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| 11/16/2013 9:00:00 AM

Noveno 'round' entre fiscal y contralora

Son tan graves las acusaciones entre ambos funcionarios que el que esté mintiendo debería renunciar.

En toda su historia, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes no ha servido prácticamente para nada. Sin embargo, hoy por hoy, parece ser el único salvavidas que tiene el país para salir del atolladero al que ha llegado la pelea entre el fiscal, Eduardo Montealegre, y la contralora, Sandra Morelli. La solución sería, tal y como ocurrió en la época del presidente Ernesto Samper, que el proceso que se surta en la Comisión sirva como catalizador de la crisis política.

Por ahora el caso Morelli versus Montealegre está apenas en la fase de denuncia. La contralora entregó documentos a la Comisión de Acusación y explicó el contenido de su queja. Según su denuncia, Eduardo Montealegre, quien era asesor de Saludcoop, recibió honorarios de ese conglomerado de salud siendo fiscal general. 

La diligencia no se ha terminado y se programó la ampliación de la denuncia para el próximo 28 de noviembre. Solo después de ese día se sabrá si la Comisión de Acusaciones decide abrir o no investigación al fiscal Montealegre.

El fiscal ha negado categóricamente esas acusaciones y ha increpado a la contralora a que muestre las pruebas que, dice él, no existen. La semana pasada Montealegre decidió anticiparse y se vino lanza en ristre contra la contralora: “¡Que le explique al país por qué salió a diseñar una mentira tan enorme!”, dijo. 

Según Montealegre, él demostró ya su inocencia porque presentó constancias de SaludCoop donde se evidencia que el último pago recibido por sus asesorías a ese grupo de salud fue un año antes de posesionarse como fiscal.

Así como en su momento sorprendió la acusación de la contralora contra el fiscal, por temeraria, la semana pasada Montealegre trató de dar por cerrado el caso en una rueda de prensa cuando apenas está comenzando. 

La contralora Morelli, según registró El Tiempo, dijo que “no dará reversa en su denuncia y que debe ser la Comisión de Acusación la que valore las pruebas y no el mismo fiscal”. Y según voceros de la Contraloría entregó a la Comisión de Acusación al menos 30 carpetas con evidencias sobre presuntas anomalías del fiscal Montealegre.

SEMANA pudo establecer que entre los documentos que entregó la contralora a los congresistas aparecen “formatos oficiales que dan cuenta de contratos vigentes” entre Montealegre y Saludcoop (ver recuadro). 

El fiscal salió al paso y dijo que el martes de la semana pasada la Superintendencia de Salud envió a la Contraloría un documento en el que se certifica que por un error técnico aparecía en la página web de esa entidad un supuesto contrato. Pero que en realidad, dice el documento, no mantiene ningún contrato con esa EPS. Eso, entonces, es lo que tendrá que resolver la Comisión de Acusación.

El rifirrafe no termina. Este podría considerarse el noveno round. Pues el décimo será el veredicto que dé la Comisión de Acusación. Sin embargo, el calibre de las acusaciones que se han cruzado es tan grave que si la contralora tiene la razón el fiscal tendría que renunciar, y si por el contrario es Montealegre el que la tiene, quien tendría que irse sería Morelli.

La pelea no solo ha dejado un mal sabor en el país sino que tiene efectos simbólicos no calculados aún. En primer lugar, porque, como dijo el propio Montealegre, compromete su legitimidad como fiscal general. Y a su vez, la de la contralora también, si se tiene en cuenta que ella, que debe encarnar la ética en el país, es señalada por el fiscal como “mentirosa”.

En segundo lugar, porque son dos de los más altos funcionarios del país y han tenido que dedicar buena parte de su tiempo en el último año a esta controversia. No solo la contralora ha denunciado al fiscal sino que la Vicefiscalía le ha abierto a ella siete investigaciones. Y eso es grave para el país, tratándose de instituciones clave como la Contraloría y la Fiscalía.

Y en tercer lugar, el caso Saludcoop, que el presidente Juan Manuel Santos pidió hace tres años investigar, puede terminar contaminado por esta pelea. Precisamente la semana pasada, la Contraloría finalmente pudo dar su fallo sobre el caso e impuso la multa más grande en sus 90 años de historia: decidió que el expresidente de esa EPS, Carlos Palacino, debe pagar 1,4 billones de pesos. 

Lo que dice la Contraloría es que se desvió ese monto, que consistía en dineros públicos de la salud de los colombianos, y terminó en inversiones distintas. Ya la Procuraduría y la Contraloría sancionaron a Saludcoop. En el caso de la Fiscalía, donde el propio fiscal se ha declarado impedido, aún no ha tenido resultados el caso. 

¿En qué va a terminar esta pelea? Tiene la última palabra la Comisión de Acusación, que debe pronunciarse lo antes posible para que este duelo de titanes no siga erosionando la legitimidad de dos de las instituciones más importantes del país.

EL 'FLORERO DE LLORENTE'

La contralora Morelli entregó este documento a la Comisión de Acusación para sustentar que Montealegre tenía dos contratos vigentes con Saludcoop siendo fiscal. Él ha dicho que no es cierto. La Supersalud escribió que se trata de un error en el registro y Saludcoop certificó que él no ha recibido giros suyos como fiscal.

Uno de los grandes enigmas en la pelea entre la contralora, Sandra Morelli, y el fiscal, Eduardo Montealegre, es por qué la primera acusó al segundo de mantener vigente, como fiscal, dos contratos de asesoría jurídica con Saludcoop.

SEMANA tuvo acceso a uno de los documentos que ella entregó a la Comisión de Acusación de la Cámara. Es un formato, conocido como 314, que tiene que llenar Saludcoop para rendir cuentas a la Superintendencia de Salud cada trimestre sobre los contratos en curso. En ese documento está el ‘florero de Llorente’ de la pelea entre las dos cabezas de los órganos de control. 

Como se ve en los fascímiles, aparecen dos contratos por “asesoría jurídica” con “Eduardo Montealegre Lynnet” en marzo, junio y septiembre de 2012 (él fue elegido fiscal el 22 de marzo de ese año). Uno por 950 millones de pesos y otro por 250 millones de pesos. El plazo en ambos es “indefinido” y en la casilla de ‘estado’ figuran “en ejecución”.

Montealegre ha dicho que es totalmente falso y que él cedió los contratos de asesoría con Saludcoop, pero que por un error técnico ese registro permanecía en esa base de datos y que la Superintendencia ya envió a la Contraloría un certificado en el que consta que no ha tenido ningún contrato con la EPS como fiscal. 

En ese documento aparece una certificación del agente interventor de Saludcoop, Guillermo Grosso, donde señala que “por un error involuntario” esos contratos se reportaron “en ejecución”, “situación que se subsanó”. “Esos contratos debieron haberse reportado a nombre de Camilo Vela, abogado al que se le cedieron”. Por otro lado, el fiscal presentó una carta de la directora de contabilidad de Saludcoop donde certifica que “no aparecen registros contables a favor de Montealegre desde marzo de 2011”. 
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