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La traducción de la rabia ciudadana en movilización política y esta a su vez en cambios tangibles no es automática.

POLÍTICA

Encuestas: ¿Quién representa a quién?

Gobierno, cortes, congresistas, partidos, gremios y sindicatos experimentan una caída en su imagen y en la confianza que generan en los colombianos.

14 de septiembre de 2013

El jueves pasado, en medio del evento de lanzamiento del Pacto Nacional Agrario, Héctor Centeno, un dirigente de ese sector, anunció a la mesa principal, donde se encontraba el presidente Juan Manuel Santos, que su grupo no participaría de la convocatoria del gobierno. “No nos sentimos representados por la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia)”. Si algo demostraron las protestas campesinas y cafeteras son los cambios experimentados dentro de los otrora unificados gremios de la producción agrícola del país. 

Estas fracturas se están experimentando tanto en la economía como en la política. Hasta hace poco en una mesa se reunían las cabezas de la industria, los políticos, las centrales obreras y el Ejecutivo, y los acuerdos a los que llegaban eran aceptados y respaldados por la mayoría de los ciudadanos.

Los partidos ya no representan a las personas del común, las Altas Cortes han dilapidado en unos años el respaldo del que gozaron durante los años de Uribe y hasta los gobernantes locales, que proveen bienes y servicios, han perdido parte de su brillo. Mientras los congresistas desobedecen impunemente las directrices de sus jefaturas, los movimientos sociales se dividen en facciones que dificultan la vocería con el Estado. Como escribe el analista Moisés Naím en El fin del poder, “el poder se está volviendo más débil, más pasajero y más restringido”.

De hecho, la ‘tormenta’ del paro agrario, como la calificó el propio primer mandatario, se ha llevado a su paso no solo las instituciones agropecuarias sino también la confianza de los colombianos en el gobierno, la política, la Justicia y los medios de comunicación. 

El descontento de los ciudadanos ha pasado de las calles y las marchas a las recientes encuestas donde la imagen de las instituciones más importantes en cualquier sociedad se ha desplomado a niveles preocupantemente bajos, algunos no registrados en una década. ¿Cuentan la Casa de Nariño, el Congreso, los partidos, los gremios, los sindicatos, los medios de comunicación y la Justicia con la misma autoridad y respeto que antes? Y si no es así, ¿quiénes están transmitiendo el sentir popular y en quién creen los ciudadanos?    

Un alto número de colombianos no pertenece a ningún partido ni a ninguna organización de la sociedad civil. Las protestas de los últimos meses han recogido malestares de estudiantes universitarios, labriegos, amas de casa, jóvenes y otros grupos sociales que no encuentran liderazgos en los canales tradicionales. Las más recientes mediciones de la opinión pública nacional reflejan la gravedad de esta caída en la confianza institucional. 

En la encuesta Gallup, por ejemplo, el punto bajo no es exclusivo del presidente Santos y su gobierno: la Corte Constitucional registró el rechazo  más alto desde diciembre de 2000, el 44 por ciento. La misma medición muestra que tres de cada cuatro colombianos tiene una opinión negativa sobre el sistema judicial, el doble que en 2005. Un tercio de los encuestados rechaza tanto la clase empresarial como los medios de comunicación, dos sectores que normalmente gozan de indicadores muy positivos de aceptación. 

Instituciones que siempre han registrado bajos índices de apoyo como el Congreso de la República y los partidos políticos caen aún más.  En la Gallup solo uno de cada cuatro colombianos cree en los legisladores mientras que en la más reciente medición de Colombia Opina el 69 por ciento de los encuestados no confía en las colectividades políticas. Los resultados en las distintas encuestas son similares: la desconfianza ciudadana en las Altas Cortes, la administración de Justicia y otras instancias del Estado supera el 60 por ciento.  

Lo más grave es que este malestar tiene raíces más profundas que la difícil coyuntura del paro agrario y la temporada de protestas en el territorio nacional. Por ejemplo en el Barómetro de las Américas, proyecto de opinión pública de la Universidad de Vanderbilt, los registros para Colombia del año pasado reflejan una caída en el apoyo al sistema político desde 2010. 

Menos de la mitad de los ciudadanos confía en que las “cortes garantizan un juicio justo”, que “los derechos básicos son protegidos” y hasta en las elecciones. Los autores de la investigación concluyen: “El colombiano promedio tiende a ser escéptico frente a la capacidad y la voluntad de los gobernantes y los partidos para involucrar los intereses del ciudadano común en sus decisiones”. Este fenómeno no se limita al actual momento político.

Según un estudio sobre capital social de la Fundación Restrepo Barco, “hay una tendencia a la baja desde 1997 en los niveles de confianza institucional”. Sufren el declive el sistema legal, los gobiernos nacional y local, los partidos,  el Congreso, los gremios y los sindicatos.  

Vacío de poder
Estas estadísticas no son las únicas manifestaciones de esta crisis de las instituciones. Tanto el fortalecimiento de las clases medias como la penetración de las tecnologías de la información y las comunicaciones han transformado la manera como los colombianos participan y forman su opinión.

Un mejor nivel de ingreso que ha experimentado una parte de la población no solo la sensibiliza ante las agendas del gobierno, sino también eleva el deseo de hacer sentir en la toma de decisiones.
En las recientes protestas agrarias, por ejemplo, muchos ciudadanos accedieron a redes sociales y otras plataformas de internet, distintas de los medios tradicionales, para informarse sobre las movilizaciones. 

En palabras de Naím, “los poderosos hoy pagan un precio más caro e inmediato por sus errores que sus predecesores”.  Al contar con más información literalmente al alcance de la mano, los niveles de exigencia hacia los representantes aumentan, sean gremiales, políticos o sociales. Las disidencias de esos poderes establecidos en los gremios, sindicatos y partidos  también ganan canales más directos y eficientes para transmitir sus molestias, para enviar sus mensajes y evitar los conductos tradicionales. 

Más voces, más canales, más mensajes y más demandas dificultan que un gobernante, el presidente de una gran empresa, un jefe sindical o la cabeza de una industria puedan concentrar la autoridad y ser tan representativos como antes. 

Las consecuencias de esta fragmentación dependen del cristal desde donde se las mire. Para los gobernantes, por ejemplo, los márgenes de maniobra se reducen incluso en sistemas tan presidencialistas como el colombiano. Sectores opositores se benefician tanto con una mayor rendición de cuentas como con una capacidad más amplia de canalizar los malestares. 

Las ideas alternativas y las innovaciones, que en el pasado podían ser aisladas por quienes detentaban las cabezas de las instituciones, hoy pueden darse a conocer y debatirse más abiertamente. El ciudadano común cuenta con más información e interpretación pero, al mismo tiempo, con una sobrecarga de fuentes que pueden confundirlo y manipularlo.  

Sin embargo, la consecuencia más grave de este aumento en la desconfianza de los colombianos en las instituciones tiene que ver con la legitimidad de las mismas. La transformación de la rabia popular en movilización electoral y esta a su vez en cambios tangibles no es automática. 

Al contrario, el rechazo a los protagonistas políticos y a los entes del Estado, al empresariado y a las demás organizaciones, incluidos los medios, podría generar un vacío tan grande y replicar experiencias de países vecinos como Venezuela y Ecuador, que adelantaron profundos cambios constitucionales. El desafío para el gobierno y los partidos políticos, está en desplegar de inmediato mecanismos para tramitar esas demandas y volver a ganar la favorabilidad perdida.