El último golpe de Montealegre

La semana pasada fue maratónica para Eduardo Montealegre. El lunes, en su último día en el cargo de fiscal general, anunció procesos contra varios generales, demandó los acuerdos de paz de La Habana y propuso despenalizar el aborto hasta los cuatro meses de embarazo. Aunque no fue al búnker, su sede de labores durante cuatro años, su agenda fue más intensa que nunca. Sin embargo, no cumplió la cita más importante como funcionario, sino como ciudadano, o mejor, como demandante.

El miércoles, la caravana de seguridad de Montealegre llegó en horas de la tarde a la Corte Constitucional. Aunque desde hacía dos días ya no era fiscal, toda la expectativa y la atención giraba en torno a él. Estaba convocada una audiencia pública sobre la reforma de equilibrio de poderes, una de las principales apuestas políticas del gobierno Santos. El exfiscal ha sido el principal opositor a ese acto legislativo y es tanta su molestia que él mismo lo demandó ante ese alto tribunal.

Lo que se viene en los próximos meses será una guerra de titanes. Esta no será muy diferente a la que se vivió el año pasado mientras el Congreso lo tramitaba. Y Montealegre, aun fuera del búnker, tiene mucho chance de ganarla. El equilibrio de poderes ha sido el proyecto legislativo de más envergadura de este gobierno. Se propuso con la idea de que se necesitaban ajustes estructurales para recomponer el sistema de pesos y contrapesos creado por la Constitución de 1991. Este había sido herido gravemente cuando se aprobó la reelección presidencial y, por eso, el principal objetivo era volver a prohibir esa figura.

Hasta ahí, salvo el uribismo, todo el país estaba de acuerdo. Sin embargo, la propuesta comenzó a abarcar más temas y terminó convertida en esa reforma a la Justicia que ningún gobierno ni Congreso había podido sacar. Apalancada en los escándalos de las altas cortes, hubo ambiente para que el Congreso prohibiera ‘la puerta giratoria’, el ‘yo te elijo tú me eliges’ y el trampolín entre el Palacio de Justicia y los organismos de control.

Aunque todas esas restricciones tocaban el corazón de la cúpula judicial, dos temas desataron la guerra entre el gobierno, las altas cortes, el fiscal y el Congreso. Y Eduardo Montealegre demandó los dos.

El primero es la Comisión de Aforados, la propuesta para eliminar la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. En la práctica, este organismo ha permitido que durante más de 20 años la cúpula de la Justicia goce de total impunidad. Por eso, por cuenta de escándalos hay decenas de ministros, congresistas, generales y gobernadores en la cárcel, pero ni un magistrado ni un fiscal general.

Montealegre demandó la creación de esa figura pues considera que tiene poderes desorbitantes sin mecanismos de control y que además sustituyó pilares básicos de la Constitución. Al intervenir en la corte mencionó un ejemplo bastante particular para defender esa idea: el proceso contra Bill Clinton por el escándalo con Monica Lewinsky. Explicó que el objetivo del fuero en el Congreso es adelantar procesos no solo judiciales, sino políticos. Así, si bien era verdad lo que había sucedido con el expresidente de Estados Unidos y habría podido perder el puesto, el Congreso decidió no continuar con el juicio de indignidad por el daño que esto podría hacerle a la estabilidad de ese país.

El segundo argumento de Montealegre es procesal. Asegura que durante el trámite se violaron los principios de consecutividad e identidad, es decir que en los últimos debates se incluyeron temas que no estaban al comienzo. Aunque este cargo es ante todo técnico, es el que más tiene probabilidad de prosperar en el alto tribunal.

La congresista Angélica Lozano fue la primera en irse lanza en ristre contra el exfiscal. “Montealegre presiona a la Corte Constitucional para garantizar su impunidad”, dijo en la audiencia. Agregó que desde 1991 hasta 2016 la Comisión de Acusaciones recibió 4.189 denuncias; 1.957 procesos vencieron sin ser ni siquiera revisados, 1.538 están a la espera y nunca tomó una decisión de fondo. También hablaron contra la posición del fiscal el exministro Juan Carlos Esguerra y el abogado Rodrigo Uprimny.  

El segundo tema fuerte de la demanda de Montealegre es la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. La reforma creó en su reemplazo un nuevo sistema conformado por un Consejo de Gobierno Judicial y una Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El exfiscal considera que lejos de remediar los desajustes del poder, con este componente la reforma de Santos los agravó pues terminó por modificar solo una de sus ramas. Agregó que se violó el principio de conexidad, pues al proyecto se le colgaron temas que no tienen que ver con el propósito inicial.  

La corte tiene frente a sí un escenario difícil. Por un lado, porque no solo el exfiscal sino todos sus colegas pidieron en la audiencia tumbar la reforma. La más vehemente fue la presidenta de la Corte Suprema, Margarita Cabello, quien aseguró que se estaba sustituyendo la Constitución y agregó que muchos de los congresistas que votaron la reforma se encontraban impedidos. Por eso, entregó una lista de todos los parlamentarios que tienen procesos penales ante el organismo que ella lidera. El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, aseguró que la reforma violaba el principio de unidad de materia y le dio razón al fiscal en la idea de que no se puede equilibrar el poder tocando solo a una de sus ramas. Algo similar dijo el magistrado Ricardo Monroy, del Consejo Superior de la Judicatura.

 A la corte no le queda bien tumbar la Comisión de Aforados. En últimas, se podría decir que los magistrados estarían actuando en causa propia, pues ese nuevo organismo podría juzgarlos. Sin embargo, al interior de ese alto tribunal muchos dan por descontado que este punto despierta tantas pasiones y tanto interés, que alguna razón procesal terminará sustentando ese deseo colectivo de mantener su fuero intacto.

La reforma también está a punto de embolatarse de facto a punta de fallos de las altas cortes. Se suponía que el nuevo sistema de administración de justicia tenía que comenzar a operar en diciembre, pero al momento no están ni siquiera elegidos sus miembros. El nuevo organismo tendría que tener hoy nueve integrantes: los tres presidentes de las cortes, tres técnicos, un representante de los tribunales, uno de los empleados y un gerente.

Y aunque la Justicia hizo una jornada electoral y los procesos para llegar a algunos de estos nombres, casi todos los elegidos están demandados. Mientras salen esos fallos en el Consejo de Estado, suspendió esos nombramientos. Eso quiere decir que pueden faltar meses y hasta años para barajar nuevamente los elegidos para semejante responsabilidad.

El Congreso tampoco ha ayudado. Para convertirse en una realidad, el equilibrio de poderes necesita que tramite dos leyes: una estatutaria de administración de Justicia y una que regule cómo va a funcionar la Comisión de aforados. La primera fue aprobada en primer debate esta semana, sin embargo, tendría que pasar las cuatro rondas antes del 20 de junio o habría que comenzar todo el proceso nuevamente en la próxima legislatura. La de los Aforados ni siquiera ha sido debatida y tiene la misma fecha límite porque el 20 de junio se acaba la Comisión de Acusaciones. A eso se suma que quienes proponen las listas para los magistrados de ese organismo son los integrantes del Consejo de Gobierno Judicial, que está enredado. Por eso, se anticipa que a mitad de año, la justicia podría quedar de nuevo en un limbo.

Así, la última batalla de Montealegre puede terminar siendo la más definitiva y la más victoriosa de las muchas que dio.