Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 1995/09/04 00:00

ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO

Samper acabó con el cartel de Cali, pero las acusaciones en su contra han sumido al país en una grave crisis institucional.

ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO

CORRIA EL MES DE MAYO DEL AÑO 1993 Y la campaña electoral de Ernesto Samper Pizano empezaba a calentar motores. Por ese entonces el hoy Presidente de los colombianos se preparaba a dejar la embajada en España, que se había convertido en una especie de cuartel de invierno desde donde comenzó a gestarse la estrategia para que este abogado bogotano llegara a la primera magistratura en 1994. Ya en ese entonces Samper había escogido a sus principales colaboradores y, de tiempo en tiempo, se reunía con ellos y con asesores externos para analizar sus planes futuros y la manera de llevarlos a cabo.
Dentro de este proceso, organizó una reunión en Cartagena para determinar los lineamientos de lo que sería su campaña presidencial. La cumbre tuvo lugar en el Hotel Hilton de la Ciudad Heroica y allá estuvieron presentes Fernando Botero, Rodrigo Pardo y otros estrategas cercanos. Y como hoy en día no hay campaña sin asesores norteamericanos, al grupo se sumó Peter Hart, un experto en manejo de imagen y estrategia política. Este último había estado estudiando gruesos volúmenes de encuestas, la trayectoria política del futuro candidato, sus puntos fuertes y débiles, la percepción por parte del electorado y cosas de esa naturaleza.
Después de una presentación audiovisual con toda la técnica del caso, el asesor hizo su diagnóstico: el candidato Ernesto Samper tenía fortalezas y debilidades. Pero en todo caso no era -de acuerdo con los números- un candidato óptimo en términos de marketing como lo demostraba su desventaja frente a Andrés Pastrana. Sin embargo, era tal la mayoría del Partido Liberal que un triunfo era probable, siempre y cuando no se cometiera un error: "El mayor riesgo que tiene su campaña es que la relacionen con dineros del narcotráfico", sostuvo Hart. Esta recomendación tan concreta, obedecía a que, según los análisis, era el único talón de Aquiles que podía costarle la elección.
Dos razones confluían para esta conclusión. Por un lado, la opinión mundial tenía una lupa encima de Colombia como el epicentro de la droga en el mundo y, por otro, la hoja de vida de Ernesto Samper tenía algunas anécdotas insignificantes en la vida real, pero de mala presentación a posteriori. Desde la presidencia de Anif había propuesto la legalización de la marihuana hacia casi 20 años, cuando un cacho se asociaba con hippies y no con balas. Y, posteriormente, en 1982, durante la campaña presidencial de Alfonso López estuvo presente en una reunión en la cual un grupo político de dudosa reputación, que incluía al futuro representante a la Cámara Pablo Escobar, le hizo un aporte de 19 millones a la tesorería antioqueña. Un par de años más tarde, ese grupo de anónimos emergentes habría de constituirse en lo que se llamó el cartel de Medellín. Ambos episodios eran comprensibles en su momento, pero ante la evolución que había tenido el narcotráfico en Colombia en los últimos 10 años, el contexto en 1993 ya era diferente. De ahí la recomendación de Hart.
La anterior anécdota vale la pena traerla a colación, porque si tocara resumir en una sola frase cuál es el origen de la crisis institucional que se está viviendo hoy en Colombia, esa frase tendría que ser: la campaña de Ernesto Samper parece haber cometido el único error que no podía cometer.

