Entes de control enfilan baterías para cerrarle el cerco a Aída Merlano

El allanamiento al montaje de película que tenía la senadora Aída Merlano en su centro de campaña en Barranquilla, volvió a poner al descubierto los vacíos que tiene el sistema electoral para castigar a los corruptos, aun cuando los implicados fueron sorprendidos con las manos en la masa. 

Por esto causó tanta indignación que la aspirante conservadora pudiera levantarse la mañana del lunes como una de las 15 senadoras de este partido que se posesionarán el 20 de julio. Esto, pese a que en su centro de operaciones, fueron descubiertas armas sin salvoconducto, fajos de dinero y un avanzado sistema de compra de votos, que incluía la identificación por código de barras a los líderes.

La Procuraduría y el Partido Conservador anunciaron que la hoy representante a la Cámara quedará suspendida por tres meses mientras se adelantan las investigaciones. Sin embargo, las cuentas que están haciendo todos los organismos de control es cuál será la situación de la líder política de la Costa para el 20 de julio, fecha en que se posesionará el nuevo Congreso.

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Por ello, el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, emprendió una serie de acciones para cerrarle el cerco a la parlamentaria. Al listado de medidas ya anunciadas para garantizar que Merlano no regrese al Congreso, el procurador elevó una petición al Consejo de Estado para que declare la pérdida de investidura de la líder política. 

También acudirá en la tarde de este viernes ante la Comisión Departamental, con el propósito de solicitar que el Consejo Nacional Electoral se abstenga de declarar la elección de Merlano como senadora y que investigue la violación de los topes y la financiación presuntamente ilegal de la campaña. Esto sin descartar que la Procuraduría se tomará la sede de la campaña para revisar las cuentas. 

Merlano salió elegida con 73.250 votos; 32.682 de los cuales obtuvo en Atlántico. De entrada, por la gravedad de los hallazgos en el allanamiento, en el que resultó capturada su hermana, la Corte Suprema de Justicia deberá ser procesada por el delito de corrupción al sufragante, que en el Código Penal está castigado con penas que van de 4 a 8 años; por ser funcionara pública, tendrá un incremento de la tercera parte, es decir, que se enfrenta a una pena mínima de 5 años y 2 meses. Solo por este cargo, la Corte Suprema podría dictar captura, en cuyo caso su posesión del 20 de julio se vería frenada. 

De acuerdo al examen probatorio que haga la Corte Suprema, también podría estrenar el delito de violación de topes ya que según el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, se encontraron pruebas de desembolsos por $6.000 millones de pesos en la compra de votos para su campaña. Según las cuentas que se derivan de la resolución expedida por el Consejo Nacional Electoral, que permitió gastos por 88.413 millones de pesos por la lista de cada partido, la parlamentaria solo tenía autorizado gastos hasta por $1.000 millones de pesos. Por este delito, la pena está tasada entre 4 y 8 años de cárcel. 

Los hallazgos, no obstante, podrían desencadenar otros cargos como porte ilegal de armas y lavado de activos. Sobre este último, el fiscal Martínez fue enfático en señalar que existen pistas importantes que son rastreadas. 

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¿Si la Corte decide no capturar a la congresista qué sucederá? En su declaración ante los medios de comunicación, el Procurador Fernando Carrillo le pidió al Consejo Nacional Electoral que suspenda el trámite que llevaría a la declaración de Merlano como senadora de la república el próximo 20 de julio. Adicionalmente, pidió que se aplique el artículo 134 de la Constitución, que establece que personas condenadas por delitos contra los mecanismos de participación democrática, no podrán ser reemplazados. Es decir, el jefe Ministerio Público pide que el partido asuma su responsabilidad ética y política por el aval a una candidata que incurrió en delitos tan sensibles.

Sin embargo, esta lectura constitucional puede ser aplicada en el marco de una sentencia condenatoria, la cual podría tardar meses e incluso años, teniendo en cuenta no solo los tiempos normales de la Sala Penal Corte Suprema de Justicia sino que pasa por un momento de transición en el que en pocas semanas tendrá que entregar todos los procesos a las nuevas salas de primera instancia. 

Por ello, el jefe del Ministerio Público no escatima en medidas para que con las herramientas que cuenta la Ley colombiana se impida que casos como estos terminen siendo premiados con un lugar en el capitolio, así sea de manera temporal.