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| 2/19/2006 12:00:00 AM

‘Enredatón’

El proyecto del Colombiatón para construirles casas a los damnificados del invierno en Cartagena está en problemas. El lote donde quedarán las viviendas podría estar contaminado con desechos tóxicos.

Necesitamos construir una Colombia fraterna, una Colombia sin odios, una Colombia sin exclusiones", dijo en su emotivo discurso el presidente Álvaro Uribe para iniciar la Colombiatón el 11 de diciembre de 2004. Un nutrido grupo de personas lo aplaudió con alborozo, conmovidas por la tragedia de miles de familias cartageneras que días antes lo habían perdido todo por el invierno. El evento fue un éxito. En medio de los artistas invitados, el aviso luminoso que llevaba la cuenta de la cifra recaudada se movió hasta completar la histórica cifra de 12.810 millones de pesos para darles a 1.200 damnificados una vivienda digna que los sacara de su desdicha. Es el monto de dinero más alto recogido en la historia del país en una actividad similar.

Días antes, el Presidente se había reunido con varios de los grandes 'cacaos' del país, prestantes industriales y empresarios, para convencerlos de respaldar a esta campaña. No era difícil. Las imágenes de la gente con el agua hasta el cuello en una ciudad querida por los colombianos movieron a la solidaridad.

Pero las cosas que parecían comenzar con el pie derecho no han salido como se esperaba. Han pasado 14 meses y aún no se entrega la primera casa. Incluso muy pocos saben que la obra lleva seis meses suspendida y apenas el jueves de la semana pasada se reanudó. ¿Cómo un proyecto con voluntad política de su lado, respaldo del sector privado y dinero no logra despegar?

Para empezar, a algunos donantes la generosidad sólo les duró mientras se tomaron la foto. De la cifra anunciada llegaron 9.500 millones de pesos, según la Fundación Compartir, entidad privada de reconocida trayectoria en la gerencia de este tipo de proyectos y que fue escogida para conjurar las suspicacias que siempre hay en la administración de esta clase de recursos. La alteración del flujo de caja fue el primer escollo a salvar. Aun así, la cifra era suficiente para hacer buena parte de la obra.

Sin embargo, otro hecho imprevisto frenó el proyecto. El 23 de junio del año pasado, un fuerte olor invadió parte de la obra y del barrio Simón Bolívar, que queda al lado. "Era tan penetrante, que es como si hubieran abierto un tanque de gas al lado", dijo una de las vecinas a SEMANA. "Nos producía tos y rasquiña, en especial en las noches", comentó otra vecina del mismo barrio, "los ojos se nos irritaban". La historia detrás de ese olor es la que ha tenido en jaque el desarrollo del proyecto. Ese día, funcionarios de Cardique, la autoridad ambiental de la ciudad, llegaron e iniciaron pruebas técnicas. Los resultados: residuos de plaguicidas altamente tóxicos.

La historia se repite

Estos químicos fueron 'sembrados' en diferentes partes del lote hace más de 30 años por la Federación Nacional de Algodoneros, que era su propietaria. Era la época de la bonanza del algodón, por lo que se aprovisionaron de cantidad de plaguicidas para atender sus cultivos. Con el tiempo se descubrió que estos productos son altamente tóxicos. Su degradación natural tarda cientos de años y se acumulan en los tejidos grasos, lo que explica la dificultad para ser eliminados del cuerpo. Hay evidencias de que aunque se esté expuesto a pequeñas dosis, con el tiempo surgen problemas como irritación en la piel, enfermedades respiratorias y podría afectar la fertilidad, entre otros males. Se les denomina Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y fueron proscritos en la mayoría de los países del mundo, incluido Colombia.

El auge del algodón no duró y la Federación se liquidó entregándole en dación de pago a Bancolombia el lote que en total tiene 44 hectáreas. A inicios de los años 90, Corvivienda, la entidad encargada de la construcción de vivienda de interés social de Cartagena, compró el terreno. Pero, a los pocos meses de iniciadas las obras, sucedió lo mismo que pasó el año pasado con Colombiatón. Un olor penetrante puso en evidencia los plaguicidas.

