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| 10/12/2013 1:00:00 AM

"El sector de la salud no aguanta más"

Juan Pablo Uribe, director de la Fundación Santa Fe, habla de los defectos y las virtudes del proyecto de reforma al sector.

María Jimena Duzán: ¿A usted le gusta o no esta reforma a la salud?

Juan Pablo Uribe: Me gusta que la estemos discutiendo porque el sistema de salud está en una crisis profunda. Lo importante es que mejore, para los ciudadanos, el acceso a los servicios. 

M.J.D.: Y algo me dice que usted considera que esta reforma no lo hace…
 
J.P.U.: Yo creo que Colombia no debe hacer una reforma para castigar a un actor (las EPS) sino para beneficiar en el largo plazo a su población. Si el objeto de esta reforma es ese, es mejor aplicar la legislación actual y hacer cumplir la ley. Esta reforma tiene elementos positivos, pero también arrastra grandes distorsiones.

M.J.D.: Comencemos por los positivos…

J.P.U.: La centralización de más de 15 fuentes de financiamiento del sector, que se propone en una entidad como Salud Mía, me parece correcta. Ayuda a dar más transparencia. Pero tiene que construirse pensando en los ciudadanos y blindada contra intereses rentistas, y políticos. Su administración debe ser tan independiente como la junta del Banco de la República.
 
M.J.D.: Eso es lo que ha prometido el ministro Alejandro Gaviria…

J.P.U.: Sí, pero por la manera como la reforma concibe su administración y la junta, ese objetivo no es tan claro. Según la reforma, sería dependiente del presidente. Los miembros de la junta deben ser nombrados por él con excepción del representante de las asociaciones de usuarios. 

M.J.D.: Pasemos al tema de las EPS y su transformación en gestoras. ¿Está de acuerdo?

J.P.U.: Lo más importante es saber cuál va a ser su rol. Las EPS eran aseguradoras, pero hoy terminaron asumiendo múltiples funciones: son parcialmente aseguradoras, compradoras de servicios de salud, pero también prestadoras, además de importadoras y distribuidoras de insumos. Ese conjunto de funciones financiadas con recursos públicos es, a mí parecer, una de las mayores distorsiones en las que cayó el sistema y eso no lo toca la reforma. Con cambiarles el nombre no se arregla nada. 

M.J.D.: ¿Qué es lo que más le preocupa de la reforma?

J.U.P.: Que se quiera hacer para controlar el gasto en salud y no para mejorar el servicio y el acceso de los colombianos. No veo los incentivos a lo largo de todo el articulado para que Colombia invierta más y mejor en salud. Me preocupa que la salud termine fragmentada en los entes territoriales que se crean; me preocupa la alta transaccionalidad porque van a ser cientos de miles de transacciones diarias que tendrían que hacerse en el sistema y no creo que la reforma nos dé herramientas. 

M.J.D.: ¿No beneficia al usuario tener una red de salud con proximidad geográfica y evitar que las EPS con afiliados en todo el territorio no lo atiendan porque no operan en la ciudad en la que vive? 

J.P.U.: Yo creo que la idea de buscar redes que garanticen integralidad y continuidad es muy buena. Me preocupa cómo van a operar. Van a dividir el país según los mercados de salud en las regiones, pero esa división no corresponde a la político-administrativa Eso va a hacer un reto grande, además de que tipificar esos mercados de salud es muy complejo. Ahora, también creo que crear las redes no debería ser un ejercicio monopólico del gestor, menos si tiene clínicas porque eso solo sirve para fortalecer monopolios. Lo importante es que la red le garantice de manera integral la salud y la calidad.
 
M.J.D.: Y entonces, ¿cuál debería ser el énfasis?

J.P.U.: Yo creo que hay que preguntarse por qué llegamos a esas distorsiones en la salud. Hoy, no gastar en salud es un incentivo, lo cual es un absurdo. Para una EPS un paciente es un gasto. Al final del año se les premia por lo que se ahorraron, por los pacientes que no atendieron. Hay que hacer lo contrario: invertir en los ciudadanos y por eso hay que gastar en ellos. Hay que hacer promoción y prevención y tener un sistema equilibrado. 