EL TRASPIES
Por cuenta de esta equivocación, antes de la captura de Miguel Rodríguez el domingo, reinaba una total incertidumbre y la gente había empezado a hacerse preguntas impensables hace unas pocas semanas: ¿Se podía caer el gobierno? ¿Qué podía hacer el Presidente para mantenerse? Si se llegara a caer, ¿quién sería su reemplazo? ¿qué implicaciones tendría esto para el país? y, ¿qué les convendría más a los colombianos?. Y después de la detención de Rodríguez, surgía una nueva pregunta: ¿qué tanto podía salvar al Presidente ese golpe de la Policía?
Lo curioso es que se haya llegado a esta situación precisamente en la semana en que el gobierno cumple su primer año. Pero justa o injustamente es una realidad que está sobre el tapete. La semana pasada Colombia estaba en interinidad ya que la actividad del gobierno estaba casi paralizada y los procesos económicos estaban er suspenso. Indices como la caída de la bolsa o el aumento en el precio del dólar son síntomas inmediatos de esta situación, pero las consecuencias a mediano y largo plazo son más de fondo.
¿Qué fue lo que llevó al país a esta abrumadora situación en cuestión de días? La respuesta es una: la indagatoria de Santiago Medina publicada en el periódico El Tiempo el jueves 3. La confesión del ex tesorero de la campaña de Ernesto Samper constituye el pliego de cargos más grave que se haya elevado contra un gobierno en la historia contemporánea de Colombia. Todos los colombianos que atravesaron el calvario de leerse esas tres páginas del diario de los Santos están de acuerdo en una cosa: si lo que dice Santiago Medina es verdad, el gobierno estaría en la cuerda floja. Por lo tanto, el futuro de esta administración depende de qué es verdad y qué no lo es en ese testimonio.
La declaración de Medina, como es obvio, tiene de todo: inexactitudes, medias verdades y verdades. Tiene hechos inciertos y hasta burdos como un recuento del inexistente secuestro de Daniel Samper que no fue más que una amenaza de secuestro. Ha originado discrepancias sobre fechas de reuniones, número de asistentes e interpretaciones de lo ahí conversado. Tiene exageraciones evidentes como una supuesta amistad personal entre el presidente Samper y los hermanos Rodriguez Orejuela, justamente los dos capos a quienes el gobierno de Samper capturó en escasos tres meses. Medina describe además algunas situaciones que parecen graves, pero no lo son, como es el caso de prácticas electorales irregulares que en el pasado fueron aceptadas, y que hoy están en camino de ser tipificadas como delito.
Pero así como hay algunas cosas que parecen graves y no lo son, hay muchas otras que difícilmente podrían ser más graves. Concretamente, lo relativo a las denuncias de Medina sobre la financiación de la campaña por parte del cartel de Cali. Los apartes sobre este tema son aterradores. Están repletos de detalles que impactan. Más grave aún, muchas veces están acompañados de documentos que Medina presenta como pruebas sustentatorias. En términos específicos, en su indagatoria Medina afirma que con el conocimiento de sus superiores él consiguió 1.000 millones de pesos para la primera vuelta electoral y 4.000 millones más para la segunda, provenientes de esa organización criminal. Se relata minuciosamente cómo fueron invertidos; cómo se trató de tapar el hecho durante un año después de la aparición de los narcocasetes; y cómo finalmente Medina 'explotó' y decidió contar todo contra la voluntad no sólo de los funcionarios del gobierno que lo presionaban para que no lo hiciera, sino de su propio abogado.
Es este capítulo de la declaración de Medina, el que tenía al gobierno en el filo de la navaja la semana pasada. Hasta ahora su veracidad no ha sido establecida pues la Fiscalía no se ha pronunciado. Se ha intentado desvirtuar todo el testimonio de Medina poniendo en evidencia sus grandes inexactitudes en otros aspectos y comparando el contenido de su confesión final con el de sus dos declaratorias anteriores cuando negaba todo.