En ese momento, Corvivienda demandó al Banco. El pleito se resolvió con el compromiso de que se descontaminara todo el lote y que Corvivienda se quedaba con sólo la mitad. En esa época, Bancolombia invirtió más de 5.000 millones de pesos al contratar una firma norteamericana para los trabajos. La remoción de tierra fue de tal magnitud, que "eso parecía un Cerrejón", según Rafael García, presidente de Bancol S. A., la inmobiliaria de Bancolombia a cargo del tema. Los tóxicos fueron concentrados en el centro del lote y confinados "bajo estrictos controles ambientales", según García.

Con esta garantía, el Ministerio de Medio Ambiente autorizó el desarrollo del lote. La mayor parte ya está ocupado por la Ciudadela 2000 y otra menor por un colegio de más de 1.000 niños que se hizo con dineros de cooperación española. En la ejecución de estos proyectos no hay registro de nuevos hallazgos de tóxicos.

Las 22 hectáreas restantes estaban sin construir cuando los promotores de Colombiatón iniciaron la búsqueda del mejor lugar para hacer su proyecto. Un comité técnico evaluó ocho sitios en la ciudad que cumplían con los requisitos de una obra de tal magnitud y escogieron el lote que hoy tiene problemas. Según García, ellos advirtieron de los antecedentes del lugar y del tratamiento ambiental que había recibido. Gustavo Pulecio, director de la Fundación Compartir, explicó que este predio era el más favorable para instalarle servicios públicos. "El lote tenía una autorización de la autoridad ambiental para poder construirlo y no había ningún problema con las construcciones vecinas", dice Pulecio. La venta se pactó en 2.000 millones de pesos.

Todo iba viento en popa y ya se había avanzado notablemente en el cuadro de las 11 manzanas que compone el proyecto. Pero todo se enredó en junio pasado, cuando se descubrió la presencia de los tóxicos. Según Pulecio, lo que se encontró era una mancha no mayor a tres metros cuadrados. Desde ese momento se acordonó la zona y se siguieron las orientaciones de las autoridades. Pero las dudas que se despertaron en la comunidad llevaron a que se suspendieran nuevos trabajos mientras no hubiera claridad de la magnitud del problema y de su solución. También sembró de inquietud si lo ya edificado estaría contaminado.

Operarios con trajes especiales removieron 660 toneladas de tierras que podrían estar contaminadas y se llevaron a incinerar. Pulecio asegura que en cuatro muestras de laboratorio que se hicieron después no se encontró rastro alguno de tóxico. Además, se hicieron exámenes a los operarios, antes y después de los trabajos, y no hubo novedad alguna.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente contrató tres expertos nacionales y dos internacionales para evaluar la viabilidad del proyecto. El pasado jueves, luego de una reunión en Cartagena, el Ministerio anunció que continuaban las obras, pues el terreno "no tiene ningún problema de contaminación", dice el comunicado de prensa. Sin embargo, los soportes técnicos de esta afirmación no son contundentes. Al contrario, las conclusiones de los expertos contenidas en la misma resolución del Ministerio, que sirve de base para reanudar las obras, dejan dudas.

En ellas se reconoce que el tratamiento ambiental anterior que hizo Bancolombia en el lote es el adecuado. Pero aclara que lo hecho "minimiza, mas no elimina el riesgo, por lo cual persiste una situación de incertidumbre sobre los efectos ambientales y la salud en el mediano y el largo plazo". Sobre la contaminación reciente, dice que las medidas que se tomaron en el sitio donde se encontraron los tóxicos "no han finalizado"..."han sido parcialmente efectivas". Concluye que "hay un nivel de incertidumbre alto" porque no hay registros de dónde la Federación de Algodoneros pudo enterrar los plaguicidas obsoletos. Por eso recomiendan que para reanudar con los trabajos, se debe hacer una revisión detallada de todo el terreno, con un método científico. Esto no se ha hecho.

