Así mismo el 33 % cree que los desmovilizados son peligrosos, el 16, 4% violentos.

Los resultados no difieren frente a la posibilidad de que los guerrilleros hagan política una vez abandonen la lucha armada. El 61,4 % de los encuestados en zonas de conflicto está en desacuerdo en que se le garantice la participación política a las FARC, el 68, 2 % no aprueba la formación de un partido político para las FARC, y el 70,0 % no aprueba la participación de un desmovilizado como candidato en elecciones.

Según el Barómetro, 64,5% no aprueba que se les entregue curules en el Congreso, el 79,6% dijo que nunca votaría por un desmovilizado, y el 44,4 % manifestó que no aceptaría el triunfo de un desmovilizado en las urnas.

En cuanto a mecanismos de justicia transicional, el 58,8 % de habitantes en zonas de conflicto prefiere que los máximos responsables de crímenes atroces paguen con más de ocho años de cárcel, y el 60,6 % desaprueban que los guerrilleros rasos no sean juzgados por la justicia.

Más allá con los temas relacionados con el conflicto, la encuesta también arrojó varios resultados significativos en cuanto a la confianza de los habitantes en zonas de consolidación respecto a las instituciones del Estado.

Por ejemplo, en estas zonas, los habitantes tienen más confianza en la Iglesia Católica (63,1%), las Fuerzas Armadas (54,6) y las Iglesias Cristianas Evangélicas (51,5 %) que en el gobierno nacional (50,1%). La aprobación de la gestión del presidente Juan Manuel Santos fue del 59,8%.

“Este estudio nos dejó claro que en materia de opiniones sobre el proceso de paz, quienes residen en zonas de conflicto se parecen mucho al resto de la población colombiana. Las principales diferencias radican en la mayor favorabilidad a las negociaciones de paz de los habitantes de zonas de conflicto, pero a la vez una menor aceptación a la convivencia de desmovilizados, y comparten el escepticismo ante el proceso de paz y la negativa a hacer concesiones de justicia y participación política a miembros de las FARC”, concluye García.
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