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| 5/15/2015 10:13:00 PM

La oportunidad perdida para ‘Ernesto Báez’

Si bien el exjefe paramilitar cumplió ya ocho años tras las rejas, todavía no podrá salir por graves acusaciones. Pero también porque no quiso estudiar.

En los últimos meses se ha presentado en los tribunales una avalancha de solicitudes de libertad de temidos exjefes paramilitares que aseguran haber cumplido los ocho años de cárcel que contempla la Ley de Justicia y Paz (mediante la cual se desmovilizaron), así como la colaboración en la justicia.

Nombres como el ‘Iguano’ (Jorge Iván Laverde Zapata) y ‘Juancho Dique’ (Úber Enrique Banquez Martínez) están entre la multitud que ha pedido su libertad. Sin embargo, los magistrados han hallado que no cumplen uno o varios de los condicionantes, entre ellos la existencia de nuevos delitos, o la poca -en ocasiones nula- contribución con la reparación de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos.

Por estos días, precisamente, Iván Roberto Duque Gaviria, ‘Ernesto Baéz’, se sumó a este pedido, que le fue negado, entre otras razones, por su falta de colaboración en los procesos judiciales y la reparación a las víctimas.

Hay una causa adicional que parece una anécdota, pero es real: uno de los argumentos que tuvo un magistrado de Justicia y Paz para dejarlo tras las rejas fue el nulo interés por estudiar en algún programa académico en el tiempo que lleva en la cárcel de Itagüí, donde se encuentra recluido.

En su decisión se tuvo en cuenta que pese a que si bien él cumplió con los ocho años de privación de la libertad, infringió -entre otras acusaciones más graves- sus compromisos de resocialización, puesto que no existe ningún certificado de haber adelantado un curso o diplomado durante los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2013 y gran parte del 2014.

“Calificamos escasísima la actividad resocializadora al interior de la cárcel de Itagüí. Prácticamente su interés por este último le surgió el año pasado, en el 2014, ciertamente en diciembre del 2014 se le ocurrió presentarse para escuchar cursos de derechos humanos. A las carreras”, precisó el magistrado en la lectura de su decisión.

En este sentido explicó que la defensa del postulado no presentó ni una sola constancia, diploma, acreditación o excusa. Hasta el momento se desconoce si es que el centro de reclusión no contaba con programas de resocialización del Inpec y el Ministerio de Justicia, o si es que simplemente ‘Báez’ no los quiso aprovechar.

En su argumentación el exjefe paramilitar aseguró que durante su estadía en el centro carcelario, desde el primero de diciembre del 2006, creó una empresa de venta de tenis. “Lo cierto es que esta actividad de comerciante y empresario está prohibida por las autoridades penitenciarias”, explicó el magistrado al manifestar que estas actividades no pueden contar con un aval.

Además le fueron incautados 10 millones de pesos que, según los testigos, le habría cobrado a un grupo de presos para la preparación de sus alimentos. La defensa del procesado presentó una serie de certificados de estudios (120 horas en noviembre y diciembre del 2014), un diplomado de derechos humanos (2014), una mención de honor por su conocimiento en historia, clases de música y constancias en el envío de unos libros de su autoría. Pero estuvo lejos de ser suficiente.

Frente a los certificados de conducta se determinó que un capitán del Inpec los firmó y la atestiguó como “buena”; en realidad se trató de documentación con muchos vacíos. “Son informes sin el lleno de los requisitos exigidos. Librados por una persona que no es la competente para expedirlos”.

Es menester decir que para el Tribunal, el postulado no supera el requerimiento de verdad, justicia y esclarecimiento de los hechos cometidos por el grupo armado ilegal del cual se desmovilizó. Los certificados presentados no permiten inferir si su colaboración ha sido efectiva en los procesos en los cuales ha declarado ante diferentes autoridades.

“¿Qué se descubrió o aclaró del fenómeno paramilitar? ¿Para qué sirvieron en procura de revelar o descubrir a los beneficiarios directos de las incursiones paramilitares en los más de 1.700 hechos confesados?”, cuestionó el magistrado al considerar que no hubo en suma contribución de la verdad frente a los hechos cometidos por las AUC.
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