ENTREGA DOBLE

El pasado lunes 20 de enero la sorpresa fue doble. Por un lado, Los Extraditables entregaron, en pleno Medellín, un bus cargado con una tonelada de explosivos. Pero de otra parte, en el interior del automotor dejaron varias copias de un comunicado en el que se hacían serias denuncias contra el grupo Elite de la Policía y contra el mayor de esa institución, Lizardo Junco Espinoza.
Ese día, como ya se hizo costumbre a raíz de la liberación de los secuestrados que estaban en poder del cartel de Medellín, llamadas telefónicas a diversos medios de comunicación alertaron sobre la presencia del bus bomba, que estaba parqueado en la Autopista Sur frente a las instalaciones de Sofasa. De inmediato, tanto las autoridades como los periodistas se dirigieron al punto indicado y, en efecto, se encontraron con un bus escolar, robado hacia algún tiempo en Pereira, que tenía abierta la tapa del motor. En su interior, fuera de los letreros de "¡ ojo, peligro!" y "explosivos por lado y lado", los expertos fueron retirando las cargas de dinamita. El peligroso material había sido desactivado previamente, pero en el momento de la entrega todavía era posible ver algunos cables y restos de una sofisticada conexión para hacer explotar la carga a control remoto.
Pero la bomba grande era otra . En un comunicado en el que hablan de que la entrega es una muestra de "nuestro interés de luchar para que prevalezca la paz y se fortalezca la democracia...", Los Extraditables hicieron graves acusaciones contra la Policía. Hablaron del secuestro, el pasado 31 de diciembre, de Arley Martín Vera, Juan Carlos Sánchez Moreno, Rodolfo Alberto Cardona y Santiago S., en un operativo supuestamente dirigido por el mayor Junco Espinoza. Además, otros cuatro de los once puntos del comunicado estaban destinados a dar cuenta de la forma como miembros del grupo Elite entraron a una funeraria de Medellín y arrestaron a varias personas, que fueron conducidas a la Escuela Carlos Holguín, cerca de Bello, según el comunicado, tras ser reconocidos por un hombre encapuchado, varios de los detenidos fueron dejados en libertad y otros siete fueron interrogados insistentemente por la ubicación de una finca en Gómez Plata y por el paradero de Luis Fernando Alvarez Restrepo, alias "Luber". También se afirma que, luego de salir de las instalaciones donde fueron interrogados, a pocas cuadras de allí, los siete hombres fueron nuevamente aprehendidos por personal vestido de civil que salió de la Escuela Carlos Holguín; que cuatro lograron huir ; que dos de los otros tres aparecieron muertos y uno se encuentra desaparecido. Todo esto habría ocurrido poco antes de la masacre de Gómez Plata en la que murieron 12 personas en una finca, de la que sacaron vivo a Alvarez Restrepo. Fuera de lo anterior, el comunicado describe con lujo de detalles los automóviles en los que los supuestos miembros de la Policía cometieron tales actos, y da un número telefónico del centro de operaciones de ese grupo.
La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Al día siguiente el director encargado de la Policía, general Carlos Casadiego Torrado, desvirtuó las acusaciones de Los Extraditables, defendió a Junco Espinoza y habló de "ese deseo de venganza -tan natural y tan obvia- que deben sentir los delincuentes para con la Policía". Casadiego fue más lejos y contó que la masacre de Gómez Plata obedeció a venganzas entre grupos de sicarios al servicio del cartel de Medellín.
Para finalizar su comunicado, Los Extraditables pidieron al gobierno garantías para hacer sus denuncias ante los comités de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Procuraduría General. Consultados sobre el punto, fuentes de la Procuraduría afirmaron a SEMANA que ya se estan adelantando las investigaciones del caso. Dichas fuentes dejaron en claro que su trabajo no responde en sí a las denuncias del famoso comunicado, sino que se trata de una labor que están en la obligación de adelantar ante cualquier denuncia, provenga de donde proviniere, y ante hechos como los ocurridos recientemente en la capital paisa. Más aún, la comisión que realiza las pesquisas fue nombrada meses atrás para investigar casos de desaparecidos, masacres y asesinatos, y en ella laboran miembros de Derechos Humanos.
En todo caso, entre descontento y escéptico, el país no sabe como tomar las denuncias de personas que,con tono de benefactoras y denunciantes del mal, han tenido la sangre fría de comprar toneladas de dinamita, cuyo único proposito es el terrorismo indiscriminado entre la población civil. La entrega de una de esas toneladas, sin que se sepa cuántas quedan, tranquiliza pero al mismo tiempo preocupa. No es raro que ese fuera el efecto buscado por los propietarios.