Corte Constitucional se abstiene de fallar primera demanda al equilibrio de poderes

Los colombianos deberán esperar un tiempo más para saber si la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes está en línea con la Carta Magna. La razón: la Corte Constitucional se abstuvo de examinar la primera acción que se interpuso contra la reforma que ordena la supresión de estos organismos.

Para la Sala Plena del alto tribunal, esa demanda no reunía todos los requisitos necesarios para adelantar un juicio de constitucionalidad. Por eso, se declaró inhibida para estudiar de fondo el expediente. Eso significa que todavía está por definirse si la Corte le da o no su aval a esa reforma constitucional.

El año pasado el gobierno de Juan Manuel Santos logró concretar una intención que tuvo desde sus inicios: reformar la justicia. Tras el primer intento fallido, el Ejecutivo aprovechó el trámite de un proyecto de ley que cursaba en el Congreso para eliminar la reelección. Ahí se introdujeron modificaciones a la estructura del poder judicial.

La primera y más trascendental de las medidas fue la de suprimir el Consejo Superior de la Judicatura. La entidad sería reemplazada por el Consejo de Gobierno Judicial, que asumiría todas las tareas administrativas de la rama, y por la Comisión de Disciplina Judicial, que se encargaría de las tareas que hoy tiene la entidad para disciplinar a los abogados, incluidos jueces y fiscales.

El segundo de los más trascendentes cambios en el funcionamiento de la justicia fue la eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Esa decisión implicaba que magistrados de altas cortes, el fiscal general y el presidente de la República pasarán a ser investigados por una Comisión de Aforados, que se encargaría de valorar faltas disciplinarias y delictivas de altos dignatarios estatales ejerciendo un poder jurisdiccional. Ello suponía también la eliminación del antejuicio político que hoy adelanta el Congreso en ese tipo de procesos.

Posiciones divididas generó la reforma. Buena parte de dirigentes políticos y líderes de opinión la defendieron por considerar que les ponía un alto definitivo a instituciones "inoperantes".

Otros se opusieron a varias de las modificaciones, incluidos algunos representantes de las altas cortes. Su principal objeción apunta a la defensa del Consejo Superior de la Judicatura y despliega una actitud crítica frente al nuevo modelo de administración del poder judicial.

Una avalancha de demandas fue radicada ante la Corte Constitucional bajo el anhelo de los accionantes de impedir la concreción de los cambios. La primera de ellas que se apresta a resolver el tribunal pretende impedir la eliminación de las instituciones que desaparacerían por cuenta del acto legislativo.

Además, el accionante se opuso a que la Corte Constitucional asumiera las facultades del Consejo Superior para resolver conflictos de competencias de la justicia ordinaria con la militar y la indígena.

Según los críticos de la reforma, esa nueva atribución de la Corte dificultaría el control que se ejerce desde esa corporación sobre casos de violación a los derechos humanos de los que se ocupen jueces castrenses y procesos contra integrantes de comunidades étnicas.

Veremos si en las otras cinco demandas que se encuentran en fila para ser discutidas, entre ellas la que interpuso el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, la Corte logra ponerle fin a la incertidumbre que se ha vivido en la Rama Judicial desde la promulgación de este acto legislativo.