Enfermos de Estado

Como ningún otro año, en 2012, la salud de los mandatarios estuvo en el centro del debate nacional. El presidente, Juan Manuel Santos; el vicepresidente, Angelino Garzón; el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán, fueron víctimas de distintos padecimientos. Esa ola de males que aquejaron a los dirigentes obligó a los colombianos a debatir hasta dónde los gobernados tienen derecho a conocer el estado de salud de sus gobernantes.

El 14 de junio el vicepresidente Angelino Garzón fue llevado a la Clínica Reina Sofía. Lo que en principio era un procedimiento rutinario para tratar una infección en la próstata, se convirtió en un accidente cerebro vascular que obligó a los galenos a inducir un coma y mantener a Garzón en un estado de reposo cerebral.

Dos días después, el alcalde Gustavo Petro fue intervenido quirúrgicamente por la presencia de un coágulo de sangre en su cabeza (hematoma subdural). Aunque la información sobre su enfermedad y convalecencia fue de público conocimiento, las causas no lo fueron tanto. Garzón solo despertó del coma a finales de julio, pero las consecuencias del procedimiento todavía eran imprevisibles. Y la preocupación por el estado de salud de Petro revivió. A comienzos de agosto fue intervenido por segunda vez. El susto pasó pronto y a la semana siguiente el alcalde volvió a su trabajo.

En otro punto del país, Cartagena, el mismo debate tuvo lugar. El alcalde de La Heroica, Campo Elías Terán, fue hospitalizado el 15 de agosto. Con el paso de las horas los médicos le diagnosticaron una isquemia cerebral leve. Debido a la excesiva discreción sobre su estado de salud, esa ciudad entró en una crisis de gobernabilidad imprevista. un mes después, cuando el silencio se volvió insostenible, Terán reconoció que lo aquejaba un cáncer de pulmón. La interinidad dejó como saldo cuatro alcaldes encargados en menos de un año, situación que aún no se ha resuelto.

El 1 de octubre, la enfermedad llegó a la Casa de Nariño. El presidente anunció que había sido diagnosticado con cáncer de próstata y que debía ser intervenido quirúrgicamente. Aunque esa enfermedad es más común de lo que se cree, el fantasma que había atormentado a los mandatarios de la región mostraba su cara asustadora. En los últimos meses había atacado a seis mandatarios latinoamericanos, entre ellos a Hugo Chávez — quien fue reelegido y de quien todavía no se sabe cuál es su pronóstico real—, y a un expresidente de la zona. El presidente Santos abrió su expediente clínico, aunque no estaba obligado a hacerlo, para que cualquiera pudiera consultarlo.

Pero persistían dos dudas: ¿qué pasaría en caso de que el mandatario se ausentara? ¿estaba Garzón en capacidad de reemplazarlo? El Congreso creó una comisión médica, no exenta de críticas, para verificar el estado de salud de Garzón. Al final, no se dejó examinar. Santos salió de su intervención quirúrgica sin complicaciones. Pero la enfermedad no abandonó a Garzón, quien el 22 de octubre, notificó al país que padecía del mismo cáncer que le había sido diagnosticado al mandatario.

El senador Juan Lozano había radicado un proyecto para impedir los posibles vacíos de poder. De aprobarse, el presidente, alcaldes, gobernadores y la cúpula de las Fuerzas Militares tendrían que someterse a un examen médico todos los años. Y si los médicos sugieren que deben retirarse del cargo, se activaría el mecanismo que corresponde para suplir la vacancia. No obstante, al final de 2012 el proyecto no había salido del Congreso. El presidente se recuperó de su cirugía de cáncer; hace varias semanas el alcalde Petro anunció que estaba sano; hace dos semanas, el vicepresidente terminó sus radioterapias y a comienzos de diciembre Terán dijo que podría volver a su cargo a finales de diciembre. Sin embargo, el año terminó y el riesgo que entraña la falta de un dictamen médico sobre la salud de los dirigentes no menguó. El debate sigue abierto.