ENTREVISTA CARLOS MEDELLIN

El ministro de Justicia, Carlos Medellín, está en estos días en el centro de una gran polémica por los proyectos antinarcos que cursan en el Congreso. En entrevista con SEMANA fija la posición del gobierno y deja entrever un ultimátum al Congreso.
Semana: ¿Cuál es la situación actual de la aprobación del proyecto de extinción de dominio? Se insinúa que la piedra en el zapato es la retroactividad.
Carlos Medellín: La posición del gobierno, en cabeza del Presidente, ha sido muy clara: si el proyecto de extinción de dominio no incluye la retroactividad, perdería su razón de ser. No sólo no estaría aportando nada nuevo sino que además afectaría las disposiciones existentes en la actualidad y por tanto sería totalmente inconveniente. Esto dificulta y hace más lento el trámite del proyecto pero también le da claridad al mismo. Las cartas están claras y de cara al país.
Semana: ¿Usted espera que la próxima semana se llegue a un acuerdo?
C.M.: Así lo espero. El Congreso ha entendido el mensaje que le ha enviado toda la sociedad. Pero también hay que comprender que la búsqueda de un acuerdo entre la Fiscalía, las fuerzas parlamentarias y el Ejecutivo, toma tiempo. Esa es nuestra voluntad. Y hasta el último momento me moveré por esa línea. La complejidad del tema obliga a obrar con mesura y equilibrio. Pero también entiendo la impaciencia de la sociedad. A ella le pido comprensión.
Semana: ¿Qué pasa si esta semana no logra sacar adelante los proyectos ?
C.M.: Confiamos en llegar a un acuerdo con las comisiones primeras de Senado y Cámara. Pero si no lo logramos, y teniendo en cuenta que la legislatura termina el 16 de diciembre, solicitaríamos autorización para expedirlas por medio de facultades extraordinarias.
Semana: Hay quienes opinan, sin embargo, que no es posible jurídicamente sustentar las facultades extraordinarias para este tipo de normas....
C.M.: En el caso del proyecto de extinción de dominio no hay ningún inconveniente jurídico. En el del aumento de penas, la Constitución prohíbe expresamente que se expidan códigos mediante facultades extraordinarias, pero no prohíbe reformarlos. De todos modos, para obviar del todo ese problema, los decretos se expedirían como modificaciones al Estatuto de Estupefacientes, que no hace parte del Código Penal.
Semana: Al principio se decía que usted estaba solo en esto, pero usted lo ha negado. ¿Qué diría usted ahora?
C.M.: Mire, quiero ser muy enfático. Siempre he estado acompañado. No podría ser de otra forma. Basta revisar las transmisiones de televisión de los debates, y allí siempre ha estado el Ministro del Interior. Con ello, y con todo respeto, creo que esto ya quedó aclarado.
Semana: Los medios de comunicación han informado de amenazas a algunos parlamentarios. ¿Qué hay de cierto?
C.M.: Por desgracia tengo que decir que es cierto. Pero también lo es que la historia nos ha dado unos mensajes muy claros en el sentido de que por ahí no es la salida. Pero regresando al tema humano que subyace en su pregunta, invito a la sociedad a comprender la angustia de los parlamentarios y sus familias.
Semana: Parece que al gobierno le inquieta la suerte de los proyectos sobre extinción de dominio y aumento de penas pero que le es indiferente el de la extradición. ¿Es verdad? ¿Por qué tanta contradicción entre distintos funcionarios sobre este último punto?
C.M.: Estamos igualmente preocupados. Yo he estado en todos los debates sobre la extradición. Demos gracias que entre todos se logró abrir esa pesada puerta. No olvidemos que este tema era intocable. Hoy ya lo hablamos y ese es un gran paso. El gobierno quisiera que el trámite fuese más rápido, pero los términos constitucionales no se pueden atropellar. Ahora, en cuanto a la prioridad, es bien cierto que desde el 20 de julio se trazó una agenda parlamentaria, con énfasis en los proyectos de extinción de dominio y aumento de penas, para evitar que las diversas iniciativas se cruzaran entre sí, como puede ocurrir en este momento.