Martes, 24 de enero de 2017

| 2006/11/18 00:00

Enredo carcelario

Está en vilo la adjudicación de la construcción de cárceles por 228.000 millones de pesos. El gobierno evalúa inconsistencias en las certificaciones presentadas por los tres consorcios que presentaron las mejores propuestas.

Por supuestas irregularidades en la información con la que contratistas ganaron un concurso, la adjudicación de cinco de ocho cárceles que ya están listas para construir (izquierda) está pendiente de un concepto que se conocerá esta semana. Luis Fernando Sanz, el recién nombrado gerente de Fonade, tiene a su cargo este delicado tema que ya ameritó la intervención de la Procuraduría

Esta semana el gobierno tendrá una prueba de fuego para la transparencia de su contratación. Se espera que resuelva un pleito que surgió hace más de un mes, cuando seleccionó a tres consorcios para adjudicarles cuantiosos contratos. El enredo se presentó el pasado 2 de octubre. Ese día en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) se realizó una audiencia televisada en la que se conocieron las propuestas económicas de los 15 oferentes que estaban en la lucha por ocho contratos para la construcción de unas cárceles que en total suman 421.000 millones de pesos.

En la entidad este proceso había despertado gran expectativa. No sólo era uno de los de mayor valor que se han hecho en este gobierno a través de Fonade, entidad que, gracias a un régimen especial, gerencia proyectos de todo tipo en el país. También era la última adjudicación de la que entonces era su gerente, Elvira Forero, pues ya se había anunciado su paso a la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Al final del día todo parecía haber salido a la perfección. Se había cumplido con lo programado, incluso se lograron mayores garantías de cumplimiento por los contratistas. Además, se habían superado satisfactoriamente las observaciones que surgen en el proceso y que son habituales. Ya había cinco firmas en el primer lugar de elegibilidad para los ocho proyectos y la adjudicación dependía sólo de cumplir unos trámites técnicos y jurídicos de rutina.

Pero a los pocos días apareció un hecho que aguó la celebración. Varios de los participantes perdedores en el concurso público, los consorcios Camoita, CMS, OTA y ABG, y la firma Conciviles S. A., denunciaron posibles "irregularidades, contradicciones e inexactitudes" en varias de las certificaciones de tres de los ganadores: la Unión Temporal Hispánica (integrado por M.N.V. S.A y Constructora Hispánica S. A.), el Consorcio Cárceles de Colombia (compuesto por Pórticos S. A., Vergel y Castellanos S. A., Lopeca Ltda. y Noarco), y el Consorcio Misiones (Estructuras Especiales S. A., y Suárez y Silva y Cía Ltda.).

Pese a que ya había pasado el tiempo según pliegos para esta clase de observaciones, la información que llegó era tan detallada, que decidieron revisarla para quitar cualquier manto de duda sobre el proceso.

En esencia los reparos que hubo fueron que había indicios de que obras que los concursantes ganadores presentaron como prueba de su experiencia no habían sido hechas por ellos, que los valores y las cantidades de obra supuestamente no coinciden con la realidad y que presentaron certificaciones de obras de vivienda de interés social, cuando éstas no eran válidas por ser construcciones que tienen poca complejidad en su construcción.

¿Cómo hicieron los denunciantes para llegara al nivel de detalle de su queja? Resulta que los tres consorcios cuestionados coinciden en que las certificaciones que presentaron son de la misma firma: la barranquillera Alejandro Char y Cía, la más importante de esa ciudad. Esta compañía había participado hace poco tiempo a una licitación en la Dian y había presentado certificaciones de los mismos proyectos que los tres consorcios, pero supuestamente con otra información.

La reacción de los consorcios cuestionados ante las exigencias no se hizo esperar. Dijeron que Fonade estaba violando el principio de igualdad por pedirles a ellos más información que a los demás participantes, y que eran solicitudes extemporáneas, pues ya se había surtido todo el proceso según las reglas del concurso público. Pese a esto, remitieron la información solicitada. Sin embargo, los ánimos se caldearon cuando Fonade empezó a pedir más detalles de la información. En total fueron 25 comunicaciones pidiendo ampliaciones de la información buscando soportes contables, de subcontratos, y de la revisoría fiscal de cada compañía.

La complejidad y la delicadeza del tema llevaron a la intervención de la Procuraduría, que también está evaluando la información, y varios de los proponentes informaron a la Presidencia, al zar anticorrupción y a la Fiscalía lo que estaba pasando.

Los últimos soportes se recibieron hace 15 días y un grupo de nueve personas, entre técnicos y abogados, evalúa qué hacer. SEMANA conoció que la respuesta definitiva se conocerá a mediados de esta semana.

El balón está en manos del nuevo director de Fonade, Luis Fernando Sanz, quien se estrena con semejante chicharrón. Es un ingeniero con amplia y reconocida trayectoria, entre la que está una valiosa participación en la reconstrucción del Eje Cafetero. De otro lado, el mismo Fonade ha logrado prestigio por el consenso que hay entorno a la transparencia con que ha entregado miles de contratos. Es tanto, que en los últimos cuatro años pasó de manejar contratos por 300.000 millones a 1,9 billones de pesos.

Es previsible que cualquiera que sea el resultado, va a desatar polémica. Los que ahora están de ganadores no se van a dejar quitar un contrato tan jugoso como el que está en juego, y los perdedores sólo desistirán de sus pretensiones con argumentos sólidos. De ahí la contundencia con que debe actuar esta entidad que con esta adjudicación pone a prueba su buen nombre.

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