QUE PASO
En circunstancias normales lo lógico sería simplemente esperar la llegada de los fallos judiciales. Sin embargo, dada la gravedad de la acusación, el país estaba sumido en la confusión. Como en todo este episodio no sólo está de por medio el futuro del gobierno sino la reputación de muchas personas, SEMANA considera conveniente analizar diferentes aspectos de todo este rompecabezas con el ánimo de aportar luces sobre la coyuntura actual.
Para entender lo que está sucediendo en este momento. es necesario hacer un recuento de lo que ha transcurrido en el año de vida que lleva el gobierno. Desde que salieron a flote los famosos narcocasetes, todo el mundo se enteró de que había pasado algo en la campaña presidencial. Para la mayoría de la opinión pública, no se trataba más que de un episodio de dineros calientes, cosa que ya no sorprende a nadie en Colombia. Para unos sectores bien informados la cosa era más grave. Este grupo incluía al gobierno de Estados Unidos, algunos congresistas, un puñado de periodistas y las agencias encargadas de la seguridad nacional. En estos círculos se presumía que la financiación de la campaña había sido en forma masiva y con el conocimiento por lo menos de la tesorería central de dicha campaña.
Cada cierto tiempo salía a flote algún incidente que parecía confirmar estos hechos, pero nunca era definitivo. Después de las denuncias de Andrés Pastrana vinieron las de Joe Toft, luego el problema de la certificación, más tarde la apertura del proceso 8.000, las detenciones de Eduardo Mestre y Alberto Giraldo, y finalmente las explosivas declaraciones del cura Bernardo Hoyos. Aunque la historia era siempre la misma, nadie aportaba pruebas definitivas y el país comenzó a perder la capacidad de sorpresa frente a la permanente repetición del mismo escándalo. Parecía que las cosas iban a quedar así y que el gobierno iba a tener que cargar durante cuatro años con el bacalao de los rumores de la financiación de la campaña.
No obstante, todo cambió con la indagatoria de Medina. Por primera vez los chismes se convirtieron en lo que la opinión pública consideró como graves indicios. La confesión de un tesorero en una campaña es como la de un contador en una empresa. Es el único personaje que sabe todo. Por esto y por el exceso de detalles de su indagatoria la mayoría de personas que la leyó, llegó a la conclusión de que aunque había muchas inexactitudes la acusación central tenía algún fundamento. Este es un sentimiento generalizado que no está basado en pruebas judiciales pero que por estar en el ambiente tenía al Presidente en la cuerda floja, hasta cuando se produjo, en la madrugada del domingo, la captura de Miguel Rodrígez en Cali.
QUE SE PUEDE PROBAR
Aun si las afirmaciones de Medina son ciertas no va a ser fácil probarlas. En primer lugar porque la mayoría de ese dinero habría entrado en efectivo, y demostrar el ingreso en esa forma es imposible. Medina afirma que le entregó a la Fiscalía pruebas concretas de cómo se gastaron los recursos. Es decir los nombres de las personas que finalmente los recibieron o las cuentas a donde fueron a parar. Esto crearía una situación jurídica compleja en donde hay evidencia del egreso y no del ingreso, o sea de la destinación pero no del origen.
Por otra parte, aunque se haga evidente, otro problema jurídico va a ser demostrar quién sabía y quién no sabía. Santiago Medina hace referencia a unas conversaciones con Fernando Botero y con Ernesto Samper, pero ambos han negado categóricamente la validez de estas afirmaciones. Esto hace que mientras no haya pruebas documentales el episodio quede resumido a la palabra de Medina contra la de ellos dos, salvo que la Fiscalía pudiera ir, probatoriamente, más lejos. La situación en la actualidad es que la opinión pública le cree más a Ernesto Samper que a Medina, pero le cree aún más al fiscal Alfonso Valdivieso que al Presidente.
Dentro de la Fiscalía el sentimiento generalizado es que la acusación central de Medina es cierta. Después de un arade investigar el caso, múltiples indicios apuntan hacia allá y la confesión del ex tesorero fue recibida más como una confirmación que como una revelación. Como el actual Fiscal podría terminar su período en marzo hay una premura en definir el asunto. Además, en la Fiscalía hay línea dura y línea blanda. El más moderado es el fiscal Valdivieso, pero en sus tropas hay algunos fanáticos. Todos consideran que están ante la responsabilidad histórica de llegar hasta las últimas consecuencias en uno de los capítulos más cruciales de la historia del país. Agregan que ellos llegarán hasta donde los conduzcan las pruebas.
En el centro de todo este escenario está el Presidente de la República. Frente a la opinión pública Samper se está moviendo entre el cielo y el infierno: ha pasado de los aplausos unánimes, en Colombia y en el exterior, por las capturas de quienes integran la cúpula del cartel de Cali, a las críticas mas mordaces por la evidencia de que hubo dineros de ese mismo cartel en la financiación de su campaña. Y leste fin de semana, cuando su situación era mas delicada que nunca y columnistas como Enrique Santos Calderón se planteaban de frente la posible caída del mandatario, la captura . de Miguel Rodríguez adquiere las proporciones de un milagro que puede ser salvador.

