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| 5/29/2014 12:00:00 AM

Encuestas Sisbén represadas por falta de recursos del Distrito

Son unas 10.000 solicitudes pidiendo que se les realice la encuesta para acceder a beneficios.

Cerca de 10.000 familias en condición de pobreza y vulnerabilidad le están pidiendo a la Administración Distrital que les apliquen rápidamente la encuesta Sisbén para acceder a los beneficios que les deben ser otorgados por ley. Pero, el Distrito tiene represadas esas solicitudes por “agotamiento de recursos para dar continuidad al contrato del Distrito para tal fin”.

Según lo que informó la Dirección del Sisbén de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), “lo último que se ha entregado hasta ahora corresponde a solicitudes hasta del 3 de mayo”. Es decir, como cada día el Distrito recibe en promedio 500 solicitudes para la aplicación de encuestas, para finales de julio, cuando se iniciaría un nuevo contrato, se encontrarían represadas cerca 28.000 solicitudes.

El personero distrital, Ricardo María Cañon, le dijo a Semana.com que después de revisar la gestión de la Administración se determinó: “no sólo el inminente agotamiento de recursos para el contrato vigente, sino que el proceso de una nueva contratación para realizar las encuestas debía iniciar el 23 de mayo. Según los tiempos establecidos por Planeación, la suscripción del contrato se estima para el 11 de julio, pero su ejecución empezaría el 25 de ese mes, es decir, casi un mes perdido”.

Para hacer la encuesta Sisbén el Distrito debe contratar a alguien a través de un proceso licitatorio para que la desarrolle. Esa encuesta tiene unos cupos y lo que debió hacer el Distrito es hacerle seguimiento a la misma, para así, antes de que se agotaran esos cupos abrieran un nuevo proceso licitatorio rápidamente para no poner a las personas vulnerables a esperar. Entonces, si se vence un contrato y empieza inmediatamente el otro, no tendrían que esperar tantas familias por un error de planeación distrital.

La acusación puntual es por las demoras de ejecutar el nuevo contrato. La Personería advierte que la interrupción de las encuestas durante cerca de 3 meses, significa un represamiento de 28.000 solicitudes y sobre todo el retraso del posible ingreso de población vulnerable a los programas sociales a que tienen derecho. 

“Obviamente, la no inclusión de beneficiarios como consecuencia del aplazamiento de la encuesta, no se puede constituir en una razón para negar la atención. La Administración se durmió en el tema y cuando se dan cuenta es tarde, es una inadecuada planeación. ”, puntualizó el personero.

En pocas palabras, la falta de la clasificación que arroja la encuesta, retrasa el posible ingreso de población vulnerable a los programas sociales a que tienen derecho. Por ello, la Personería pide a Administración tomar medidas para garantizar la continuidad de la realización de las encuestas.
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