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| 1/25/2011 12:00:00 AM

¿Endurecimiento de penas garantiza la seguridad de defensores de derechos humanos?

Mientras el director de Human Rights Watch señala la grave situación de derechos humanos que vive Colombia, la Ley 1426 de 2010 espera, con el endurecimiento de penas, responder a la situación. ¿Es suficiente?

Si algo quedó claro en el mensaje que envió el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, al viceprensidente, Angelino Garzón, es que el país, pese a los esfuerzos que el nuevo gobierno ha hecho, sigue estando en rojo en lo que tiene que ver con la situación de derechos humanos. Tan solo en el 2010, según cifras oficiales, se cometieron más homicidios que en todos los años después del 2005.

“Las 38 masacres ocurridas entre enero y noviembre del 2010 representan un incremento del 41 por ciento respecto del mismo período del año anterior”, dice un aparte del comunicado que envió Vivanco a Garzón. Pero eso no es todo. El director de la HRW también alerta sobre los homicidios de sindicalistas y defensores de derechos humanos y la impunidad.

Y aunque ve como positivo el hecho de que el gobierno de Juan Manuel Santos promueva una ley “para restituir tierras a personas desplazadas y reparar a las víctimas de abusos cometidos por agentes del Estado”, expresa su preocupación ante los permanentes asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales.

“Nos preocupa especialmente el asesinato de al menos siete líderes de desplazados, durante el 2010, incluido el asesinato de Óscar Maussa en noviembre. Maussa había recibido amenazas de los paramilitares y en el 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares en su favor”, dice la misiva.

La situación no es fácil. Vivanco asegura que “los profundos problemas de derechos humanos que existen en Colombia desde hace mucho tiempo no se resolverán de un día para otro”.

Por eso para algunos analistas, la ley 1426 de 2010, sancionada en diciembre del año pasado, que modificó el Código Penal y busca endurecer las penas de ciertos delitos cuando sean cometidos en contra de defensores de derechos humanos, y ampliar el término en el que algunos de ellos prescriben, no es suficiente.

Según Juan Camilo Rivera, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), “poco sirve un endurecimiento de penas en un país con tan altos índices de impunidad. Antes que las penas es importante pensar en que haya una debida investigación en cada caso. El problema no es de penas”.

El jurista es enfático al decir que se necesitan acciones más decididas, “que no se confíe tanto en que establecer penas más altas va a disuadir a los que comenten delitos contra defensores de derechos humanos de que dejen de hacerlo”, dice, y sostiene que “no se tiene certeza acerca de la eficacia del endurecimiento de penas para la reducción de los crímenes cometidos contra defensores”, por lo que, según él mismo, la propuesta carece de estudios que demuestren “que la medida logrará proteger su labor, sino que parece una respuesta fácil e improvisada para atender la situación de los defensores de los derechos humanos”.

Además, según la CCJ, el hecho de que el fundamento de la propuesta sea que la situación de riesgo en la que se encuentran los defensores obedece a defectos en la legislación penal, “sería necesario, primero, aplicar efectivamente la legislación penal existente, para así poder después evaluar en la práctica cuáles son los resultados que ella arroja”.

Y es que según el abogado Juan Camilo Rivera, el elevado número de casos que quedan en la impunidad impide que se pueda determinar si las penas que les corresponden a tales delitos son el problema real de la situación de riesgo al que se ven sometidos los defensores.
 
Según Rivera, una de las razones para que haya tanta impunidad es que “estos delitos no se investigan de manera seria y pronta, y es esa una de las razones que propicia y facilita su repetición crónica”.

En esto, Vivanco coincide con la CCJ. Y es que sobre este aspecto, el de la impunidad, en el documento enviado al Vicepresidente señala que “44 sindicalistas fueron asesinados en el 2010, según la Escuela Nacional Sindical (ENS), la ONG colombiana líder en el monitoreo de derechos laborales. La gran mayoría de los asesinatos de sindicalistas continúan impunes: la subunidad de la Fiscalía General de la Nación dedicada a investigar los delitos contra sindicalistas tan sólo investiga el 25 por ciento de los más de 2.800 asesinatos de sindicalistas documentados por la ENS desde 1986. Hasta octubre del 2010, de la cantidad limitada de casos de violencia contra sindicalistas investigados por la unidad especializada, sólo en el 15 por ciento se habían dictado condenas, según fuentes oficiales”.

La pregunta que surge es si no resultaría más apropiado hacer el énfasis en la investigación de los crímenes cometidos, en lugar de aumentar penas que actualmente no son aplicadas. Por algo Vivanco, dentro de sus recomendaciones, habla de que ojalá desde la Vicepresidencia se inste a la nueva fiscal, Vivianne Morales, a que modifique la metodología empleada por la Fiscalía en la investigación de asesinatos de sindicalistas.

Defensores, víctimas

Según el registro realizado por el Sistema de Información sobre agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos -SIADDHH-, durante el primer semestre del año 2010, 64 defensores sufrieron agresiones, 111 organizaciones sociales y de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que pone en riesgo su vida y su integridad y obstaculiza la labor legitima y legal de defensa de los derechos humanos.

Y este año empezó con noticias lamentables en este sentido. A principios del 2011 se encontró el cuerpo del líder de desplazados José Alfonso Delgado Villamil, en Tolima. La muerte de Villamil se suma a una larga lista de líderes de grupos de víctimas que reclamaban la restitución de tierras y han sido asesinados desde el 2005. Las autoridades encontraron el cuerpo de Villamil junto a otros dos miembros de una organización de personas desplazadas.
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