Encuestas al banquillo

Los debates sobre las encuestas son típicos en las etapas finales de las campañas electorales, y la actual no ha sido la excepción. La versión de que Datexco repitió un estudio, la aparición de dos desconocidos –Jaime Araújo y Jairo Calderón– con 5 por ciento en la última de Napoleón Franco y las quejas de varios aspirantes, en especial de Germán Vargas Lleras, llevaron a los encuestadores a la silla de los acusados, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó un audaz proyecto para meterlos en cintura.

La publicación de estudios sobre la intención de voto afecta a los candidatos que resultan desfavorecidos por el llamado ‘efecto locomotora’: se ha demostrado que estar con quien va a ganar es uno de los determinantes fundamentales del sufragio. Apoyar a quien no va adelante, así sea el nombre más afín por filiación partidista, programas u hoja de vida, se considera “perder el votico”. La otra dificultad que crece para quienes van atrás en las encuestas es la de conseguir dinero. Los aportantes prefieren ir a la fija y entregar su dinero a quienes tienen opciones reales de llegar al gobierno, salvo los grandes donantes que aportan a todas las campañas.

Existe una tensión entre los políticos, por una parte, y los encuestadores y los medios de comunicación, por otra. La publicación de encuestas y sondeos electorales es una variable que no controlan los candidatos y a la vez es un instrumento valioso de información sobre lo que busca el electorado.

Desde hace años el Congreso colombiano ha impuesto controles y restricciones, y varios intentos han sido rechazados por la Corte Constitucional porque consideró que violaban el artículo 20 de la Carta, que prohíbe la censura. Sin embargo, en la Ley de Garantías electorales aprobada hace cuatro años para equilibrar las ventajas del presidente-candidato Álvaro Uribe ante la reelección inmediata, se estableció que no se pueden publicar encuestas durante la semana previa a las elecciones, ni el propio día de los comicios, incluidos los famosos sondeos a boca de urna. Y se fortaleció la facultad del CNE para reglamentar su difusión.

La semana pasada los magistrados del CNE hicieron uso de esos poderes y convocaron a un evento curioso por su falta de antecedentes y porque a cuatro semanas de elecciones las sensibilidades están a flor de piel, para ‘socializar’ un proyecto de regulación de las encuestas. El Consejo fue audaz en sus propuestas: planteó, entre otras cosas, que las firmas encuestadoras deberían someter a su consideración los cuestionarios para asegurar que las preguntas no sean sesgadas; prohibir la publicación de una encuesta en los 10 días siguientes a la divulgación de otra; obligar a los medios a no cambiar las preguntas durante toda la campaña y abolir los estudios hechos con entrevistas por Internet o por teléfono.

Como era de esperarse, el texto desató la furia de los encuestadores y de los representantes de los medios de comunicación. Según César Valderrama, presidente de Datexco, “el error es que un ente jurídico regule una actividad técnica”. Lo cierto es que hay intereses políticos enfrentados que en estas discusiones se disfrazan con argumentos técnicos sobre los tamaños de las muestras, los criterios para asegurar la falta de sesgos en las preguntas, los márgenes de error o los intervalos de confianza.
En general, los parámetros que aseguran la seriedad de un estudio de opinión son simples y están ampliamente desarrollados. Es decir, que un grupo limitado pero representativo de ciudadanos se comporta de igual manera que la totalidad de la población y que por consiguiente basta con interrogarlos a ellos para obtener conclusiones sobre el universo.

La publicación de encuestas es frecuente en las democracias y las tendencias más recientes en materia de normas van en la dirección de permitir una mayor libertad de los medios y de las firmas encuestadoras. Los sondeos a la salida de las urnas –con ciudadanos que acaban de depositar su voto– cada vez son permitidos en más países.

Lo mismo sucede con la posibilidad de publicar encuestas hasta el último día antes de elecciones. De hecho, aunque la función de estos estudios no es pronosticar ni predecir los resultados electorales, las encuestas que más se parecen a los escrutinios de los votos son las que se hacen al final de la campaña, cuando los votantes ya saben por quién van a optar. “No tiene sentido que permitan la publicidad y la información sobre las campañas en los medios, que pueden afectar a última hora las decisiones de por quién votar, y que prohíban las encuestas en la última semana. Lo que pasa al final es que las encuestas no recogen los cambios de última hora”, según Napoleón Franco, presidente de la firma Ipsos. En Estados Unidos se divulgan sondeos hasta la víspera de los comicios, pero en otros países, como Francia, se suspenden 15 días antes para propiciar un periodo de reflexión por parte de los electores.

Tampoco es evidente que quien puntea en los sondeos siempre gana las elecciones. “Hay muchos casos en los que el ganador de las encuestas al final pierde las elecciones”, según Jorge Londoño, presidente de Invamer-Gallup. Se pueden mencionar casos como los de Samuel Moreno y Alonso Salazar, quienes en la competencia por las alcaldías de Bogotá y Medellín siempre estuvieron detrás de sus rivales, Enrique Peñalosa y Luis Pérez. Antanas Mockus, en 2000, siempre estuvo a la zaga de María Emma Mejía y al final triunfó en las elecciones por la Alcaldía de Bogotá.

En la actual competencia varios aspirantes han tenido buenos registros en las encuestas y después se han caído en intención de voto. Sergio Fajardo punteó durante varios meses, hasta marzo de 2010, y Noemí Sanín tuvo un cuarto de hora después de su victoria en la consulta interna del Partido Conservador. “Si el candidato no se conecta con la gente y con la realidad, baja. Las encuestas no generan los cambios en las preferencias, sino los registran”, dice César Valderrama.

Es poco probable que en el breve periodo de campaña que resta, con tantos intereses en juego y con las sensibilidades alborotadas, el CNE pueda lograr un consenso para modificar las normas. “Cambiar las reglas de juego en medio de un debate es absurdo y caprichoso”, dice Carlos Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría, la firma investigadora más antigua del país. También han surgido inquietudes sobre la idoneidad del CNE –un organismo compuesto por miembros que representan a los partidos– para hacer las reformas. Adelina Covo, la autora del polémico proyecto, pertenece también a Cambio Radical, el partido de Germán Vargas, el candidato más crítico de las encuestas.

Es cierto que el tema requiere examen, pero también una visión en conjunto de los propósitos y derechos de los candidatos, las encuestadoras, los medios y los ciudadanos. Según la directora del Instituto de Ciencia Política, Marcela Prieto, “las encuestas utilizadas correctamente fortalecen la democracia. Sin embargo, de no hacerse correctamente, pueden convertirse en un simple truco informativo”.

En Estados Unidos y en otras partes, la complejidad del tema ha llevado a que las firmas de opinión pública se autorregulen. También en Colombia, en 2001, las firmas más reconocidas adoptaron criterios mínimos sobre tamaños de la muestra, márgenes de error y entrevistas presenciales. No por coincidencia, todas las que han cumplido estos criterios y que hablaron con SEMANA coinciden en sus conclusiones sobre la campaña: Santos ocupa un primer lugar sólido, pero está estancado, mientras Mockus ha cogido una ola en ascenso y alcanzó el segundo lugar, y Noemí Sanín bajó al tercero. Pero también coinciden en que esta campaña que se ha caracterizado por los altibajos puede dar más sorpresas. ¿Seguirá subiendo Mockus? ¿La ola verde amainará? ¿Santos se disparará en segunda vuelta? ¿Habrá una elección presidencial con voto finish? Nadie sabe, lo cierto es que esas tendencias tienen explicaciones políticas evidentes, que no parecen ser inventadas por los encuestadores.