LAS POSIBILIDADES
En primer lugar hay que tener claro que lo que suceda con el Presidente de la República dependerá más de la situación política que de la penal. Es muy difícil vincular a Ernesto Samper jurídicamente a las afirmaciones de Medina y aunque se llegara a demostrar que el dinero entró, el manejo de la financiación no era asunto del candidato y por ello su responsabilidad podría llegar hasta lo político pero no a lo penal. Aun si la Fiscalía considera que existe mérito porque hubo violación de normas legales o constitucionales en el caso del Presidente, la evaluación de este expediente está en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. La Cámara a su vez, si encuentra mérito para enjuiciarlo, lo enviaría a la plenaria del Senado. El Senado debe determinar por mayoría si lo remite a la Corte Suprema de Justicia para que se haga el respectivo juicio.
Aunque nadie sabe con certeza qué pruebas tiene la Fiscalía, es previsible que si no son totalmente contundentes ninguno de estos cuerpos va a votar porque se le siga un proceso a Ernesto Samper. El testimonio de Medina no es prueba contundente contra el Presidente. La Comisión de Acusaciones tiene poca credibilidad ante la opinión por ser un órgano de mayoría liberal, pero aunque fuera controlada por la oposición, seguramente el Presidente saldría airoso. La perspectiva es pues que el expediente contra el primer mandatario sea archivado rápidamente en la Comisión de Acusaciones, sin siquiera llegar al Senado. Y aun si llegara a haber un proceso, Samper cuenta con la solidaridad de su partido en el Congreso y con el apoyo de buena parte de la opinión pública, que aunque se estaba perdiendo la semana pasada, puede haberse recuperado con la captura de Miguel Rodríguez.
Entonces ¿por qué, hasta antes de dicha captura, se hablaba en todas partes de una posible caída del gobierno? Simplemente porque la opinión calificada y la opinión internacional sí se estaban radicalizando en su contra. A nivel de empresarios, de juntas directivas, de profesionales, de intelectuales, de universitarios y otros sectores se estaba generando una gran indignación después de la indagatoria de Medina. Sin esperar la llegada de los fallos de la Justicia, entendían que Ernesto Samper debía asumir una responsabilidad por lo sucedido. Dicho sectores no dudan que los 5.000 millones de pesos entraron y les parece igual de grave si sabía o no sabía. No creen que cifras de esa magnitud puedan entrar contra la voluntad de nadie y les parece poco probable que unos narcotraficantes vayan a hacer semejante inversión sin asegurarse de que se enteren los beneficiarios.
Por otra parte, lo único que no esperaba Colombia era un cambio de actitud frente al fenómeno de los dineros calientes. Todas las campañas los habían tenido en diferentes grados. Pero justo cuando el momento histórico exigía un frenazo, lo que se presentó, tal como parecen indicarlo las revelaciones de los últimos días, fue una desbocada.
Una dificultad adicional es la opinión internacional. Colombia siempre había tenido problemas de reputación por ser considerada una narcodemocracia. Y nunca como la semana pasada los medios de comunicación internacionales habían podido utilizar ese calificativo en términos tan abiertos. Internacionalmente las interpretaciones son simplistas. Si el tesorero de la campaña dice que esta fue financiada con dineros del cartel de Cali, los medios internacionales le creen y punto. Y por cuenta de ello algunos de esos medios han colocado a Samper en la categoría de narcopresidente, creando una situación que no sólo perjudica a Ernesto Samper sino al país entero.
Que Ernesto Samper sea tildado de narcopresidente es una de las grandes ironías de la vida. Ese término se aplica a los mandatarios que se benefician personalmente del negocio o a quienes dirigen su acción gubernamental en provecho de los intereses del narcotráfico. En el caso de Samper es todo lo contrario. Su patrimonio económico personal es hoy casi tan escaso como el que tenía Marco Fidel Suárez al retirarse del poder en los años veinte. Y en cuanto a su conducta como gobernante, la captura de Miguel Rodríguez confirma que no solo no benefició al cartel que supuestamente lo financió, sino que prácticamente lo liquidó. Pero este último reconocimiento puede ser hoy más difícil de conseguir en el exterior que en Colombia.

