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| 5/12/2011 7:00:00 AM

Error jurídico obliga al Estado a conciliar con Saludcoop: Supersalud

Para el superintendente de Salud, Conrado Gómez, la conciliación es la única vía que tiene el Estado para evitar el pago de más de 600.000 millones de pesos a Saludcoop.

Según el actual superintendente de Salud, Conrado Alfonso Gómez, un "error jurídico" de su antecesor, Mario Mejía Cardona, es la causa que hoy obliga al ente de inspección y vigilancia a conciliar con la EPS Saludcoop para evitar una demanda millonaria que le costaría al Estado más de 600.000 millones de pesos.
 
Por este caso, las críticas hacia la Superintendencia no paran. En medio del escándalo por el desfalco millonario al sector de la salud, el senador Jorge Enrique Robledo revivió el caso Saludcoop y en varios escenarios ha cuestionado la decisión de conciliar con la EPS, hecho que para el congresista es “muy grave”, puesto que significa dar un paso atrás en el proceso.
 
El caso hoy está en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá analizar la viabilidad de esta conciliación. Conrado explica que una decisión del tribunal a favor de este acuerdo, entre Superintendencia y Saludcoop, permitiría abrirle una investigación a la EPS, que no se dio en el pasado, para establecer si la aseguradora usó o no de manera indebida recursos del sistema de salud entre el 2004 y el 2008.
 
Todo comenzó hace dos años cuando la Superintendencia realizó una visita de inspección y vigilancia a la EPS con el fin de verificar el manejo de los recursos parafiscales y de Unidad de Pago por Capitación (UPC) que el Estado le entrega para atender a los afiliados. Tras varios meses de visitas, el estudio concluyó que Saludcoop “usó recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para fines diferentes a los legalmente establecidos, por la suma de 608.664 millones de pesos”.
 
Es en este punto donde el Superintendente critica la decisión de su antecesor, la que califica como “ilógica”. Tras conocerse el estudio -dice Gómez-, “la Superintendencia ha debido intervenir e investigar porque era un tema muy grave, pero no lo hizo. El informe final no es suficiente para reclamar la devolución del dinero ni para demostrar (las supuestas irregularidades), porque uno demuestra es con un proceso de investigación, y en este caso no se abrió”.
 
Aún sin abrir una investigación, la Superintendencia expidió la resolución 296 del 2010 que le ordenaba a Saludcoop “restituir la liquidez”. Con esta decisión se creó el vacío legal que, para Conrado Gómez, le cambió el curso al caso y dejó al Estado en desventaja.
 
“Restituir la liquidez es que la EPS tenga la plata disponible por si la necesita. La Supersalud vigila que las aseguradoras tengan este margen de solvencia. Entonces no tiene lógica que por el uso indebido de recursos se decida que la EPS restituya la liquidez, cuando en el pasado la Superintendencia le avaló esa liquidez. Además, esta decisión no constituye ninguna devolución del dinero porque la EPS sigue teniendo la plata”, asegura.
 
Resolución ilegal
 
Expedir una resolución -explica Conrado- sin haber seguido el debido proceso creó el vacío jurídico que llevó a Saludcoop a plantear una demanda contra el Estado por el valor de 608.000 millones de pesos por los daños y perjuicios que significaron para sus finanzas la expedición de esa norma.
 
“La resolución 296 cerró el proceso administrativo, quedó ejecutoriado y cuando llego como superintendente, no puedo abrir la investigación. Quedó como cosa juzgada y sin determinarse si hubo abuso o no de los recursos”.
 
Es por eso que, pese a la advertencia de la contralora Sandra Morelli de no conciliar con Saludcoop, esa parecer ser la única salida que tiene el ente de vigilancia y control, no sólo para evitar un pago millonario por parte del Estado, sino para abrir la investigación.
 
De hecho, el superintendente, en diálogo con Semana.com, dijo que le solicitará a la Contraloría un nuevo pronunciamiento sobre el informe de vigilancia que realizó la Superintendencia en Saludcoop, puesto que en agosto del 2010 el ente de control controvirtió el estudio y concluyó que “no existen hechos irregulares”.
 
El camino de la conciliación es respaldado por la Procuraduría General de la Nación, que considera que hubo violación al debido proceso en la expedición de la resolución. “En nuestro criterio es claro que se presentaron fallas en los procedimientos e incorrecta aplicación de la ley, todo lo cual nos lleva a concluir que hubo violación del debido proceso”, afirma la Procuraduría.
 
Así mismo, el Ministerio Público considera que conciliar no lesiona el patrimonio de la Nación y sí “evita la complejidad de un proceso jurídico incluidos sus incidencias y costos, y un largo tiempo de litigio, y habiéndose presentado a nuestro juicio violación al debido proceso, existirían razonablemente posibilidades de condena en sede judicial, y una consecuente condena en contra del Estado a indemnizar cuantiosamente al demandante”.
 
El escenario es complejo. De existir la demanda, el Estado corre el riego de perder el pleito y cerrar el camino “sin saber qué pasó y sin poder exigir la devolución del dinero” en caso de comprobarse la irregularidad por parte de la EPS. “Por más pruebas que presente la Superintendencia, el solo hecho de tener un error jurídico hace nulos los actos”.
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