Martes, 24 de enero de 2017

| 2008/06/07 00:00

Entierro de quinta

La reforma política que buscaba curar al Congreso de la parapolítica se hundió porque los uribistas no asistieron al debate. Historia de cómo se diseñó la estrategia en la Casa de Nariño.

Entierro de quinta

La fotografía de la Comisión Primera del Senado lo dice casi todo. En esa sala -la más apetecida por los parlamentarios- se estaba discutiendo uno los temas más importantes de los últimos años en el Congreso de la República. Debían decidir si se mantenía con vida o se hundía la famosa 'silla vacía', una fórmula inventada para tratar de limpiar las curules infectadas por la para-política, es decir, sacar la criminalidad que se había logrado infiltrar en el Congreso.

Pero lo trascendental del tema contrastó con el número de senadores que asistieron. Los pocos que llegaron -siete de 19- no alcanzaban para el quórum. Y en un acto casi simbólico, con una mezcla de rabia y desencanto, decidieron escuchar a los senadores Gustavo Petro, Héctor Helí Rojas y Gina Parody dejar una constancia para la historia.

Todos los demás miembros de la comisión, que apenas minutos antes estaban en la plenaria votando la renuncia del senador Germán Vargas Lleras, desaparecieron como por arte de magia. Bien podrían haber llegado para hundir el proyecto. Pero prefirieron no dar la cara. Y sin ningún debate de por medio, le dieron así un entierro de quinta a una reforma que pretendía imponer un castigo a los partidos que han protagonizado el peor escándalo político de Colombia.

La senadora Parody, disidente del Partido de La U, puso en blanco y negro lo que estaba en juego. Relató con detalles cómo algunos se ganaron la curul de congresistas haciendo pactos clandestinos con quienes llevaron a cabo las peores masacres en Magdalena y Cesar. Ahora, y gracias al ausentismo, complementó Petro, esas macabras alianzas quedarían cubiertas por un manto de impunidad política.

La idea de la reforma era anular los votos obtenidos con ayuda de esas mafias (cerca del 20 por ciento del Senado) y volver a definir la composición del Congreso, contando sólo con los votos limpios, para devolverle la legitimidad al Legislativo.

La situación era más dramática porque apenas unos días antes se había conocido el fallo de la Corte Constitucional que, según algunos conocedores, deja abierto un boquete para que también prospere la impunidad judicial en la para-política.

La muerte de la reforma pareció indignar a muy pocos en el país. En parte, por el cansancio que cunde con el tema de la para-política. Pero también porque las huestes uribistas lograron sembrar en sectores de la opinión la tesis de que la reforma no sirve para nada. Aunque no todos lo creen así. "Si fuera un saludo a la bandera que no tuviera efectos prácticos, habría pasado sin problema", replica Claudia López, analista que desde el Pnud ha trabajado a fondo el tema.

¿Qué enredó todo?

Pero, en realidad, lo que pasó es que la reforma se convirtió en punto crítico de toda una estrategia diseñada en la Casa de Nariño. El mismo gobierno le había dado pedal a la iniciativa en sus primeros cuatro debates. Pero, de un momento a otro, empezó a hacer todo lo posible para hundirla. El quiebre coincidió con una cumbre a la que invitó el presidente Uribe a los líderes de los partidos de su bancada el pasado domingo 20 de abril.

Para ese momento el escándalo de la para-política no sólo había llegado a su clímax -65 congresistas investigados y 30 en la cárcel-, sino que estaba poniendo en vilo la posibilidad de una nueva reelección presidencial. Si el uribismo perdía sus mayorías en el Congreso, se le haría difícil lograr el visto bueno para proyectos clave, como una nueva reforma a ese 'articulito' de la Constitución.

Tras la cumbre de abril quedaron sobre la mesa tres puntos clave de la estrategia del gobierno. En primer lugar había que moverse rápidamente para hundir la reforma política. La razón oculta, que fue puesta al descubierto hace un par de semanas por el ministro del Interior, Carlos Holguín, era la de mantener las mayorías uribistas. Además, reducir de un momento a otro el Congreso en más de 30 curules podía enviar a los inversionistas extranjeros un mensaje equivocado de fragilidad de las instituciones. Y para lograr el hundimiento, Uribe se dedicó a llamar a los miembros de su bancada en la comisión primera del Senado para pedirles el apoyo.

