Recusan a la tercera parte del Congreso

Que la tercera parte del Congreso esté investigada por la Justicia no es una novedad. Para los parlamentarios casi que es un gaje de su oficio afrontar investigaciones. Pero que por esa razón estén inhabilitados tanto para ejercer sus funciones como para aprobar la reforma al equilibrio de poderes, parece inverosímil.

Este miércoles, la Comisión Primera de la Cámara avanzará en la aprobación en séptimo debate del proyecto, sin embargo, deberán resolver un obstáculo que se le atraviesa al trámite de la iniciativa.

Pablo Bustos, de la Red de Veedurías y uno de los que más demandas han interpuesto contra parlamentarios, recusó a 78 congresistas que, por tener investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, procesos de pérdida de investidura en el Consejo de Estado o por tener familiares y hasta socios políticos investigados por la justicia, estarían incursos en un conflicto de interés.

La recusación afecta a 37 senadores y 41 representantes a la Cámara de todos los partidos políticos. La lista de senadores recusados la encabeza Álvaro Uribe, quien con cinco investigaciones preliminares es el que más procesos tiene en la Corte Suprema de Justicia. También aparecen Horacio Serpa, Claudia López, Antonio Navarro, Juan Manuel Galán, Roy Barreras, Iván Cepeda, entre otros. (Vea la lista completa)

Según se argumenta en la recusación, como la reforma al equilibrio de poderes plantea la modificación de varios artículos de la Constitución que tienen que ver directamente con el funcionamiento de la rama judicial, como el régimen de la elección de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, la creación de una Comisión de Aforados, los parlamentarios investigados tendrían conflicto de interés para participar del debate, pues modificaría las normas de los magistrados que los juzgan.

Así mismo, se argumenta que las investigaciones y condenas de excongresistas por parte de la Corte Suprema de Justicia “guarda relación con parlamentarios actuales a cargo del estudio, el debate y la votación del denominado ‘equilibrio de poderes’, tanto por su parentesco como por su estrecha relación proselitista, por lo que los mismos derivan en causal de recusación por conflicto de intereses”.

Lo particular del caso es que durante los seis debates que lleva el proyecto, los parlamentarios con investigaciones, o con familiares investigados, han declarado públicamente su impedimento, sin embargo, las comisiones y las plenarias, de forma sistemática lo han negado.

A primera vista, esta recusación se podría convertir en un obstáculo para el proyecto, pues de llegarse a inhabilitar 78 parlamentarios, el Gobierno se vería en aprietos para conseguir los votos para la aprobación de la reforma.

Precisamente el Ejecutivo tiene un arsenal jurídico, sentencias de la Corte Constitucional, para impedir la recusación contra los parlamentarios. Sin embargo, este recurso podría afectar el trámite de los dos debates que restan, más aún cuando sólo faltan cuatro semanas para que se termine el actual periodo legislativo.

Según la Constitución, quien tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún congresista podrá recusarlo. Y en ese caso, se pondrá en conocimiento de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, la cual dispondrá de tres días hábiles para dar a conocer su conclusión. Probablemente esta recusación no prospere, pero seguramente le quitara tiempo precioso al debate de la reforma.

Lo particular del que caso es que Pablo Bustos, autor de un libro contra el fiscal Eduardo Montealegre, recusa a los congresistas con un argumento de la cabeza del ente acusador: el actual Congreso no es el más idóneo para hacer la reforma a la Justicia.