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| 3/28/2004 12:00:00 AM

¡Enhorabuena!

El gobierno anunció que,por ahora, no fumigará las 5.000 hectáreas de cultivos ilícitos de los parques naturales. Hay que buscar recursos para la erradicación manual

La semana pasada el gobierno anunció que no fumigará con glifosato, por ahora, los cultivos de coca que hay en los parques nacionales. Con esa decisión acertada enmendó el error de haber anunciado su intención de hacerlo. Esto era, sin lugar a dudas, una equivocación porque las extensiones cultivadas no son demasiado grandes aún y por eso mismo podían ser manejadas de otra manera como, por ejemplo, con la erradicación manual voluntaria. El Sistema de Parques Nacionales Naturales cuenta con más de 10 millones de hectáreas en todo el país, pero cultivadas con coca hay menos de 5.000, según el Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci).

Anunciar que la aspersión aérea se iba a llevar hasta estas zonas protegidas fue una mala jugada política, inconveniente e innecesaria. Si al hacerlo se quería reconfirmar la voluntad de esta administración para acabar con toda la coca que hay sembrada en el país y demostrar que no hay zonas vedadas para la autoridad, el efecto fue nulo pues Estados Unidos, el gran aliado en este objetivo, no necesita de estas pruebas de confianza. Lo que se logró, en cambio, fue despertar la sensibilidad de ciertos sectores de opinión nacionales hacia un tema al que no les habían prestado mayor atención. Y darles más argumentos a los grupos internacionales de presión que se oponen a las políticas de Álvaro Uribe, quien el 29 de junio del año pasado sentenció: "¡Mientras sea Presidente no suspenderemos las fumigaciones!".

Hasta ahora la bandera de la lucha contra la fumigación había estado en manos de grupos ecologistas, organizaciones indígenas o de defensores de los derechos humanos. Estos habían impulsado acciones legales para frenar las aspersiones, con argumentos técnicos y científicos sobre los riesgos del glifosato, algunas de las cuales fueron resueltas a su favor pero que no tuvieron ninguno efecto práctico. Su pelea no tuvo mayor eco mientras las aspersiones sólo afectaron a campesinos de zonas remotas.

Pero cuando se anunció que la resolución 0013 del Consejo Nacional de Estupefacientes había autorizado la aplicación del Programa para la Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (Pecig) en los parques, ahí fue Troya. Los parques son un orgullo nacional y la biodiversidad es una cuestión de identidad. Bastaron tres columnas de opinión de Daniel Samper Pizano y un editorial en El Tiempo sobre este tema para armar un revuelo monumental. La coyuntura fue aprovechada por los senadores Jorge Robledo y Gerardo Jumi para hacerles un debate esta semana a Sandra Suárez, ministra del Medio Ambiente, y a Sabas Pretelt, ministro del Interior y de Justicia, en la comisión quinta del Senado.

El gobierno se anticipó a la victoria de los senadores al anunciar antes del debate que se suspendía la fumigación en los parques, y se salvó de más dolores de cabeza por el ecocidio que estaba a punto de cometer. Más allá de la polémica de quién ganó o quién perdió, sería conveniente aprovechar el momento para buscar soluciones provechosas. Después de todo las autoridades tienen claro que si este problema se incrementa, en particular con la amapola, en 10 años algunas ciudades intermedias podrían tener problemas de abastecimiento de agua por destrucción o contaminación de los nacederos de las zonas altas de los parques.

Sandro Calvani, nuevo representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), cree que "los parques son áreas que no pueden tocarse, son una riqueza de la humanidad. Sobre ellos los países tienen una soberanía limitada. Fumigarlos no es una solución". Calvani propone más bien tener un control territorial fuerte que impida que entren a los parques insumos químicos para producir la cocaína y la heroína y que, al mismo tiempo, evite la salida de las sustancias. Estas soluciones de fuerza, que no necesariamente intervienen las zonas protegidas porque lo que crean es un cordón de seguridad, pueden ir acompañadas de programas de desarrollo alternativos (ver entrevista) focalizados en las poblaciones que habitan en los parques, para los que con seguridad la comunidad internacional estaría dispuesta a facilitar recursos. Al fin y al cabo, si son una riqueza de la humanidad, es justo que ésta contribuya en forma efectiva a protegerla.
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