En segundo lugar, el primer mandatario decidió crear por decreto una comisión de cinco expertos para diseñar un ajuste integral a la Constitución y así se lo anunció esa noche en un mensaje de televisión al país. Los elegidos deben presentar el texto de la reforma al Congreso el próximo 20 de julio cuando comience un nuevo período de sesiones.

Y en tercer lugar, se habló también de una reforma a la Justicia, incluida en el paquete anterior. Pero la propuesta, que aún no estaba madura, armó tal estruendo entre la opinión, que la Presidencia salió al día siguiente a desmentir que se estuviera pensando en quitarle poderes a la actual Corte Suprema para juzgar a altos funcionarios del Estado.

La reforma tenía que pasar su prueba de fuego esta semana en la comisión primera. En medio de polémicas por quienes debían declararse inhabilitados, lo único cierto es que se tenían siete votos fijos (los cinco de la oposición -tres liberales y dos del Polo-; el de Gina Parody, y el de Elsa Gladys Cifuentes, que llegaba con la instrucción precisa de Germán Vargas Lleras, hasta horas antes dueño de la curul, de votar a favor de la reforma). La esperanza de los partidarios de la silla vacía para ganar la partida estaba puesta en los tres votos de los conservadores. Con los cuales sumarían los 10 necesarios para que fuera aprobada y pasara a su último debate.

Y no parecía difícil. Hoy todavía aparece en la página del partido en Internet una noticia del 28 de mayo titulada "Partido Conservador reitera apoyo a la reforma política". "El presidente del Partido Conservador,  Efraín Cepeda Sarabia, anunció hoy, tras una reunión de la bancada, que continúa apoyando el proyecto de reforma política". Pero a pesar de esa promesa pública, el miércoles de la semana pasada no se asomaron a la comisión ni Hernán Andrade, ni Roberto Gerlein, ni Eduardo Enríquez Maya. La voltereta de los godos, aunque obvia pues ha sido una bancada leal al uribismo, se la atribuyen a una larga visita de Hernán Andrade -quien asumirá como presidente del Congreso el próximo 20 de julio- a la Casa de Nariño.

Otros dos congresistas que sorprendieron con su ausencia al debate en la comisión fueron Javier Cáceres, quien a pesar de que su jefe de partido, Germán Vargas, renunció para que se votara a favor de la reforma, no cumplió la cita; y Armando Benedetti, quien había dado declaraciones a la radio hace poco más de un mes diciendo que apoyaría la reforma. Ambos justificaron su ausencia con el argumento de que puede tener un impedimento por la investigaciones preliminares que adelanta en su contra la Corte Suprema.

El senador Gustavo Petro, del Polo Democrático, y el dirigente del Partido Liberal Rafael Pardo están convencidos, y así lo dijeron públicamente, de que desde la Presidencia se les dio la orden a los parlamentarios uribistas de boicotear el debate con su ausencia.

Y si bien teóricamente todavía la reforma está viva hasta cuando terminen sesiones el 20 de junio, e incluso hay unos cuantos que creen que algo podría pasar este martes en el Congreso, lo cierto es que con un comunicado emitido el pasado viernes, la Casa de Nariño acabó de darle sepultura. No menciona para nada la necesidad de sancionar a los partidos políticos por dejarse infiltrar del paramilitarismo y deja todo en manos de la seguridad democrática. "Para la democracia no es buena la pretensión de adoptar una figura de 'silla vacía', que desconoce la eficacia de la política de Seguridad Democrática para romper los vínculos entre el terrorismo y la política", dice el comunicado.

Para el senador Gustavo Petro el hundimiento de la reforma es una "decisión mezquina y dañina para los colombianos, porque demuestra que el crimen sí paga y que no hay sanción política para quienes conquistan curules a partir de la comisión de delitos de lesa humanidad".

El problema de fondo es que el Congreso, uno de los tres grandes pilares de la democracia, sigue deslegitimado. Y el escándalo de la para-política, que puede dejar una marca indeleble en la cultura política de los colombianos, sigue sin solución.

Ahora el turno es para la anunciada gran reforma que conocerá el país el 20 de julio. Habría ahí una última oportunidad para demostrar que en Colombia no se va a dejar pasar como si nada este capítulo oscuro del Congreso de la República, que no tiene par en otra democracia del mundo occidental.

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