M.J.D.: Y entonces, ¿cómo deberían ser los incentivos para premiar a las EPS? 

J.P.U.: Creo que al gestor se le debe reconocer un monto per cápita en función del número de usuarios y una variable al final según  qué tan bien lo hizo y si sus servicios fueron oportunos. El problema surge cuando al gestor o a la EPS que limite el acceso a la salud le va mejor. ¡Eso es un contrasentido!  

M.J.D.: ¿Qué opina de que la reforma prohíba la intervención vertical para los nuevos gestores?

J.P.U.: En 1991 teníamos un Seguro Social paradigma de la integración vertical y lo tuvimos que acabar porque arrastraba los problemas de esa figura. Luego de la Ley 100 ese mismo modelo siguió, solo que la integración vertical se convirtió en privada. Sin embargo, mantuvo los problemas: no permite libertad de elección, un derecho que debe ser pilar de la reforma. No genera competencia y por lo mismo eso afecta la calidad del servicio. Esos son los reparos que le tengo a la integración vertical en la salud. Por eso comparto prohibir la integración vertical para las EPS que trae la reforma. Me sorprende que esa prohibición opere para las nuevas y no para las cajas de compensación. 

M.J.D.: ¿Y no será más bien que ustedes no quieren competencia a sabiendas de que las clínicas independientes –como la que usted preside y que cubren cerca del 70 por ciento de las camas que provee el sistema– no pueden suplir las camas que hoy aportan las clínicas de las EPS? 

J.P.U.: Usted me da la razón con esas cifras. La integración vertical no ha sido eficaz ni para generar camas nuevas donde más se necesitan. No le veo un efecto progresivo, sino lo contrario. Yo creo más bien en un sistema donde todos los actores cumplan una función y se complementen. Zapatero a tus zapatos.
 
M.J.D.: ¿A qué le teme más: a que la reforma salga con orangutanes o a que se hunda?

J.P.U.: Sorprendió que en el primer debate en el Senado se permitió la integración vertical para unos (las cajas) y no para otros. Yo creo que eso exigiría una explicación política. Se va a requerir un liderazgo muy fuerte y una responsabilidad muy grande del Congreso. 

M.J.D.: ¿Cree que la reforma blinda al sistema de intereses políticos y de grupos al margen de la ley? 

J.P.U.: Se reconoce el problema, pero la complejidad del sistema propuesto,  la permanencia de incentivos cruzados y de factores de distorsión así como la fragilidad regulatoria, debido a falta de sistemas de información regional, permite que ese riesgo sea muy factible.
 
M.J.D.: ¿Unificar el Plan Obligatorio es viable?

J.P.U.: Ese es otro aspecto positivo. Pasar de un plan de beneficios que debía detallar cada insumo y cada patología a uno que garantiza un plan de enfermedades generales, pero que excluye cirugías plásticas o tratamientos en investigación que no han mostrado su eficacia, está bien. No me cuadra si es un modelo sostenible. Ojalá que no nos pase lo mismo que con el Fosyga. Las reformas de salud son complejas, requieren un tiempo largo y acuerdos políticos. Si no hay esa base sólida es muy posible que al final no se apruebe lo que necesitan los ciudadanos. 

M.J.D.: Me da la impresión de que usted le gusta más el caos de hoy que lo que propone la reforma. 

J.P.U.: Estamos en tal crisis que no podemos seguir así. Las EPS que han tratado de hacer las cosas bien, los hospitales públicos, privados, los profesionales, los organismos de control, estamos agobiados. Además, supongamos que en diciembre se aprueba la reforma y que va a ser mejor que lo que tenemos. Nos vendría una transición de tres años. 

Es tal la crisis que muchos hospitales y clínicas podrían no aguantar y desaparecer. Hoy tenemos más del 60 por ciento del sistema intervenido. Por eso hay que acelerar esa transición para que esta no acabe de quebrarlo. Este es el único sector que no se puede ir a paro. Sin embargo no aguanta más. 

M.J.D.: ¿Y qué les diría a los congresistas que se están declarando impedidos para no votar esta reforma? 

J.P.U.: Un solo mensaje: no impidan que Colombia pueda tener más y mejor salud para sus ciudadanos.
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