De allí que ha causado desconcierto entre los cartageneros que el gobierno haya aceptado dar vía libre a la reanudación de los trabajos y la construcción de dos manzanas más. Aparte de que se hayan acogido unas inauditas recomendaciones del Ministerio de la Protección Social. La primera es que todo el suelo debe estar recubierto de cemento, es decir que en una urbanización de 1.200 casas no va a haber un centímetro de zona verde en un clima caliente como el de Cartagena. La segunda es que no es posible la siembra de vegetación en el terreno. Los directivos de Compartir dicen que como solución sembrarán palmas en materas. Y la tercera es que está prohibido hacer modificaciones que impliquen el contacto con los cimientos, algo imposible de controlar en un barrio popular que normalmente tiene muchos cambios con el tiempo.

Pero la recomendación que más indignación causa entre los habitantes es la de implementar lo que llama un "procedimiento consentido". Según el gobierno, esto es "un proceso mediante el cual se certifica que los ciudadanos conocen y aceptan someterse a un riesgo que puede afectar su salud o su bienestar". El Ministerio de Protección Social explica en una comunicación que es un proceso ético obligatorio y cita los ejemplos de una cirugía o de la investigación en humanos. Por eso concluye diciendo: "sugerimos que el formulario de consentimiento informado sea parte integral de los documentos de compraventa de los potenciales usuarios". ¿Será que los donantes aceptarían vivir en un inmueble en esas condiciones?

A finales del año pasado, cuando aún no se tenía la autorización de continuar los trabajos, el empresario Arturo Calle, quien con 1.000 millones es uno de los mayores donantes, dejó sobre la mesa la propuesta de suspender los trabajos, buscar un nuevo lote, comenzar desde cero y que Bancolombia donara a Colombiatón lo que ya se ha invertido en las mejoras que le quedan en su lote.

Mientras se persista en continuar las obras sin un sustento científico totalmente confiable sobre la existencia o no de tóxicos, la polémica continuará. Fabio Castellanos, personero de la ciudad, y Arturo Zea, defensor del Pueblo de Bolívar, anunciaron a SEMANA que colocarán una acción popular y todos los recursos legales que puedan para suspender los trabajos hasta que se hagan todos los estudios del caso.

De los fondos de Colombiatón se han gastado ya 800 millones de pesos en ensayos de laboratorios, remoción e incineración de tierra. A esto habría que sumarle los mayores valores que tiene el proyecto, de aceptarse las medidas de prevención, y los estudios que faltan. Esto sumará más de los 2.000 millones de pesos por los que se compró el lote.

"Está por definirse quién asumirá los costos, dice García de Bancolombia, acá hay un tema de responsabilidad social y es claro que haremos todo lo que tengamos que hacer, según lo ordenen las autoridades".

Pero el punto esencial de la discusión es la salud y el bienestar de los que vivirían allí. Además, es un proyecto construido con el esfuerzo solidario de miles de colombianos, lo cual lo convierte en un tema de gran sensibilidad pública. Es el gobierno el que debe revisar su decisión de autorizar contra viento y marea la continuación de las obras. Sus actuaciones sobre sustentos científicos vagos lo único que ha hecho es enredar el problema. Cada vez hay más testimonios de personas que dicen ser afectadas por la supuesta contaminación, sin saber si esto siquiera pueda ser real.

La decisión que se tome no puede dar espacio a interpretaciones. Si el lote no sirve, no se construye. Y si está claro que sirve, ¿para que se necesitan tantas medidas preventivas?.

"Cuánto mejor para el turismo, cuánto mejor para el espíritu de la Patria, para la impresión de la comunidad internacional, tener una Cartagena con equidad, con calidad de vida, con justicia social", dijo el presidente Uribe al terminar su discurso cuando promovió el Colombiatón para los damnificados que perdieron sus viviendas y salvaron sus vidas. Ahora sería una paradoja, por decir lo menos, poner en riesgo sus vidas por recuperar una vivienda.
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