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| 2/23/2016 9:47:00 AM

El compromiso olvidado con los bicitaxistas

El alcalde Peñalosa le pidió al Gobierno reglamentar el servicio, sin tener en cuenta que desde hace dos años la Corte Constitucional ordenó hacerlo.

Este lunes el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa sorprendió con una declaración que podría pensarse se alejaba de su perfil apegado a la ley. Aseguró que el bicitaxismo, puede ser un aliado para superar los problemas de movilidad que enfrenta la ciudadanía en muchos sectores donde la oferta de transporte público no es tan amplia.

Lo que han olvidado el burgomaestre y otros funcionarios, es que desde hace dos años la Corte Constitucional impartió directrices para reglamentar ese servicio, que hoy se presta sin reglamentación alguna.

Lo hizo a través de una sentencia proyectada por el magistrado Jorge Ignacio Pretelt. En ella se exhorta al Ministerio de Transporte a que verifique si se trata de una modalidad segura de transporte. Además, se le impone al Distrito el deber de reglamentar su funcionamiento o gestionar la reubicación de los operadores en otros puestos de trabajo, según sea el caso.

Para el alcalde capitalino, las soluciones al problema de la movilidad en Bogotá se deben centrar más medios alternativos al uso del carro.

Peñalosa cree que el bicitaxismo puede aliviar, en alguna medida, los problemas que tienen los ciudadanos para movilizarse en algunos sectores de la capital donde la oferta de transporte público es más bien escasa o traumática por la congestión de las vías.

De ahí que se declarara dispuesto a favorecer la formalización de quienes se dedican a ofrecer esos servicios en algunos barrios de la ciudad. Para demostrar que su interés es genuino, el mandatario le pidió al Ministerio de Trasporte legalizar este tipo de oferta de transporte público.

Lo que parece olvidar el burgomaestre es que la obligación para la reglamentación del oficio recae en su administración, no en el Gobierno. Así lo determinó la Corte en un fallo de tutela dado a conocer en octubre del 2013.

Según esa determinación, la administración capitalina debe concretar una herramienta en la que se señalen rigurosamente las condiciones específicas en las que se puede prestar el servicio, previa decisión del Mintransporte sobre su conveniencia o no.

Es decir, el Gobierno debe valorar si se trata de un transporte seguro o no, para que el Distrito lo reglamente. En caso de que se prohíba el tránsito de los bicitaxis, la Alcaldía tampoco puede suspender intempestivamente sus operaciones. Puede hacerlo sólo de manera gradual, hasta que garantice que las personas que viven del oficio encuentren otra fuente de ingresos.

“(…) El bicitaxismo es una actividad que desde hace más de diez años en la ciudad, lo cual, como es de esperarse, generó en quienes la ejercen la sensación de estar actuando con anuencia de la administración y, por lo tanto, esta está obligada a tomar medidas que mitiguen el impacto en sus derechos fundamentales, especialmente el derecho al trabajo y el mínimo vital”, dice el fallo.

Así las cosas, aunque el alcalde se haya mostrado sintonizado con las expectativas de los bicitaxistas y sus usuarios, tanto él como el Gobierno parecen no tener en mente los compromisos que ya tenían en esta materia desde hace dos años, pese a que la orden venía de una instancia judicial.

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