LAS CONSECUENCIAS
El hecho de que sectores importantes de la opinión pública local e internacional estuvieran cuestionando tan duramente al Presidente antes de la captura de Miguel Rodríguez, ha tenido serias consecuencias para el funcionamiento de Colombia. En este momento casi ninguna persona de categoría acepta un ministerio. El sólo reemplazo del ministro de Defensa Fernando Botero, se ha convertido en un espectáculo folclórico. El gobierno teme ofrecerselo a cualquiera que lo rechace debido al daño que esa negativa pueda causarle a la imagen del Presidente. Simultáneamente mucho oportunista insinúa que se lo ofrecieron sin que esto sea verdad. Este círculo vicioso es una reacción inmediata al bombazo de Medina y rápidamente tendrá que cambiar, en especial tras la captura de Miguel Rodríguez.
La mala imagen internacional también tiene consecuencias. Cualquier gira de Samper al exterior podría tener una recepción tibia de ahora en adelante. No es imposible que este factor incida en acontecimientos como la Cumbre de Países No Alineados de la cual Colombia va a ser anfitrión en el mes de octubre. A menos que el golpe de este domingo reestablezca el prestigio del Presidente, puede haber mucha mala prensa, e inclusive cancelaciones.

CONCLUSION
Todo lo anterior permite llegar a la conclusión de que por ahora el gobierno es viable pero débil. Y un gobierno débil apenas cumplido un año de mandato es un problema serio, sobre todo en un país con las amenazas permanentes de la guerrilla y el narcotráfico.
Lo que es seguro es que la situación actual no se puede prolongar indefinidamente. Por ello es urgente que la Fiscalía acelere las investigaciones y saque al país del suspenso. La opinión que tiende a gerealizarse es que si se demuestra en forma incontrovertible que entraron 5.000 millones de pesos del cartel de Cali a la campaña electoral, la situación del Presidente de la República resultaría profundamente c omprometida, aunque todo esto hubiese sucedido a sus espaldas. Ante una circunstancia de esta gravedad por el solo hecho de no tener responsabilidad penal no se puede eludir la responsabilidad política.
Por lo tanto, el debate se debe centrar no sólo en el conocimiento por parte de Ernesto Samper de las eventuales irregularidades, sino en la definición de si éstas tuvieron lugar o nó, en las proporciones en que las ha definido Santiago Medina. Ya es un hecho indiscutible que antes de terminar su primer año de gobierno Ernesto Samper acabó con el cartel de Cali, que era considerado, tanto en Colombia como en el exterior, como la más poderosa organización criminal del planeta. Si en las próximas semanas la Fiscalía General de la Nación llega a confirmar que las revelaciones de Santiago Medina tienen una base sólida, los colombianos deberán decidir -ante la paradoja histórica entre el triunfo sobre el cartel y las acusaciones sobre los dineros de la campaña- si le otorgan al Presidente de la República el cielo por lo primero o el infierno por lo segundo.

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